El asalto a la sanidad p¨²blica

Tras algunas vicisitudes, en febrero de 1908 se crea, de la mano de Antonio Maura y con la r¨²brica del rey Alfonso XIII, el Instituto Nacional de Previsi¨®n (INP), la primera instituci¨®n oficial encargada de la seguridad social y asistencia sanitaria en Espa?a. El r¨¦gimen franquista implanta en 1944, dependiendo del INP, el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) para los trabajadores con rentas m¨¢s bajas, que va ampliando en sucesivos a?os sus prestaciones en lo que se conocer¨ªa como la Seguridad Social. Los Pactos de la Moncloa terminan en 1978 con el INP para transformarlo con una voluntad de mejor control, racionalizaci¨®n y especializaci¨®n en distintos organismos aut¨®nomos: INSALUD, INSS, INSERSO, ISM y la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social. En 1981 se inicia, hasta su culminaci¨®n en 2001, el proceso de transferencias de los servicios de sanidad a las CC AA, anot¨¢ndose en 1986 la promulgaci¨®n de la Ley General de Sanidad por el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, colof¨®n de un recorrido centenario hacia un sistema sanitario p¨²blico, universal y accesible para todos los espa?oles.

Con un PIB muy inferior al actual y las aportaciones de muchas generaciones fue posible construir, incluso a la sombra tenebrosa de la dictadura, el edificio abierto de una sanidad p¨²blica ejemplar. No es leg¨ªtimo, y estoy por asegurar que tampoco es legal (Ley General de Sanidad, t¨ªtulo IV, cap¨ªtulo II ¡ªde las Entidades Sanitarias¡ª art¨ªculo 89- 94) que en una legislatura un Gobierno y un solo partido pol¨ªtico, por mucha mayor¨ªa que les asista, pero en contra de todos los estamentos sociales y m¨¦dicos, pueda desmontar un sistema de salud urdido dispensario a dispensario, hospital a hospital, persona a persona.

De hecho, tanto UPyD como el PSOE han presentado recursos ante el Constitucional contra la privatizaci¨®n de los hospitales madrile?os. Se alega la vulneraci¨®n reiterada del derecho a la participaci¨®n en los asuntos p¨²blicos de los representantes pol¨ªticos, la ausencia de otras alternativas y de an¨¢lisis sobre las consecuencias econ¨®micas, jur¨ªdicas y de competencia, la ausencia de un estudio riguroso que asevere el cambio y su debate, etc¨¦tera. Mientras tanto, sorprende el desprecio ante los cientos de manifestaciones, paros y jornadas de huelga del personal sanitario en toda Espa?a, tanto como el impudor de las conexiones entre miembros y familiares de la c¨²pula pol¨ªtica y varias de las empresas relacionadas con las privatizaciones.

Adeslas se lanza en 1998 a construir y gestionar en Alzira un hospital p¨²blico a cambio de una cuota por habitante asignado (la conocida despu¨¦s como ¡°c¨¢pita¡±), que abona la Administraci¨®n aut¨®noma. El experimento no sale bien y en 2003 debe acudir al rescate la Generalitat Valenciana, que paga los platos rotos y vuelve a sacar a concurso la gesti¨®n privada del hospital. La misma concesionaria se hace cargo en condiciones m¨¢s favorables: un aumento considerable de la ¡°c¨¢pita¡± y la inclusi¨®n de la Asistencia Primaria, que act¨²a de filtro y control de los mayores gastos de la especializada. El caso Alzira servir¨ªa de banco de pruebas, ofreciendo claves interesantes para el negocio en la redacci¨®n de los sucesivos Pliegos de cl¨¢usulas administrativas.

Sorprende el desprecio ante las manifestaciones del personal sanitario

As¨ª se abre la veda a la fiebre privatizadora y en los a?os siguientes se producen curiosos traslados de responsables pol¨ªticos al ¨¢mbito privado, adem¨¢s de compras, ventas y absorciones del lado del capital. Como todav¨ªa el sistema financiero gozaba de buena salud y las cajas actuaban de brazo clientelar del partido en el poder, tanto Bancaixa como la CAM entraron como socios en distintas operaciones (Bankia y Banco Sabadell tienen el 50% de Ribera Salud). Las hemerotecas tumban el torpe argumento que achaca a la crisis la necesidad imperiosa de privatizar la sanidad.

La foto-finish de la ¨²ltima d¨¦cada registra la entrada del capital riesgo y la toma de posiciones de las aseguradoras m¨¦dicas privadas en el proceso, con la tranquilidad de que la propia FAES (el conocido think tank del PP) ha elaborado el documento transformador de nuestro Servicio Nacional de Salud y sabiendo que el control pol¨ªtico garantiza maniobrar sin estorbos. La opci¨®n es entrar en un negocio con ventas aseguradas, sea cual sea la evoluci¨®n de la coyuntura econ¨®mica, con amplios m¨¢rgenes de aprovechamiento de econom¨ªas de escala y la aplicaci¨®n de un neoliberalismo radical. Y si las cosas van mal, la responsabilidad subsidiaria corre a cuenta de la Administraci¨®n del Estado, que tendr¨ªa que acudir al socorro de los enfermos, como as¨ª ha sucedido en otras ocasiones.

Curiosamente, son los fondos de capital riesgo los que van ganando la partida, teniendo activos y sedes que radican fuera de Espa?a y dinero fundamentalmente de origen brit¨¢nico. El resultado es que perdemos de vista (desgravaciones, sociedades interpuestas, para¨ªsos fiscales¡­) el lugar de tributaci¨®n de los beneficios y que una parte de nuestro PIB menguante y de las cotizaciones de todos al sistema sanitario se escapa fuera.

Los familiares de la c¨²pula pol¨ªtica se benefician de las privatizaciones

Por una cuesti¨®n de principios, como es colocar el beneficio por delante de la salud de los ciudadanos y la cuestionable legalidad de la operaci¨®n privatizadora, la apuesta de los fondos de capital riesgo no parece muy inteligente, y tarde o temprano tendr¨¢n que bajarse de este tren por la imagen negativa que proporciona, la creciente sensibilidad popular hacia el funcionamiento de los servicios sanitarios y las predecibles demandas ante los tribunales por la merma de calidad de estos.

?Y por qu¨¦ se ha puesto el acento en la externalizaci¨®n de los hospitales madrile?os? Evidentemente, lo primero es tener el control pol¨ªtico, y asegurado este, cuenta el n¨²mero de habitantes atribuidos a cada hospital, que multiplicado por la ¡°c¨¢pita¡± da por resultado unas cifras cuantiosas para los hospitales madrile?os. Otra cosa a preguntarse es qui¨¦n avala el censo actualizado de potenciales usuarios (y su cualidad) o, sobre todo, c¨®mo se fija el gasto medio per capita. De los hospitales sacados a concurso en la Comunidad de Madrid, la Asociaci¨®n de Facultativos Especialistas (AFEM) ha se?alado un sobrecoste de 100 euros por persona.

Aunque el compromiso fijado en los pliegos suele contemplar el mantenimiento del personal fijo, el respeto a las condiciones de los internos y el mantenimiento de los eventuales, lo cierto es que la legislaci¨®n actual permite en pocos meses su menoscabo, demostrado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda: una reciente nota period¨ªstica daba cuenta del despido de 220 empleados fijos y 180 internos.

Resumiendo, la m¨¢quina privatizadora del PP se est¨¢ mostrando imparable, sorda ante las protestas sociales y los argumentos del sector. Las alarmas deben permanecer encendidas ante la posible ilegalidad de ceder un bien p¨²blico, un hospital en funcionamiento, que se expropia temporalmente por 8, 10 y hasta 20 a?os ¡ªseg¨²n los casos¡ª, sin coste de traspaso en cuanto a instalaciones y aparatolog¨ªa, con el pago seguro por la Administraci¨®n de una ¡°c¨¢pita¡± ni siquiera debatida o explicada en el ¨®rgano de representaci¨®n democr¨¢tica de los ciudadanos. Creemos que es un tremendo error hist¨®rico desmantelar, aun con todos sus defectos, uno de los mejores logros de nuestro recorrido democr¨¢tico: la sanidad p¨²blica.

Pedro D¨ªaz Cepero es soci¨®logo.