Empecemos por la claridad

Conviene ir haci¨¦ndose a la idea. Nuestros nacionalistas de Euskadi y Catalu?a han roto definitivamente el velo de ambig¨¹edad con el que se movieron durante los primeros a?os de recuperaci¨®n de la democracia. Han dejado de conformarse con tener en sus comunidades un margen de autogobierno sin parang¨®n en muchos pa¨ªses de Constituci¨®n federal y con el que ni siquiera habr¨ªan so?ado sus padres y abuelos. Tras haber impuesto en ambas su universo referencial desde el poder, han determinado ahora que quieren llevar a la pr¨¢ctica sus sue?os de independencia; de una vez o a plazos.

Esta es la realidad que vamos a tener que gestionar quienes defendemos un Estado com¨²n en el que la voluntad de convivir juntos, con iguales derechos, haga compatible, como hasta ahora, el reconocimiento efectivo de las diferentes identidades nacionales que existen en su seno. La colisi¨®n anunciada por Artur Mas entre los barcos de la legitimidad de la mayor¨ªa parlamentaria catalana conformada por CiU y ERC y la legalidad constitucional va producirse inevitablemente. Y no por fatalidad, sino porque las dos fuerzas principales del nacionalismo catal¨¢n han decidido propiciar ese abordaje al sistema democr¨¢tico constitucional para llevar a la pr¨¢ctica un designio de independencia que llevan inscrito en su ADN.

A estos efectos, poca utilidad tiene discutir sobre el car¨¢cter oportunista y utilitario del quiebro de CiU tras la manifestaci¨®n de la Diada. La experiencia vivida en Euskadi con el PNV de Ibarretxe nos ense?¨® que cuando un grupo dirigente confunde los intereses de la ciudadan¨ªa con los suyos particulares y transforma un mandato parlamentario coyuntural en una misi¨®n hist¨®rica, resulta dif¨ªcil alcanzar con ¨¦l una soluci¨®n transaccional. Si se ha tomado la determinaci¨®n de, en palabras de Mas, ¡°cambiar el rumbo de la historia de un pueblo milenario¡±, la ¨²nica manera de evitar la colisi¨®n es aceptar sus exigencias. Y como es evidente que estos prop¨®sitos quieren desbordar los m¨¢rgenes del sistema democr¨¢tico constitucional, parece de sentido com¨²n ir preparando una respuesta serena y eficaz.

La consulta prometida por CiU no es un ben¨¦fico derecho a decidir, sino el paso decisivo a la secesi¨®n

Hay una primera medida de inexcusable aplicaci¨®n: la claridad. El nacionalismo es maestro en presentar sus particulares aspiraciones como si se trataran de derechos indiscutibles y en hinchar su representaci¨®n social hasta convertirse en el int¨¦rprete ¨²nico del ¡°pueblo¡±. Pues bien, tenemos que exigir que CiU diga claramente a los ciudadanos de Catalu?a que lo que de verdad pretende es la independencia; que la consulta comprometida no supone un ejercicio del ben¨¦fico derecho a decidir, sino un paso decisivo para la secesi¨®n de Espa?a. Si el nacionalismo ha decidido mostrar sin ambages sus intenciones, habr¨¢ que reclamarle que hable claro; y, tambi¨¦n, tendremos que dirigirnos a ¨¦l de la misma forma. Porque antes que el gaseoso derecho a decidir est¨¢ el muy concreto derecho de la ciudadan¨ªa concernida a saber qu¨¦ es lo que se pretende que decida y a conocer con detalle las consecuencias que va a tener para ella la decisi¨®n que se propone. C¨®mo, por ejemplo, se repartir¨ªa el coste de las grandes infraestructuras realizadas en el ¨¢mbito de Catalu?a, la deuda p¨²blica contra¨ªda o el fondo de las pensiones. Y tambi¨¦n, y no es una cuesti¨®n menor, c¨®mo se garantizar¨ªa el derecho a la libre identidad de miles y miles de catalanes que no quieren renunciar a su opci¨®n identitaria.

Sin dejar de reclamar respeto a la legalidad, es en el terreno de la pol¨ªtica desde donde debemos dar respuesta al desaf¨ªo secesionista, que va a tener una presencia permanente, aunque discontinua, en nuestro pa¨ªs. Sin dramatismos, pero con seriedad. Y comprendo que cause cierto v¨¦rtigo abrir este debate. Siempre va a subsistir la duda de si la exigencia de claridad puede suponer un freno a las tendencias centr¨ªfugas o bien un est¨ªmulo para que sus propagadores traten de llevarlas a t¨¦rmino. Pero resulta indudable que en la confusi¨®n perdemos quienes defendemos la convivencia en un mismo marco estatal. Porque la disyuntiva no es refer¨¦ndum s¨ª o no, sino democracia s¨ª o no, y libertad de identidad de las personas s¨ª o no.

Lo m¨¢s preocupante de la crecida nacionalista en Catalu?a no es, en mi opini¨®n, el aumento del deseo de independencia, sino la banalizaci¨®n por gran parte de la ciudadan¨ªa del riesgo de separarse de Espa?a. Este desd¨¦n hacia lo que supone la convivencia de los diferentes no es una reacci¨®n natural de la poblaci¨®n catalana a un supuesto maltrato por parte de Madrid, sino el resultado de una acci¨®n concienzuda ejecutada desde el poder institucional, aprovechando algunos agravios de base cierta y con la colaboraci¨®n entusiasta de asociaciones patri¨®ticas que no existir¨ªan sin un generoso riego de subvenciones p¨²blicas.

La eficacia de ingenier¨ªas sociopol¨ªticas de este tipo la experimentamos en el Pa¨ªs Vasco en la primera d¨¦cada del siglo, cuando desde el nacionalismo gobernante se impuso la especie de que la propia existencia de Euskadi corr¨ªa peligro si no se le reconoc¨ªa el derecho a decidir y era consultada sobre su futuro. Pese a su fracaso, el plan Ibarretxe ha dejado secuelas permanentes en el PNV y en la propia sociedad vasca, que pueden activarse por contagio de Catalu?a o Escocia. Un ejemplo de lo expuesto lo ofrece el ¨²ltimo sondeo del Euskobar¨®metro, que repite un esquema aplicable a Catalu?a: mientras permanece m¨¢s o menos estable el sentimiento independentista neto en un tercio de la poblaci¨®n, aumentan hasta el 50% los partidarios de que se celebre un refer¨¦ndum sobre tan trascendental cuesti¨®n. ?Qu¨¦ hay de malo en ello?

Pese a su fracaso, el Plan Ibarretxe ha dejado secuelas en el PNV y en la propia sociedad vasca

Es lo que sucede cuando el fin pretendido, la secesi¨®n, se camufla con formulaciones tan seductoramente democr¨¢ticas en apariencia como la autodeterminaci¨®n, el derecho a decidir o la consulta popular. El nacionalismo se mueve a sus anchas en este juego de sustituciones. As¨ª, Artur Mas, al equiparar gratuitamente m¨¢s soberan¨ªa con mayor bienestar, tras haber recortado este con fruici¨®n. O cuando pondera que Cameron haya autorizado la consulta planteada por el Gobierno de Escocia para 2014, pero omite que el premier brit¨¢nico impuso que la pregunta sea inequ¨ªvoca, de modo que los escoceses sepan que lo que van a decidir es si salen o no de Reino Unido y, por tanto, de la Uni¨®n Europea.

Al separatismo tenemos que combatirlo en el terreno de las ideas, como recomendaba en 2003 Stephan Dion, el dirigente del Partido Liberal canadiense promotor de la Ley de Claridad, que ha cortado de momento la reproducci¨®n en Quebec de consultas secesionistas que ocultaban esa intenci¨®n. Y hay que hacerlo con argumentos y datos ciertos. Tratar de atajar el independentismo por la v¨ªa de evitar hablar del problema nos debilita a los defensores del Estado com¨²n compartido. Del mismo modo, oponer a su reclamaci¨®n la unidad consagrada en la Constituci¨®n o, en su caso, el inalcanzable camino que esta traza para quien pretenda reformarla desde la periferia, lejos de suponer un freno a su desbordamiento por la v¨ªa de hecho, contribuye a deslegitimarla ante los sectores de nuestra sociedad que no vivieron la transici¨®n a la democracia.

No es f¨¢cil, efectivamente, explicar desde una perspectiva democr¨¢tica la negaci¨®n de una v¨ªa por medio de la cual una parte de nuestro territorio institucionalmente definida pueda segregarse de ¨¦l, si lo demanda de forma n¨ªtida y reiterada una mayor¨ªa muy cualificada de su poblaci¨®n. As¨ª lo han razonado en estas p¨¢ginas personas tan poco sospechosas de veleidades independentistas como el profesor Rubio Llorente o Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa.

Siguiendo su estela, y ante un proceso al que se le ha puesto fecha precisa, quiz¨¢ sea conveniente pensar en dotarnos de nuestra propia norma de claridad para medir la solidez de las voluntades secesionistas y anular el chantaje permanente de los nacionalistas irredentos. Pero, de momento, empecemos por hablar claro.

Patxi L¨®pez es secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) y anterior lehendakari del Gobierno vasco.