?Alguien se pregunta si una ley es justa?

¡°Ya no nos preguntamos nunca si una sentencia judicial o un acto legislativo es bueno. ?Es imparcial?, ?es justo?, ?es correcto? ?Ayudar¨¢ a construir una sociedad mejor?¡±. No son preguntas ingenuas, impropias de ciudadanos de democracias maduras. Tony Judt, que realiz¨® esa reflexi¨®n, no era un ingenuo, sino un intelectual valioso, a cuyos libros regresamos, agobiados y desconcertados, en busca de su an¨¢lisis y de su inspiraci¨®n. ¡°Esas sol¨ªan ser las aut¨¦nticas preguntas de ¨ªndole pol¨ªtica, incluso aunque no invitaran a respuestas f¨¢ciles. Debemos aprender de nuevo a plantearlas¡±.

En ning¨²n caso ser¨ªan m¨¢s oportunas esas preguntas que en materia de leyes sobre la educaci¨®n. Un buen pacto sobre la educaci¨®n, capaz de mejorar la calidad de la ense?anza, la formaci¨®n de los profesores y la apreciaci¨®n social de ese profesorado ser¨ªa hoy tan importante como lo fueron algunos acuerdos de la Transici¨®n. De hecho, el mayor fracaso que puede haber para la generaci¨®n que hizo aquella transici¨®n es el fracaso del pacto educativo. No puede existir una mayor decepci¨®n para esa generaci¨®n, al margen de su ra¨ªz ideol¨®gica, que comprobar impotente c¨®mo la organizaci¨®n educativa termina por acentuar las desigualdades. Qu¨¦ mayor fracaso para todos que un joven o una muchacha que, estando capacitado, no contin¨²a sus estudios por falta de recursos familiares y de apoyo social.

?Es buena?, ?es correcta?, ?ser¨¢ justa la nueva Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa? ?Ayudar¨¢ a construir una sociedad mejor? De momento cabe decir que es una ley que puede nacer con el apoyo de un ¨²nico partido, con mayor¨ªa absoluta parlamentaria, pero con el rechazo de la mayor¨ªa de profesores, padres y alumnos y de la oposici¨®n en pleno. Una vez m¨¢s, la educaci¨®n corre el riesgo de quedar regulada por las opiniones de un partido concreto y no por intereses generales.

No hay peor fracaso para la generacion que pact¨® la Constitucion que una ley de Educaci¨®n que aumente la desigualdad

No ser¨ªa la primera vez, cierto, pero en esta ocasi¨®n el desacuerdo es todav¨ªa m¨¢s amargo porque la sociedad atraviesa una crisis dram¨¢tica que ha dejado en evidencia las carencias del sistema y porque la necesidad del acuerdo es m¨¢s evidente que nunca. Tenemos la generaci¨®n de j¨®venes mejor preparada de nuestra historia, sin duda, pero tambi¨¦n una generaci¨®n con un porcentaje intolerable de j¨®venes con formaci¨®n claramente insuficiente o inadecuada. Son estos ¨²ltimos quienes han sido enviados masivamente al paro, sin que tengan instrumentos para lograr su recuperaci¨®n laboral.

La educaci¨®n tiene una clara ra¨ªz pol¨ªtica, pero esas tensiones ideol¨®gicas no impidieron en su d¨ªa un primer consenso, en la dif¨ªcil etapa de la Constituci¨®n. Los art¨ªculos relativos a la educaci¨®n fueron uno de los principales escollos para alcanzar el pacto y exigieron un debate laborioso y dif¨ªcil. Quiz¨¢ no est¨¦ de m¨¢s recordar que la defensa de los textos finalmente pactados se confi¨® al entonces diputado de la Minor¨ªa Catalana Miquel Roca, y que fueron UCD y PSOE conjuntamente los que rechazaron cuarenta enmiendas en el Senado. All¨ª se pact¨® el elemento m¨¢s intratable de un acuerdo para la educaci¨®n ente socialistas y democristianos: la financiaci¨®n de las escuelas religiosas. Entonces fue posible.

Las tensiones ideol¨®gicas no han impedido en otros pa¨ªses establecer pautas compartidas para el desarrollo de los acuerdos constitucionales. ?Acaso no existe una derecha conservadora en Francia? ?No hay liberales y socialistas en Finlandia? ?No existen Estados federados con soberan¨ªa compartida? ?Cu¨¢l es nuestro fallo? ?Est¨¢n implicados en Espa?a intereses m¨¢s brutales que en esos otros pa¨ªses?

Quiz¨¢ el pacto sobre el desarrollo constitucional de la educaci¨®n no es posible porque no existe suficiente presi¨®n social al respecto, porque la sociedad espa?ola no tiene el mismo aprecio por la educaci¨®n que en esas otras sociedades. Es posible, pero en ese caso la responsabilidad de los agentes pol¨ªticos ser¨ªa a¨²n mayor, porque su primera obligaci¨®n ser¨ªa precisamente promover ese debate y cambiar esa apreciaci¨®n social. ?Se pregunta hoy alg¨²n gobernante si la nueva ley ser¨¢ justa? ?Es eso incompatible con la ideolog¨ªa?, ?o con los intereses?