C¨®mo reconstruir el futuro

Con ser muy grave la crisis econ¨®mica por la que atraviesa Espa?a, con su dram¨¢tica consecuencia de seis millones de parados y un empeoramiento general del nivel de vida, su importancia palidece si se la compara con la crisis pol¨ªtica e institucional que el pa¨ªs afronta, y que se ha agudizado con las crecientes sospechas sobre la financiaci¨®n irregular del partido en el poder. Coincide esta situaci¨®n con el final de un ciclo hist¨®rico y la apertura de una nueva etapa llena de incertidumbres. Algunas de las cuestiones que se plantean no son exclusiva ni prioritariamente espa?olas. Se deben al impacto de la globalizaci¨®n o a las dificultades que tienen muchas naciones para adaptarse a las nuevas reglas de juego que esta implica. Las inquietudes en torno al futuro de la Uni¨®n Europea y la moneda ¨²nica forman parte de esos desequilibrios que afectan tambi¨¦n a nuestra situaci¨®n nacional. Requieren soluciones globales y compartidas que escapan a las exclusivas capacidades de los gobernantes y l¨ªderes sociales de nuestro pa¨ªs, aunque tambi¨¦n sea responsabilidad suya cooperar en la superaci¨®n de esas circunstancias. Pero nos hallamos, asimismo, ante problemas originados dentro de nuestras fronteras que a?aden fragilidad a la fragilidad, y cuya soluci¨®n resulta urgente e inevitable abordar.

La mayor parte de las instituciones emanadas de la Constituci¨®n de 1978 y del ordenamiento social que propici¨® se muestran claramente incapaces para hacer frente a los desaf¨ªos no ya del inmediato futuro, sino del presente mismo. Azuzados por los sacrificios y renuncias que la pol¨ªtica de austeridad conlleva, aumentan los sentimientos de escepticismo e incredulidad respecto a la capacidad de nuestros l¨ªderes para atender a las demandas de los ciudadanos. Entre acusaciones de corrupci¨®n, descr¨¦dito de la generalidad de la clase pol¨ªtica, denuncias de ineficiencia y protestas por las violaciones de derechos que se consideraban adquiridos de forma permanente, crece la desafecci¨®n popular hacia el sistema que ha generado mayores niveles de bienestar, democracia y libertad en toda la historia de Espa?a. Todo ello sucede adem¨¢s en el marco de una ruptura generacional, cuyos rasgos m¨¢s definitorios son las dificultades de los j¨®venes para encontrar empleo y la nueva facilidad y virulencia con que se expresa su justificado descontento en las redes sociales.

En momentos como este es preciso defender la continuidad de la democracia y el progreso econ¨®mico y social frente a la creciente fragmentaci¨®n que nuestro pa¨ªs padece en todos los ¨®rdenes. Debemos garantizar que los valores fundamentales que justificaron la Transici¨®n y fructificaron con ella no se pierdan en medio de las turbulencias actuales; y que el relevo en las instituciones de poder y en la articulaci¨®n de la nueva sociedad lo protagonicen las nuevas generaciones, como es su derecho y responsabilidad, asumiendo las lecciones del pasado m¨¢s reciente y el valor de la experiencia y la sabidur¨ªa de sus mayores.

Esta verdadera Segunda Transici¨®n, tan distante de la que nos quer¨ªan vender los resucitados fantasmas de la Espa?a profunda, debe servir para profundizar en los valores democr¨¢ticos y preparar a la sociedad espa?ola para los retos del siglo XXI. Para ello ha de basarse en reformas concretas y urgentes. Confiar en que el paso del tiempo contribuir¨¢ a resolver los problemas es un rotundo error. Precisamente el tiempo trabaja contra nosotros y un Gobierno paralizado, presa de la incredulidad de los ciudadanos, o una repetici¨®n de los retrasos e indecisiones con los que inaugur¨® la legislatura, no har¨¢n sino empeorar las cosas.

Los espa?oles se preguntan con raz¨®n qu¨¦ es preciso hacer. La respuesta no es dif¨ªcil, aunque s¨ª la implementaci¨®n de esas acciones. He aqu¨ª un dec¨¢logo de tareas que pueden y deben ayudar a rescatar el sistema emanado de la Transici¨®n pol¨ªtica de las amenazas que se ciernen sobre ¨¦l. Naturalmente son propuestas discutibles, pero no se debe dudar respecto a lo inequ¨ªvoco de los problemas planteados. Si no se?afrontan cuanto antes la desafecci¨®n ciudadana hacia el sistema acabar¨¢ pas¨¢ndonos factura.

1. Ley de Partidos

Que garantice la democracia interna y la transparencia de las formaciones pol¨ªticas, con normas democr¨¢ticas en su funcionamiento interno. Debe imponer un sistema de financiaci¨®n transparente y un control eficaz e independiente de sus cuentas llevado a cabo con periodicidad anual, con sanciones que lleguen incluso hasta la disoluci¨®n en caso de incumplimiento. La norma puede vincularse a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia y permitir que los ciudadanos puedan solicitar a un partido documentos relacionados con su funcionamiento. Los cargos imputados en procesos judiciales deber¨ªan ser suspendidos en sus funciones org¨¢nicas hasta que se aclare su situaci¨®n.

2. Ley Electoral

Es preciso sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro que permita a los ciudadanos negar su voto a candidatos concretos que no consideren dignos de su confianza. Hay que revisar el principio constitucional que determina a la provincia como distrito electoral, que en el caso del Senado debe estar referido a las autonom¨ªas. La distribuci¨®n de esca?os debe potenciar la proporcionalidad del sistema, de modo que cada diputado elegido represente a un n¨²mero razonablemente equiparable de votantes. Ha de regularse de forma transparente la financiaci¨®n de las campa?as electorales, reduciendo su actual duraci¨®n, innecesaria en una sociedad con tantos y tan variados medios de comunicaci¨®n, y establecer criterios claros y eficaces para la adecuada utilizaci¨®n de las redes sociales en tiempo electoral.

3. Reforma de la Administraci¨®n

Una reforma y modernizaci¨®n de las Administraciones p¨²blicas debe eliminar la duplicaci¨®n de estructuras y funciones para adaptar el tama?o del Estado y el gasto a los nuevos perfiles de la sociedad del bienestar y a las caracter¨ªsticas de la organizaci¨®n territorial de Espa?a y de la UE. Es preciso reducir el n¨²mero de municipios, recurrir a gestores t¨¦cnicos donde sea necesario, regular el sueldo de los alcaldes, fiscalizar los presupuestos con agencias independientes y revisar el sistema de oposiciones y de cuerpos de funcionarios. El Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico debe contribuir a profesionalizar la direcci¨®n de la gesti¨®n, limitando la designaci¨®n pol¨ªtica de altos cargos para protegerlos de interferencias. Debe garantizarse efectivamente, contra lo que ahora sucede, un acceso adecuado a la informaci¨®n sobre la gesti¨®n de las Administraciones, que facilite la rendici¨®n de cuentas de los gestores y el juicio cr¨ªtico por parte de los administrados.

4. Estatuto de la Corona

A fin de establecer los deberes y las responsabilidades del titular de la misma. Tiene que ordenar, mediante cauci¨®n parlamentaria, el funcionamiento de la Familia Real, garantizar la absoluta transparencia de los gastos atribuibles no solo a sus personas f¨ªsicas, sino al funcionamiento general de la Casa. Y, como en el caso de la Ley de Partidos, estar vinculado a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia.

5. Pacto por el empleo y las pensiones

Con la participaci¨®n de Gobierno, partidos pol¨ªticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales. Resulta necesario articular un consenso que culmine la reforma laboral y corrija sus carencias y desequilibrios. Establecidas las bases de contrataci¨®n y despido, es urgente impulsar las pol¨ªticas activas de empleo en un pa¨ªs con seis millones de parados. Hay que poner en marcha un programa de subvenciones directas (nacionales y europeas) dirigidas a las peque?as y medianas empresas para la creaci¨®n de puestos de trabajo especialmente orientados a los j¨®venes. El pacto debe financiarse con aportaciones de fondos europeos, en el marco de un acuerdo en la eurozona. Las ayudas previstas en el presupuesto de la Uni¨®n son del todo insuficientes para hacer frente a la gravedad del problema.

Es necesaria una reforma en profundidad del sistema de pensiones que tenga en cuenta, entre otras cosas, la mayor esperanza de vida de la poblaci¨®n. Dicha reforma no puede hacerse unilateralmente por ning¨²n partido, cualquiera que sea la mayor¨ªa parlamentaria de que disfrute. Hace falta garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la correspondencia entre cotizaci¨®n y pensi¨®n.

6. Reforma de la Justicia

La Administraci¨®n de Justicia es el ¨²nico poder del Estado que no se democratiz¨® en la Transici¨®n. Como prestadores de un servicio p¨²blico, los jueces deben contar con una mejor y m¨¢s eficiente organizaci¨®n y con mayores recursos y medios. Debe potenciarse la coordinaci¨®n de la justicia, en la que ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta a cinco cuerpos distintos que a su vez dependen, seg¨²n los casos, de la Administraci¨®n central o de la aut¨®noma. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo est¨¢n reducidos muchas veces en la pr¨¢ctica a meras declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no es nunca r¨¢pido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar significativamente el n¨²mero de jueces. Hace falta revisar las normas procesales para que, manteniendo las garant¨ªas b¨¢sicas, puedan agilizarse los juicios y sea adecuadamente protegida la presunci¨®n de inocencia ante la llamada ¡°pena de telediario¡±. El Gobierno debe renunciar a su actual pol¨ªtica sobre tasas judiciales.

7. Pacto por la educaci¨®n

La pol¨ªtica general sobre ense?anza ¡ªy los planes de estudio¡ª no puede ser revisada cada vez que un partido llega al poder. El futuro de las econom¨ªas avanzadas descansa sobre las estrategias de educaci¨®n, formaci¨®n de capital humano e investigaci¨®n. Hay que sentar las bases que lo garanticen y que establezcan criterios para gestionar recursos, establecer incentivos e introducir controles, independientemente del color pol¨ªtico de quienes gobiernen. La ense?anza concertada, que se beneficia de las subvenciones, debe garantizar la igualdad de oportunidades y no ejercer pr¨¢cticas discriminatorias de sexo o religi¨®n. Deben establecerse evaluaciones p¨²blicas de los centros de ense?anza, de modo que tengan repercusi¨®n en la carrera profesional de sus responsables.

8. Pacto por la sanidad p¨²blica

Es necesario preservar y mejorar el sistema de sanidad p¨²blica para mantener los elevados niveles del servicio que durante a?os hemos sabido construir y que hac¨ªan del modelo espa?ol de salud, cualesquiera que fueran sus defectos, algo digno de sostener y perfeccionar. El Estado debe garantizar la cobertura universal, revisando los errores detectados a la hora de transferir la gesti¨®n a las autonom¨ªas. Es preciso controlar los resultados de la gesti¨®n p¨²blica y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos con las empresas concertadas, eliminando la posibilidad de acometer inversiones p¨²blicas en beneficio exclusivo de la rentabilidad de la gesti¨®n privada. Un programa semejante demanda un gran consenso entre los partidos pol¨ªticos.

9. Un Estado federal

El Estado de las autonom¨ªas debe reconvertirse en un modelo t¨ªpicamente federal, que establezca una lista cerrada y concreta de las competencias y atribuciones del Gobierno central y permita a los Estados federados desarrollar sus propias capacidades de autogobierno sin interferencia alguna, sobre la base de los principios de corresponsabilidad y eficacia. La reforma pasa por revisar el sistema de financiaci¨®n auton¨®mico, el reparto de transferencias y el d¨¦ficit de responsabilidad fiscal de los Gobiernos aut¨®nomos. Muchos t¨¦cnicos constitucionalistas consideran que esta transformaci¨®n, que permitir¨ªa un nuevo encaje de los nacionalismos, no es dif¨ªcil si existe verdadera voluntad pol¨ªtica para emprenderla.

10. Reforma de la Constituci¨®n

Este programa de recuperaci¨®n de nuestra vida pol¨ªtica exige en muchos aspectos una reforma de la Constituci¨®n de 1978. La reforma misma no es un objetivo, sino un instrumento para hacer frente a las nuevas realidades. Contra lo que muchos piensan ¡ªmovidos por el temor a que la apertura de un proceso de este g¨¦nero a?ada confusi¨®n y caos al panorama¡ª, la mejor forma de empezar a poner orden en el actual barullo es adaptar nuestra Carta Magna a los tiempos presentes y venideros, simplificando su redacci¨®n, despoj¨¢ndola de ataduras del pasado e incorporando cuestiones relativas a la nueva sociedad global y digital que no exist¨ªa cuando fue redactada. La reforma debe llevarse a cabo mediante los procedimientos ya establecidos en las leyes, dirigida por una Comisi¨®n de las Cortes en la que est¨¦n representados con adecuada proporcionalidad todos los partidos pol¨ªticos del arco parlamentario, no sometida necesariamente a la aritm¨¦tica de poder que sali¨® de las urnas en las elecciones de 2011, pero respetando los equilibrios emanados del voto popular en dichas elecciones.

Es tarea de nuestros l¨ªderes pol¨ªticos encabezar un proceso de ese g¨¦nero, aun conscientes de su impopularidad y falta de credibilidad entre los ciudadanos. Si son capaces de hacerlo prescindiendo de cualquier sectarismo ideol¨®gico o voracidad del poder, la crisis institucional espa?ola puede ser conjurada. Pero si, acosados por la opini¨®n y las sombras de su pasado, se enrocan en su ensimismamiento y hacen o¨ªdos sordos a las demandas de la ciudadan¨ªa, el r¨¦gimen emanado de la Constituci¨®n de 1978 correr¨¢ innecesarios riesgos en el pr¨®ximo futuro.