Regreso al pasado

El ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert, desaprovecha la oportunidad de legislar desde la moderaci¨®n y el consenso, tal y como exig¨ªa el ambicioso prop¨®sito de reforma de la ense?anza del que parti¨® para corregir los defectos del modelo actual. La reforma que quiere aprobar gracias a la mayor¨ªa absoluta indica que, en cap¨ªtulos destacados, el Gobierno pone su capacidad de iniciativa legislativa al servicio de la Iglesia cat¨®lica y de sectores radicalizados de la derecha.

Con la nueva ley, la religi¨®n cat¨®lica recupera una posici¨®n de privilegio en el sistema educativo al convertirse en materia evaluable en las calificaciones escolares y en los baremos para la obtenci¨®n de becas. La Iglesia quiere frenar as¨ª el declive de su influencia en una sociedad plural y cada vez m¨¢s secularizada. Se elimina la Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa al tiempo que se crea una materia sobre ¡°valores¡± de perfiles no definidos. El proyecto de ley refuerza adem¨¢s las posiciones de los centros religiosos concertados, en detrimento de la red p¨²blica, y blinda la posibilidad de que se pueda separar a los alumnos por sexo sin que los centros que lo hagan dejen de financiarse con fondos p¨²blicos. El prop¨®sito que anima al Gobierno queda claro cuando, all¨ª donde la actual normativa indica que el Estado garantizar¨¢ a los espa?oles una plaza escolar p¨²blica, se limita ahora a garantizar simplemente una plaza.

Tambi¨¦n recorta la capacidad de decisi¨®n de las autonom¨ªas al fijar con mayor amplitud las materias troncales, con la idea de reforzar una determinada idea de Espa?a en las comunidades con una cultura propia diferenciada. La soluci¨®n por la que Wert ha optado para garantizar la ense?anza del castellano en Catalu?a no solo augura un conflicto con las autoridades catalanas, sino una dificultad de aplicaci¨®n; porque al garantizar que pagar¨¢ la escolarizaci¨®n en castellano de los alumnos que lo soliciten en un centro privado, parece ignorar que en la mayor¨ªa de los centros privados catalanes la lengua vehicular no es el castellano, sino el catal¨¢n.

Con la nueva ley, profesores y padres pierden la capacidad de intervenir en decisiones tan importantes como los presupuestos, el proyecto educativo o el proceso de admisi¨®n, pues all¨ª donde hasta ahora ten¨ªan una capacidad de voto del 60%, pasan a estar en minor¨ªa frente a la Administraci¨®n. Finalmente, pero no es lo menos importante, con el nuevo sistema de itinerarios en 3? y 4? de la ESO se corre el riesgo de que se instale en la pr¨¢ctica un mecanismo de segregaci¨®n de los alumnos m¨¢s desfavorecidos socialmente. La articulaci¨®n de un potente sistema de formaci¨®n profesional es, sin duda, una asignatura pendiente desde la Transici¨®n: el proyecto del Gobierno proclama su prop¨®sito de conseguirlo, pero para ello hace falta algo m¨¢s que intenciones. La nueva ley, ideologizada en sus postulados, queda ahora confiada al mecanismo de la mayor¨ªa absoluta.