La transici¨®n de la Monarqu¨ªa
La Corona y la Familia Real deben renunciar voluntariamente a cualquier privilegio e impulsar un campo de reformas que les legitimen para un nuevo contrato de servicio p¨²blico con la sociedad espa?ola
?Pueden ser el peso de la historia, la legalidad constitucional o el agradecimiento ciudadano argumentos suficientes para garantizar la vitalidad de la instituci¨®n mon¨¢rquica en la sociedad espa?ola hoy? Es obvio que, en la redacci¨®n actual de la Constituci¨®n Espa?ola, la Corona tiene claramente asignadas unas funciones y un rol institucional incuestionable: nada m¨¢s y nada menos que el de la Jefatura del Estado. Pero desde hace tiempo ¡ªy en medio de otras extendidas reflexiones sobre la necesidad de iniciar una segunda Transici¨®n, o reiniciar nuestro sistema institucional que pudiera incluir una reforma de la Constituci¨®n¡ª la sociedad espa?ola se pregunta por sus instituciones, sus s¨ªmbolos y sus funciones.
Al deterioro de la pol¨ªtica y del conjunto de nuestra arquitectura institucional, hay que a?adir el particular y acusado desgaste de la Corona, en t¨¦rminos de opini¨®n p¨²blica y de confianza. Los casos de presunta corrupci¨®n que han afectado a un miembro de la familia real, as¨ª como los recientes errores y desaciertos del Rey, han acelerado este proceso. Incluso hay quien considera que ha llegado el momento de que esta posible nueva etapa suponga, tambi¨¦n, cambiar nuestra configuraci¨®n del modelo de Monarqu¨ªa parlamentaria por otra de forma pol¨ªtica republicana.
?Es, pues, la legalidad actual de su estatus el ¨²nico argumento de peso para justificar la permanencia y la continuidad de esta instituci¨®n? ?Es, en definitiva, su pasado ¡ªsus m¨¦ritos, sus contribuciones y sus ¨¦xitos¡ª, el argumento para minimizar sus deficiencias y obviar los debates? La respuesta es no. Rotundamente no. La ¨²nica justificaci¨®n pol¨ªtica para que la Monarqu¨ªa permanezca (con abdicaci¨®n o sin ella) en nuestra sociedad es que sea realmente ¨²til a esta. Lo que justifica la excepcionalidad de su figura y su funci¨®n es que su utilidad, su ejemplaridad y su funcionamiento sean los nutrientes de una renovada legitimidad. Imprescindible e inaplazable.
El consenso constitucional sobre la Corona result¨® de la s¨ªntesis y del pacto constituyente. S¨ªntesis que se expresa en la forma de la Monarqu¨ªa parlamentaria, en la que su poder efectivo, potestas, es m¨ªnimo a cambio de realzar su auctoritas. En este contexto, es indiscutible que las funciones de representaci¨®n simb¨®lica y de moderaci¨®n arbitral, que le asigna la Constituci¨®n, exigen pr¨¢cticas y comportamientos de excelencia democr¨¢tica y ¨¦tica para poder, precisamente, seguir cumpliendo con su alta misi¨®n, como un factor de estabilidad y continuidad del sistema constitucional y de imparcialidad y neutralidad pol¨ªticas.
Necesitamos una jefatura del Estado que haga de la ejemplaridad c¨ªvica su norma de conducta
Este es precisamente el punto clave del debate para reconstruir el futuro: qu¨¦ cambios (qu¨¦ transici¨®n) debe llevar a cabo la Corona para poder ejercer ¨²tilmente su papel en la sociedad espa?ola actual. Su relegitimaci¨®n pasa por reforzar la estrecha vinculaci¨®n entre Monarqu¨ªa y democracia, en un momento en que la regeneraci¨®n democr¨¢tica de nuestro sistema pol¨ªtico se ha convertido en una exigencia clamorosa.
Tres deber¨ªan ser los pilares de este reajuste institucional: una Monarqu¨ªa c¨ªvica (republicana, podr¨ªamos decir), ¨²til (reformada) e integradora (plural). Se tratar¨ªa de un proceso urgente de adecuaci¨®n de la excepcionalidad de aquel momento hist¨®rico a la normalidad democr¨¢tica y a la secularizaci¨®n c¨ªvica del momento actual. El marco jur¨ªdico y el impulso pol¨ªtico de este reajuste podr¨ªan encajarse con diversas iniciativas legales. Pero, sobre todo, con una decidida voluntad de la Corona y de la familia real de renunciar, voluntariamente, a cualquier privilegio e impulsar un campo de reformas que les relegitimen desde la perspectiva de un nuevo contrato de servicio p¨²blico con la sociedad espa?ola.
1.Una Monarqu¨ªa transparente. No hay raz¨®n alguna para que la Corona y la Casa Real no est¨¦n sometidas, como instituci¨®n que recibe recursos p¨²blicos, a toda la legislaci¨®n que favorezca la transparencia y combata las zonas grises, como pretende la futura Ley de Transparencia. Necesitamos una Monarqu¨ªa que haga de la ejemplaridad c¨ªvica su norma de conducta. Esto incluye que los miembros de la familia real hagan p¨²blicas sus rentas y patrimonios, as¨ª como someterse al control por parte del Tribunal de Cuentas (¡°supremo ¨®rgano fiscalizador de las cuentas y la gesti¨®n econ¨®mica del Estado¡±). Saber d¨®nde invierten sus patrimonios, qu¨¦ donaciones personales hacen o qu¨¦ rendimientos obtienen es necesario y conveniente, m¨¢s que nunca. Se trata, adem¨¢s, de que sus miembros tengan dedicaci¨®n exclusiva a su misi¨®n institucional. La Monarqu¨ªa y los negocios privados son incompatibles.
2.Una Monarqu¨ªa simple y eficaz. Una readecuaci¨®n de sus estructuras y servicios. Hay que hacer m¨¢s con menos. La descripci¨®n de competencias y servicios de todos los funcionarios y profesionales que trabajan para la instituci¨®n debe ser p¨²blica. Necesitamos una reingenier¨ªa de su organigrama, con una mejor orientaci¨®n a las funciones de servicio p¨²blico. Todo m¨¢s sencillo, simple y pr¨®ximo. Junto con una delimitaci¨®n exacta y clara de la configuraci¨®n y atribuciones de los miembros de la familia real.
3.Una Monarqu¨ªa modesta. Los salarios p¨²blicos que se asignen al Rey y al Pr¨ªncipe no pueden ser superiores a los del presidente de Gobierno. No hay raz¨®n alguna para que el jefe del Estado, con todos los gastos pagados, cobre casi cuatro veces m¨¢s que nuestro presidente. No se comprende lo que no se entiende. Y lo que no parece razonable nunca llega a ser justo, ni a estar justificado. Adem¨¢s, la Casa Real solo paga, de la asignaci¨®n p¨²blica que recibe, a 18 de los 500 funcionarios y empleados que son soportados por las cuentas p¨²blicas del Estado.
No hay raz¨®n alguna para que el Rey cobre casi cuatro veces m¨¢s que el jefe del Gobierno
4.Una Monarqu¨ªa ¡®civil¡¯. El jefe de la Casa del Rey debe ser elegido por el Parlamento espa?ol y el proceso de selecci¨®n, evaluaci¨®n y nombramiento debe ser p¨²blico y transparente. Se debe reforzar su funci¨®n ejecutiva y directiva. La Casa del Rey no est¨¢ al servicio de la familia real, sino del Estado, a quien debe corresponder a trav¨¦s de las Cortes supervisar su funcionamiento, no solo financiar su existencia. Un cambio de ¨®ptica radical se impone si queremos erradicar la percepci¨®n y la realidad de excepcionalidad, m¨¢s propia de antiguas pleites¨ªas sometidas que de una moderna cultura democr¨¢tica.
5.Una Monarqu¨ªa ¨²til y funcional. La Corona debe tener un estatuto que defina su misi¨®n p¨²blica de manera ordenada, transparente y valorable. Hay que establecer una fuerte vinculaci¨®n entre el Parlamento y la Casa Real para el desempe?o institucional de la Corona, con planes de actuaci¨®n claros y precisos que puedan ser debatidos e incluso aprobados en las Cortes. Una rendici¨®n de cuentas por objetivos, as¨ª como una agenda p¨²blica, claramente asociada a los mismos, deber¨ªa configurar esta din¨¢mica de renovado servicio p¨²blico.
Un estatuto que permita abordar, con normalizada previsi¨®n tambi¨¦n, el relevo institucional del jefe del Estado, y que evite la traum¨¢tica sucesi¨®n por razones biol¨®gicas. Cuando una instituci¨®n solo puede cambiar por defunci¨®n es una instituci¨®n extra?a, cuando menos. La limitaci¨®n de edad que tienen otros servidores p¨²blicos en nuestro ordenamiento legal bien podr¨ªa ser una referencia a tener muy en cuenta.
6.Una Monarqu¨ªa integradora. Finalmente, adem¨¢s de estos cambios instrumentales, la Monarqu¨ªa debe simbolizar, especialmente, la pluralidad. Tambi¨¦n de los ciudadanos que preferir¨ªan otra forma de Estado, as¨ª como otra Espa?a. Que la Monarqu¨ªa parlamentaria est¨¦ recogida por la Constituci¨®n no significa que solo pueda representar a los ciudadanos que hoy la ratificar¨ªan sin reformas ni cambios, por ejemplo. La instituci¨®n como tal debe reconocer y acoger todas las sensibilidades, incluso a las m¨¢s refractarias, si quiere encajar su utilidad y su aceptaci¨®n con la pluralidad y la diversidad de Espa?a. Es esta v¨ªa, precisamente, la que mejor garantiza la continuidad de nuestro proyecto com¨²n: que sea diverso, no uniforme. La defensa de los valores y la cultura democr¨¢tica es su principal servicio.
En definitiva, estas reformas, y esta renovada misi¨®n, pueden contribuir e inspirar otros cambios institucionales que Espa?a necesita. El reajuste pol¨ªtico deber¨ªa empezar con una Monarqu¨ªa de valores, pr¨¢cticas y funciones m¨¢s republicanas y c¨ªvicas. No es un contrasentido, todo lo contrario: es, quiz¨¢, el ¨²nico sentido posible para esta instituci¨®n en la sociedad espa?ola de hoy.
Antoni Guti¨¦rrez-Rub¨ª es asesor de comunicaci¨®n.
?@antonigr
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