?Una segunda transici¨®n?

Estos son algunos de los serios problemas institucionales, econ¨®micos y pol¨ªticos que est¨¢n aflorando en Espa?a. Primero, el sector p¨²blico es hoy demasiado grande para poder ser financiado con los ingresos fiscales procedentes de sus ciudadanos y empresas. Hay que luchar contra la evasi¨®n fiscal, al estar el IRPF excesivamente concentrado en los asalariados, pensionistas y aut¨®nomos y al ser la evasi¨®n del IVA todav¨ªa muy elevada.

En 2008, antes de la recesi¨®n, 18,65 millones de personas declararon por IRPF, pero solo 8.590 (el 0,046%) declararon ingresos superiores a 600.000 euros; 87.300 (el 0,47%) entre 150.000 y 600.000 euros y 677.000 (el 3,63%) entre 60.000 y 150.000 euros. Es decir, el 95,85% declar¨® rentas inferiores a 60.000 euros y solo el 4,15% declar¨® rentas superiores a 60.000 euros. En 2010, los declarantes de m¨¢s de 600.000 euros cayeron a 5.189 y los de entre 150.000 y 600.000 euros a 67.744.

En 2012, la Comisi¨®n Europea ha estimado que la econom¨ªa sumergida en Espa?a alcanzaba el 19,2% del PIB y otras estimaciones llegan el 25% del PIB. Esta contiene actividades productivas que evaden impuestos directos e indirectos, Seguridad Social, salarios m¨ªnimos, etc¨¦tera, contribuyendo a que nuestros ingresos por IVA sean el 5,4% del PIB frente al 7% de media de la UE.

A la sumergida hay que a?adirle la il¨ªcita, compuesta por actividades delictivas (terrorismo, contrabando de mujeres, ni?os, especies, ¨®rganos, drogas y armas, blanqueo de dinero, prostituci¨®n, consumo de drogas) financiadas con billetes en euros y d¨®lares de alta denominaci¨®n, cuyos propietarios no pueden ser detectados por ser al portador. Lamentablemente, en 2007, circulaban en Espa?a el 36% de todos los billetes de 500 y 200 euros de la Eurozona, cuando nuestro peso porcentual de su PIB total era del 11,9%.

Son los impuestos propios los que justifican una representaci¨®n pol¨ªtica y no al rev¨¦s

Segundo, a esta corrupci¨®n privada hay que a?adir la pol¨ªtica o p¨²blica, que afecta a aquellos pol¨ªticos, gobernantes y administradores p¨²blicos que abusan de su poder vendiendo bienes p¨²blicos por debajo de su valor o dando concesiones administrativas por encima de su valor, para obtener una ganancia privada o partidista.

El ¨ªndice de percepci¨®n de la corrupci¨®n de Transparencia Internacional (2012) clasifica a Espa?a en el puesto 30 detr¨¢s de Chipre y de Botsuana y por delante de Portugal, cuando la gran mayor¨ªa de los pa¨ªses de la Eurozona est¨¢n entre los 22 primeros, salvo Italia (72).

Corrupci¨®n privada y p¨²blica ata?en a la inspecci¨®n fiscal, Polic¨ªa, Guardia Civil y tambi¨¦n a la justicia, que siendo mayoritariamente eficiente, es excesivamente lenta, haciendo que muchos delitos prescriban antes de llegar a la Audiencia o al Supremo, incentivando a muchos delincuentes extranjeros a residir en Espa?a.

Tercero, el sector p¨²blico es grande y menos eficiente que en otros pa¨ªses europeos al solaparse en cuatro niveles distintos de Administraciones p¨²blicas y necesita cuanto antes una profunda reorganizaci¨®n de sus niveles y competencias.

En 2010, el 40% de nuestros 47 millones de habitantes resid¨ªa en 33 municipios de m¨¢s de 100.000 habitantes, ocupando solo el 1% del territorio nacional. El 52% viv¨ªa en 83 municipios de m¨¢s de 50.000 habitantes y el 68% en 252 municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes, pero existen 8.114 ayuntamientos. Siendo 168 ayuntamientos los que hacen frente a la mayor¨ªa de las demandas econ¨®micas y sociales de los ciudadanos, son las comunidades aut¨®nomas las que concentran el mayor poder de gasto, y la Administraci¨®n central quien concentra el mayor poder de ingreso.

Tambi¨¦n en 2010, el mayor gasto del Estado lo hac¨ªan las autonom¨ªas (35% del total y 16% del PIB), seguidas de la Seguridad Social (32% del total y 14% del PIB), de la Administraci¨®n central (20% del total y 9% del PIB) y de los ayuntamientos (13% del total y 6% del PIB). El mayor ingreso lo recaudaba la Administraci¨®n central (37% del total y 13% del PIB), seguida de la Seguridad Social (33% del total y 12% del PIB), las autonom¨ªas (19% del total y 7% del PIB) y los ayuntamientos (11% del total y 4% del PIB).

Patronales y sindicatos son en parte responsables de los desmesurados niveles de paro

Esta asignaci¨®n territorial de ingresos y gastos debe modificarse para que los servicios de las Administraciones p¨²blicas est¨¦n m¨¢s cerca de las demandas de los ciudadanos y para que cada Administraci¨®n, especialmente las auton¨®micas, intente mejorar sus propios ingresos fiscales recaud¨¢ndolos de sus propios ciudadanos, en lugar de vivir solamente de las transferencias de la Administraci¨®n central, sin recaudar incluso impuestos cedidos. Son los impuestos los que justifican una representaci¨®n pol¨ªtica y no al rev¨¦s.

El n¨²mero de empresas p¨²blicas, especialmente auton¨®micas y municipales, es desproporcionado y mayoritariamente en p¨¦rdidas, siendo algunas m¨¢s un sistema de generaci¨®n de n¨®minas y dietas, de colocaci¨®n de pol¨ªticos y de captura de rentas que un medio eficaz de enfrentar necesidades econ¨®micas. Han proliferado las televisiones auton¨®micas, financieramente insostenibles, perdiendo 1.600 millones en 2011.

Cuarto, en los partidos pol¨ªticos ha comenzado a primar el inter¨¦s partidista sobre el general. No han invertido recursos suficientes para mejorar la excelencia en aquellos factores de producci¨®n intangibles (educaci¨®n, formaci¨®n, investigaci¨®n, desarrollo, innovaci¨®n y tecnolog¨ªa) que generan ya la mayor¨ªa del crecimiento de las econom¨ªas avanzadas. Muchos Gobiernos aut¨®nomos y locales han primado la inversi¨®n en bienes tangibles, como suelo, construcci¨®n y vivienda, porque, entre otras razones, pod¨ªan llegar a generar una apropiaci¨®n de rentas al ser contratadas o conceder sus permisos.

Durante m¨¢s de dos siglos, las cajas de ahorro han sido fundamentales para financiar el desarrollo local, provincial y regional espa?ol, mientras sus obras sociales aportaban servicios p¨²blicos necesarios. La Ley de ?rganos Rectores de las Cajas de 1985 intent¨® ¡°democratizar¡± sus ¨®rganos de gobierno, obligando a que en sus asambleas estuviesen presentes representantes de corporaciones municipales y provinciales, impositores, empleados y la corporaci¨®n fundadora. Finalmente, la mayor¨ªa de miembros de sus asambleas, consejos y obras sociales han terminado siendo pol¨ªticos y representantes sindicales.

El resultado final es que de 46 cajas existentes en 2009, hoy solo quedan 11 bancos de cajas, 3 de ellos nacionalizados agrupando 12 cajas, y 2 cajas peque?as. Excluyendo aquellas Cajas cuyos directores rechazaron determinados deseos de sus presidentes y consejos (logrando mantenerse en sus puestos) muchas han terminado quebrando, siendo fusionadas o compradas. Durante la burbuja, las cajas aumentaron un 25% sus sucursales y un 27% su personal, mientras los bancos los reduc¨ªan en un 5%.

Quinto, en los interlocutores sociales, patronales y sindicatos, parte fundamental de la sociedad civil, tambi¨¦n prima su inter¨¦s corporativo. Han sido, en buena parte, responsables de nuestros desmesurados niveles de paro, al no ponerse de acuerdo, oponerse o impedir varias reformas laborales. Espa?a es l¨ªder de la UE con 6.000 convenios colectivos, mayoritariamente provinciales que, hasta la reciente reforma laboral, han provocado cierres masivos de pymes en cada recesi¨®n.

En lugar de organizarse a nivel sectorial y nacional, como en la mayor¨ªa de la UE, lo est¨¢n tambi¨¦n a nivel regional y provincial e incluso local, creando organizaciones excesivamente grandes y costosas para su actividad real. Adem¨¢s, cada uno recibe cientos de millones de euros anuales de subvenciones procedentes de la cuota de Formaci¨®n Profesional y del Fondo Social Europeo, para facilitar la formaci¨®n profesional continua.

A pesar de recibir elevadas subvenciones p¨²blicas, los sindicatos no publican todav¨ªa cuentas auditadas por auditores independientes y la CEOE por vez primera ha publicado este a?o las de 2011. En 2001, una inspecci¨®n del FORCEM por el Fondo Social Europeo mostr¨® que una parte de sus subvenciones no hab¨ªa sido invertida en formaci¨®n profesional continua, exigiendo su devoluci¨®n.

Para cambiar cuanto antes el rumbo de estas graves y nocivas tendencias, la d¨¦bil sociedad civil espa?ola debe reorganizarse y los dos grandes partidos pol¨ªticos deben promover, conjuntamente, cambios legislativos y constitucionales.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).