Por un Parlamento ¨²til

Llama la atenci¨®n el hecho de que el documento C¨®mo reconstruir el futuropublicado por este medio el 3 de febrero no dedique ni un s¨®lo apartado al Parlamento como instituci¨®n, dentro del elenco de reformas de funcionamiento institucional por acometer. Con independencia de la mayor o menor aquiescencia que susciten cada una de dichas propuestas, pretendemos sugerir unas l¨ªneas concretas a modo de pinceladas para el necesario debate en torno al rol institucional de las C¨¢maras.

Aunque la postergaci¨®n de los Parlamentos es un fen¨®meno ya casi tan t¨®pico como real y extendido, la marginalidad del Senado (reconocida y no enmendada por sus propios protagonistas) y la especial problem¨¢tica de los Parlamentos territoriales (insertos en la clave pendiente de la articulaci¨®n territorial del Estado) junto al m¨¢s o menos cuestionado pero indudable papel central del Congreso, obligan a reflexionar especialmente en torno a este ¨²ltimo. No faltan, por otro lado, ejemplos de mejores pr¨¢cticas en el ¨¢mbito auton¨®mico que, como se?alaremos, debieran ser objeto de atenci¨®n general. Valgan, por tanto, las ideas siguientes como unos apuntes en absoluto exhaustivos.

La iniciativa legislativa popular. Ha sido bien significativo que la mayor visibilidad parlamentaria de una ILP en los ¨²ltimos a?os haya radicado en los incidentes sucedidos en el reciente pleno del Congreso que acept¨® la toma en consideraci¨®n en relaci¨®n con los desahucios. Pero m¨¢s all¨¢ de la angustiosa motivaci¨®n social que la fundamenta en este caso, es el mismo modelo de la normativa reguladora el que descansa sobre un indisimulado recelo ante este elemento de democracia semidirecta. Comparemos el n¨²mero de firmas que petrifica la Constituci¨®n, 500.000 (para 47 millones de habitantes), con las 50.000 en Italia (61 millones); o las tambi¨¦n excesivas 50.000 necesarias en Catalu?a (7,5 millones) o Madrid (6,5 millones) contra las 25.000 para 12,5 millones de ciudadanos b¨¢varos o las 5.000 para 10 millones de lombardos. O la muy reciente Iniciativa Ciudadana Europea, por la que desde el 1 de abril de 2012 puede activarse razonablemente esta posibilidad a nivel comunitario con el respaldo de un mill¨®n de firmas provenientes de siete Estados miembros.

Dadas las dificultades actuales, no es extra?o que s¨®lo una ILP haya devenido en ley en Cortes y 16 en las CC AA

El calvario de la recogida de un n¨²mero tan alto de firmas, la gran movilizaci¨®n social que exige y su verificaci¨®n notarial, concluyen casi siempre en un carpetazo negativo de la mayor¨ªa sin que ni tan siquiera los promotores hayan podido exponer su iniciativa en el estrado parlamentario. No es extra?o, a la luz de estos datos, que solo haya devenido en ley una ILP en Cortes (refundida en otro texto en 1997) y otras 16 en las Comunidades Aut¨®nomas.

La revigorizaci¨®n de la ILP, si se quiere que valga para algo, implicar¨ªa la rebaja del n¨²mero de firmas (lo que en el ¨¢mbito estatal exige desgraciadamente una incierta reforma constitucional), la minoraci¨®n de las materias excluidas, el derecho de la comisi¨®n promotora de defender el texto en pleno y, si es tomada en consideraci¨®n, en la comisi¨®n competente, la petici¨®n de retirada si las enmiendas desfigurasen el contenido original, la ampliaci¨®n de personas legitimadas para la firma, son reformas todas ellas incorporadas en la Ley 5/2006 catalana procurando la vivificaci¨®n de una instituci¨®n exang¨¹e.

Las comisiones de investigaci¨®n. Cuando se nos insiste en la dicotom¨ªa responsabilidades penales versus responsabilidades pol¨ªticas, lo que en realidad parece reflejarse es el intento de no asunci¨®n ni de unas ni de otras. Junto a las evidencias que abonan un balance desesperanzador, propiciadas por quienes luego las usan precisamente para descalificar a las Comisiones, una mirada m¨¢s atenta pone de relieve aspectos no despreciables de pedagog¨ªa pol¨ªtica con evidentes efectos intrapartidarios y en la opini¨®n p¨²blica en algunos de los casos m¨¢s notorios. Algunas Comisiones han aportado igualmente recomendaciones muy apreciables para la mejora de los controles de la Administraci¨®n investigada.

Hay que evitar el uso reiterativo y demag¨®gico de un instrumento tan poderoso como las Comisiones

La reorientaci¨®n de las investigaciones parlamentarias debiera hacer sopesar a las mayor¨ªas el ¡°costo de la no-comisi¨®n¡± en t¨¦rminos de desgaste social y medi¨¢tico ante una ciudadan¨ªa inmersa en una crisis trufada de d¨¦ficits ¨¦ticos. Pero como es muy dif¨ªcil que el investigable sea simult¨¢neamente un investigador diligente, se hace inevitable hacer factible la activaci¨®n de las Comisiones de forma no totalmente supeditada a la voluntad del gobernante. No faltan ejemplos for¨¢neos y cercanos de creaci¨®n obligatoria si lo pide una minor¨ªa: una cuarta parte de los parlamentarios en Alemania, una quinta en Austria y Portugal, la tercera parte en Catalu?a, etc. El contrapeso necesario para evitar el uso reiterativo y demag¨®gico de un instrumento potencialmente tan poderoso, cuya obstaculizaci¨®n puede conllevar incluso consecuencias penales, puede consistir en un cupo razonable de una solicitud por parlamentario y per¨ªodo de sesiones como en Portugal o por un a?o como en Catalu?a. Tambi¨¦n estimamos necesario sancionar jur¨ªdicamente la falta de colaboraci¨®n documental con las Comisiones en t¨¦rminos quiz¨¢ an¨¢logos a las incomparecencias.

No se trata, en definitiva, de copiar mim¨¦ticamente modelos propios de otras tradiciones ni de equiparar la l¨®gica parlamentaria con la judicial. Y aunque han sido ciertos fiascos tales como la no aprobaci¨®n de ning¨²n dictamen por falta de un m¨ªnimo acuerdo (Lo m¨¢s parecido a una farsa; EL PA?S, 3 de diciembre de 2012), el interrogante a resolver es despu¨¦s de todo si es conveniente, o no, que el debate sobre una cuesti¨®n de inter¨¦s p¨²blico se desarrolle extramuros del Parlamento exclusivamente en las v¨ªas medi¨¢ticas y/o judiciales. El Parlamento puede y debe ser sujeto y objeto de la recualificaci¨®n de la calidad democr¨¢tica, a la cual sin duda puede coadyuvar una inteligente y responsable capacidad de investigaci¨®n.

La transparencia parlamentaria. La sociedad de la informaci¨®n va rompiendo uno tras otro diques y muros guarecedores tradicionales del secreto, es decir del poder tendente a la irresponsabilidad. Deben precisamente los Parlamentos, como supremos ¨®rganos de elecci¨®n popular, tener como norte de su actuaci¨®n la apertura en su funcionamiento institucional y administrativo. Por eso nos preguntamos si es concebible la negativa, no ya a un diputado, sino a un periodista o a cualquier ciudadano interesado a proporcionarle informaci¨®n sobre los gastos originados por la instituci¨®n que sufraga y le representa. De la misma forma y en una situaci¨®n de clamor por el correcto uso legal y, a la vez, funcionalmente adecuado de los fondos p¨²blicos, deber¨ªan las Administraciones parlamentarias dejar de estar exentas de fiscalizaci¨®n econ¨®mico-presupuestaria por el respectivo Tribunal de Cuentas cuando ¨¦stos son precisamente ¨®rganos auxiliares suyos.

La ciudadan¨ªa adulta exige que las C¨¢maras sean, de verdad, "cubos de cristal"

Pueden en este sentido constituir unas buenas herramientas las leyes de transparencia estatal y territoriales as¨ª como los reglamentos parlamentarios (en el sentido del mod¨¦lico art. 108 del Parlamento Vasco. ¡°El Parlamento garantizar¨¢ la m¨¢xima transparencia de sus actividades¡±) para comprobar si las c¨¢maras son, de verdad, los ¡°cubos de cristal¡± que una ciudadan¨ªa adulta exige.

Quedan pendientes de an¨¢lisis espec¨ªficos multitud de cuestiones capitales para las asambleas como, entre otras muchas, la funci¨®n legislativa y la evaluaci¨®n de las leyes para verificar la eficacia y eficiencia de los productos parlamentarios por excelencia. Pero volvemos, es cierto, al principio. Lo urgente es el saneamiento de los cauces representativos: el saneamiento profundo del caduco modelo de funcionamiento partidario dise?ado en la Transici¨®n, el debate de los sistemas electorales, etc. Y en ¨ªntima relaci¨®n con todo ello, tambi¨¦n es necesario recualificar el Parlamento dot¨¢ndole de una configuraci¨®n institucional del siglo XXI dentro de una gobernanza inteligente. Aunque los Parlamentos surgieron en contextos hist¨®ricos determinados no se ha descubierto hasta ahora una forma de mayor solvencia democr¨¢tica que la representativa, en sinergia no alternativa con el creciente protagonismo civil. Por eso a todos nos concierne la reivindicaci¨®n de nuestro derecho a un Parlamento ¨²til. Nos va mucho en ello en t¨¦rminos de legitimaci¨®n democr¨¢tica y cohesi¨®n social.

Josu Os¨¦s Abando es letrado