En las casas, no

Los escraches amenazan con instalarse en Espa?a como un instrumento pol¨ªtico m¨¢s: es hora de decir que ese m¨¦todo es inaceptable. La protesta en ning¨²n caso debe llevarse al ¨¢mbito privado, porque los electores no eligen a los familiares ni a los vecinos de los pol¨ªticos y no se puede implicar a terceros en formas de presi¨®n que conlleven gritos, abucheos, escarnios o un af¨¢n de se?alamiento p¨²blico. No se trata, naturalmente, de cercenar la libertad de expresi¨®n de los ciudadanos en el espacio p¨²blico. Los ciudadanos tienen todo el derecho a presionar al Gobierno y a los diputados para que se pronuncien de determinado modo o cambien una intenci¨®n de voto. En espacios p¨²blicos, sin violencia y cumpliendo la normativa que rige para estos efectos.

El desprestigio de la clase pol¨ªtica alcanza cotas inquietantes para la propia democracia, pero eso no justifica degradar la convivencia hasta el punto de destruir todo respeto a las personas. La Constituci¨®n y las leyes garantizan los derechos de reuni¨®n y manifestaci¨®n, lo mismo que el de huelga, y precisamente los reventadores suelen ser uno de los riesgos de esos actos de protesta; no pretendamos ahora reventarlo todo a base de actos de repudio que hoy se dirigen contra los pol¨ªticos en sus casas, como se ha hecho antes contra cl¨ªnicas abortistas y ma?ana, quiz¨¢, contra profesores que suspenden a los alumnos. Lo mismo que un conflicto laboral se desarrolla en la empresa o en forma de manifestaciones, y no se lleva a la casa del empresario.

Es verdad que la defensa de los afectados por los desahucios es una causa popular, que goza de gran apoyo ciudadano. Las ejecuciones hipotecarias han crecido enormemente en este pa¨ªs y lanzar a la calle a moradores de viviendas, sin ayuda social, provoca rechazo p¨²blico. Pero no conviene olvidar lo ocurrido en Cuba con las llamadas ¡°acciones de repudio¡±, o en Argentina, donde los escraches ¡ªpalabra utilizada en la jerga de los bajos fondos bonaerenses¡ª comenzaron se?alando a los militares de la dictadura y se extendieron a pol¨ªticos o periodistas. Espa?a no es una dictadura ni una democracia de baja intensidad; est¨¢ necesitada de fuertes e importantes reformas. Banalizar el acoso colectivo no ayudar¨¢ en esta urgente tarea.

El Gobierno y el PP tampoco pueden dejarse llevar por los nervios, aunque se hayan producido situaciones indeseables. No hay que tratar de criminalizar los escraches como si fueran formas de kale borroka. El problema no se resuelve solo lanzando a la fiscal¨ªa y a la polic¨ªa contra los escrachadores, sino abriendo cauces entre representantes y representados para que las aspiraciones de estos puedan ser defendidas en los lugares de trabajo de los pol¨ªticos. No se pueden aceptar derivas autoritarias: pedir a los diputados que rompan la disciplina de voto no es ning¨²n crimen, ni tiene sentido pretender la equiparaci¨®n de esa disciplina a la militar. Cuidado que en aras de la defensa de la libertad del diputado se cercene la libertad de expresi¨®n de la ciudadan¨ªa.

La facilidad con que el Parlamento rechaza las iniciativas legislativas populares, sin explicaciones, es otro elemento de tensi¨®n. El diputado no tiene que cambiar su voto por miedo a los escrachadores ni por temor al acoso que puedan sufrir sus familias, sino, en el caso de que sea as¨ª, porque ha escuchado previamente los argumentos de los ciudadanos. A escucharles, precisamente, debe dedicar gran parte de su tiempo. Una de las razones para justificar tantos esca?os vac¨ªos es que sus titulares inviertan tiempo en atender a sus representados. Y los ciudadanos, si no les hacen caso, tienen todo el derecho a protestar: pac¨ªficamente, ante los lugares de trabajo de los pol¨ªticos. No en sus casas ni delante de sus hijos.