Cuentas y cuentos
Los datos que ofrecen los nacionalistas sobre el d¨¦ficit fiscal catal¨¢n son falaces
A prop¨®sito del intento secesionista de los nacionalistas catalanes, resulta necesario discutir determinados posicionamientos que, lanzados con desparpajo desde esa posici¨®n ideol¨®gica, acaban convirti¨¦ndose en verdades que se repiten para desconcierto de quienes acaban creyendo que los nacionalistas catalanes llevan toda la raz¨®n cuando aducen, en defensa de sus tesis, que el maltrato fiscal es la norma habitual de los diferentes Gobiernos espa?oles.
As¨ª, por ejemplo, no ha habido sistema de financiaci¨®n auton¨®mica que no haya sido discutido, pactado y votado afirmativamente con y por Converg¨¨ncia y Uni¨®n de Catalu?a. El resultado pol¨ªtico y propagand¨ªstico de esos acuerdos siempre fue el mismo: cuando votaron s¨ª en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, se hizo creer a los espa?oles que el Gobierno de la Generalitat hab¨ªa salido ganando; a mitad del partido se hac¨ªa creer, al mismo p¨²blico, que, de nuevo, Catalu?a hab¨ªa resultado perdedora con unos modelos de financiaci¨®n que parec¨ªa que se hab¨ªan hecho a su medida, pero que, sin embargo, result¨® que se hab¨ªan elaborado para perjudicarla.
Se oyen, de cuando en cuando, frases en boca de pol¨ªticos y de informadores que proclaman que ¡°hay que reconocer que Catalu?a no est¨¢ bien tratada en el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica¡±, sin que ninguno de ellos recuerde que cuando se aprob¨® no tuvieron empachos en reconocer la astucia de los negociadores catalanes para llevarse la parte del le¨®n en la negociaci¨®n. Algunos, al objeto de no darles todas las bazas, argumentaban la ventaja que supon¨ªa que los votos de CiU fueran necesarios para dar estabilidad al Gobierno de Espa?a o para eliminar la sensaci¨®n de que ese Gobierno apareciese como aislado ante la opini¨®n p¨²blica.
Cuando se aprob¨® el sistema de financiaci¨®n no tuvieron empachos en reconocer la astucia de los negociadores catalanes
Cuando la Generalitat necesit¨® aportar m¨¢s recursos a sus pol¨ªticas, lanz¨® lo de las balanzas fiscales con el objetivo de apabullar al resto de las regiones, con cifras que analizaremos a continuaci¨®n para demostrar lo incierto de la teor¨ªa nacionalista del maltrato centralista. Y ahora se despachan con el llamado principio de ordinalidad, haci¨¦ndonos creer a todos que ese principio es el que rige en los llamados Estados federales.
Seg¨²n la Generalitat, el d¨¦ficit de su balanza fiscal con el Estado (tomando los ¨²ltimos datos de 2009) demuestra que est¨¢ siendo expoliada por el resto de Espa?a. Y en efecto, algunos lo creen as¨ª porque, con cualquiera de los m¨¦todos con que se calcule, parece existir un d¨¦ficit importante. Seg¨²n el m¨¦todo de ¡°flujos monetarios¡± (euros contantes y sonantes), el d¨¦ficit ser¨ªa de 16.409 millones de euros, y seg¨²n el m¨¦todo de ¡°cargas-beneficios¡± (m¨¢s econ¨®mica y menos monetaria) ser¨ªa de 11.261 millones de euros. Primer error: ?alguien se ha parado a preguntarse, para empezar, qui¨¦n realiza esos c¨¢lculos? Porque el Gobierno central no ha sido (no lo hace desde 2007). La verdad es que son datos de la propia Generalitat. El Estado (el Instituto de Estudios Fiscales) no los calcula porque no existe consenso en la metodolog¨ªa y se utilizan pol¨ªticamente los resultados que convienen a cada uno.
Seg¨²n la calculadora que se utilice, las pol¨¦micas balanzas fiscales arrojan cifras para todos los gustos. La presentaci¨®n de las balanzas fiscales de 2009 ha terminado siendo muy confusa. Si en ese a?o Catalu?a hubiera sido un pa¨ªs independiente y no hubiera entregado un solo euro al Estado, las arcas de la Generalitat habr¨ªan tenido 791 millones de euros m¨¢s que los que realmente tuvieron. Esta cifra es la diferencia entre los ingresos de la Administraci¨®n central en Catalu?a (46.195 millones) y los gastos del Estado en territorio catal¨¢n (45.403 millones). Catalu?a aport¨® en 2009 el 19,3% de los ingresos de la Administraci¨®n, mientras que recibe el 14% del gasto del Estado. Pero hay que precisar que el 14% lo es sobre una cantidad mucho mayor que el 19%, porque el gasto p¨²blico es bastante mayor que los ingresos (por eso hay d¨¦ficit), que adem¨¢s se cubre con endeudamiento.
El Estado no calcula las balanzas fiscales porque no existe consenso en la metodolog¨ªa
Segundo error: cuantificar todas las cargas y beneficios que Catalu?a obtiene y soporta por pertenecer al Estado. Resulta que los beneficios que obtienen del Estado superan a las cargas en 4.015 millones de euros. ?Sorpresa! Tendr¨ªan saldo positivo. ?Pero eso es posible? Seg¨²n la Agencia Tributaria, entre 2007 y 2009, la recaudaci¨®n de los ingresos estatales cay¨® en Catalu?a un 33%, mientras que los gastos y subsidios pagados por el Estado aumentaron (todo ello por efecto de la crisis). ?Los dem¨¢s datos est¨¢n bien calculados? Para muestra un bot¨®n, o dos: el Estado gasta en pol¨ªtica exterior 864 millones de euros. Si imputamos estos gastos a Catalu?a en funci¨®n de su poblaci¨®n (16%) saldr¨ªan 138 millones. Parece l¨®gico ?verdad? Pues ellos, sin ninguna literatura que lo sustente, se imputan 1 mill¨®n (y as¨ª podr¨ªamos seguir un buen rato con Justicia y todo lo dem¨¢s). Y en cuanto a los ingresos, m¨¢s de lo mismo: se imputan como ingresos de Catalu?a todos los impuestos sobre la renta, IVA, especiales, etc¨¦tera, pagados all¨ª por no residentes en Catalu?a.
Para terminar de arreglarlo resulta que, a diferencia de lo que hac¨ªan antes, ya no tienen en cuenta el saldo de ingresos y gastos de la Seguridad Social en Catalu?a (?qu¨¦ olvido!), donde curiosamente tienen un saldo positivo de 1.890 millones.
No es cierto que todos los Estados federales acepten el principio de ordinalidad
Lo de la ordinalidad no debe tratarse de un error sino de ignorancia. Principio de ordinalidad, versi¨®n nacionalista: una comunidad aut¨®noma debe mantener el mismo lugar en el ranking por impuestos recaudados per capita en dicho territorio que en el ranking por gastos per capita realizados posteriormente por la Administraci¨®n General del Estado en esa comunidad. Dicen que ocurre en todos los Estados federales; en todos menos en muchos, entre ellos en EEUU, donde ese principio brilla por su ausencia; Internet permite averiguar con rapidez qu¨¦ pasa en el mundo, cualquiera que sea el tema sobre el que se quiera estudiar. Basta con asomarse al informe de la Tax Foundation, agencia que se dedica desde 1937 a analizar la fiscalidad estadounidense, para saber que en ese Estado federal ese principio no solo no es como nos cuentan los nacionalistas, sino que la solidaridad entre los Estados federados es mucho mayor de la que se practica en el Estado auton¨®mico espa?ol.
Esa agencia publica a?o a a?o, desde 1981, la tabla de Impuestos Federales Pagados vs Gasto Federal Recibido. El ¨²ltimo dato disponible corresponde al a?o 2005. Aleatoriamente he sacado las posiciones que ocupan los diferentes Estados en funci¨®n de lo que contribuyen a las arcas de la Uni¨®n y de lo que reciben del Gobierno federal. Por citar algunos ejemplos, el Estado de Alabama, que en la contribuci¨®n per capita ocupa el puesto 42?, tras las aportaciones federales pasa a ocupar el puesto noveno en ingresos per capita federales. Alaska pasa del puesto 18? al puesto n¨²mero 1. California, que con su aportaci¨®n per capita se coloca en el puesto noveno, se sit¨²a en el 38? en el ranking federal de ingresos per capita. Connecticut, que resulta ser el mayor contribuyente per capita de EEUU, pasa a ocupar el puesto n¨²mero 13? en ingresos federales. Misisipi, que ocupa el ¨²ltimo lugar en contribuci¨®n personal, pasa al puesto n¨²mero 10? tras la solidaridad interestatal norteamericana.
De lo reflejado en el informe se puede ver c¨®mo Alabama aporta 5.434 d¨®lares por persona a la Hacienda Federal, mientras que de esa Hacienda, ese Estado recibe per capita 9.263 d¨®lares. California contribuye con 8.028 d¨®lares por persona y recibe 6.709. Connecticut entrega 11.522 d¨®lares y recibe 8.795.
No es cierto que las cosas sean como nos las quieren pintar o colar.
Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.
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