Conflicto territorial, pol¨ªticos y juristas

Por qu¨¦ persiste el desacuerdo sobre la articulaci¨®n territorial en Espa?a? Hay quien lo achaca al empe?o de los partidos nacionalistas de la periferia por enmascarar las dificultades de sus Gobiernos y proteger intereses de grupo o de clase. En otro momento pudo atribuirse al planteamiento t¨¢ctico de un PP en la oposici¨®n que intentaba desgastar a toda costa a los Gobiernos del PSOE. De todo hay. Pero me parecen insuficientes las explicaciones que se ci?en ¨²nicamente a las maniobras de las ¨¦lites ¡ªtengan orientaci¨®n centralista o la contraria¡ª e ignoran la discrepancia amplia de opiniones sobre la cuesti¨®n expresadas por la sociedad espa?ola.

Examinemos los datos disponibles, con particular atenci¨®n al caso de Catalu?a porque es hoy el que parece suscitar mayor preocupaci¨®n. Seg¨²n el tercer bar¨®metro auton¨®mico del CIS (2012), el 37% de los espa?oles se pronuncia por reducir el autogobierno de las comunidades aut¨®nomas, mientras que solo lo desea el 13% de los catalanes. En contraste con este dato, est¨¢n por aumentar dicho autogobierno el 65% de los catalanes frente al 22% del conjunto de los espa?oles. Cuando la pregunta se refiere al grado de autogobierno deseado para la propia comunidad aut¨®noma, los partidarios de aumentarlo son el 69% en Catalu?a frente al 29% para el conjunto de Espa?a. Cuando se examina la posici¨®n de la opini¨®n en cada una de las comunidades aut¨®nomas, solo en tres ellas de ellas ¡ªCatalu?a, el Pa¨ªs Vasco y Navarra¡ª se considera que la descentralizaci¨®n del Estado es insuficiente y se aspira a aumentarla: en las 14 restantes, la preferencia se inclina por considerar que la descentralizaci¨®n estatal ha ido demasiado lejos y ser¨ªa conveniente corregirla en sentido centralizador.

El contraste es todav¨ªa m¨¢s llamativo cuando se observan los datos recogidos en la Comunidad Aut¨®noma de Madrid. El 56% de los madrile?os desea limitar la actual descentralizaci¨®n estatal frente a un 11% que opina lo contrario. Y por lo que hace al autogobierno preferido para su propia comunidad el resultado es tambi¨¦n contundente: el 41% de los madrile?os preferir¨ªa recortar el Gobierno de su comunidad frente a un escueto 12% que quisiera ampliarlo.

Solo Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Navarra creen que la descentralizaci¨®n del Estado es insuficiente

Son din¨¢micas de signo encontrado: clara expectativa de una mayor descentralizaci¨®n en Catalu?a y opini¨®n favorable a una recentralizaci¨®n en el conjunto de Espa?a, con Madrid a la vanguardia. La referencia a Madrid no es insignificante, ni es el resultado de la presunta paranoia catalana ante un estereotipo simb¨®lico. ?Qui¨¦n puede negar que se trata de una comunidad aut¨®noma con peso espec¨ªfico superior al de su ya importante magnitud demogr¨¢fica y econ¨®mica? En ella tienen su principal centro de actuaci¨®n no solo las c¨²pulas pol¨ªticas y administrativas del Estado. Tambi¨¦n los dirigentes del capitalismo financiero, de las grandes utilities privatizadas durante la gran ¡°desamortizaci¨®n¡± del siglo XX, de las empresas de actividades reguladas o contratistas del Estado, de los grupos medi¨¢ticos m¨¢s importantes.

Pero, al mismo tiempo, en Madrid radica una buena parte del mundo acad¨¦mico e intelectual, de alta creatividad cient¨ªfica, cultural y art¨ªstica. Sin olvidar que en Madrid ha aparecido una experiencia ciudadana estimulante como ha sido la del 15-M. Por todo ello, merece la pena prestar atenci¨®n a las tendencias de su opini¨®n sobre cualquier fen¨®meno de inter¨¦s pol¨ªtico y, en este caso, sobre la cuesti¨®n territorial.

En todo ello hay din¨¢micas de fondo y no circunstanciales que auguran perspectivas poco favorables para que a corto o medio plazo se produzca sin m¨¢s una aproximaci¨®n de tendencias. Es cierto que concurren tambi¨¦n otros factores en la gesti¨®n de un conflicto de esta clase: cuenta la posici¨®n de actores econ¨®micos y sociales, de creadores de opini¨®n publicada, de los poderes transnacionales con intereses econ¨®micos y estrat¨¦gicos en Espa?a, de organizaciones culturales y colectivos ciudadanos. Pero en rigor democr¨¢tico la opini¨®n p¨²blica seguir¨¢ pesando en el intento de dar una salida aceptable al contencioso.

En el escenario pol¨ªtico es patente el enquistamiento de posiciones

Por desgracia, en el escenario pol¨ªtico es patente el enquistamiento de posiciones que parecen jugar a una versi¨®n aut¨®ctona del chicken game. Es decir, la expectativa de que ser¨¢ el adversario quien ceda primero porque no soportar¨¢ la presi¨®n del enfrentamiento. Los costes de esta estrategia son muy elevados para todos. Por otra parte, no se vislumbran modelos de organizaci¨®n territorial alternativos que puedan conciliar por ahora apoyos suficientes para asegurar su viabilidad. No lo es, a mi juicio, una recentralizaci¨®n declarada con reforma constitucional incluida. Una recentralizaci¨®n solapada por la v¨ªa sectorial aumentar¨¢ la conflictividad y enconar¨¢ el enfrentamiento. Por su parte, poco practicable se presenta en estos momentos una federalizaci¨®n genuina del Estado. ?Podr¨ªa serlo el exc¨¦ntrico modelo navarro, invisible al parecer para la celosa ortodoxia constitucionalista? Menos admisibles se vislumbran todav¨ªa una separaci¨®n pactada o una separaci¨®n unilateral.

?Hay que instalarse, por tanto, en el inmovilismo y dejar que el tiempo pase asumiendo el riesgo de incrementar tensiones y frustraciones? Creo que no conviene a nadie y desgasta a todos. Por ello, es obligado considerar la utilidad de una consulta popular que aporte nuevos datos y oriente los pasos a seguir. Los resultados de dicha consulta ¡ªque me pareci¨® en otro momento poco funcional¡ª pueden dar pistas para explorar salidas a una situaci¨®n insostenible y que comporta pesados costes para todos los actores. No ignoro que una convocatoria de este tipo puede generar a corto plazo m¨¢s tensi¨®n. Pero hay que compararla con la tensi¨®n a soportar durante m¨¢s a?os si no se realiza. El ¡°coste de la no consulta¡± se me ofrece ahora como superior al de celebrarla.

Entiendo, pues, que es el momento de los buenos pol¨ªticos y de los buenos juristas. A ellos corresponde dar con la f¨®rmula pactada que permita un refer¨¦ndum consultivo, ya sea en el conjunto del Estado, ya sea en el ¨¢mbito de la comunidad aut¨®noma que lo proponga. Hay pruebas de que existe m¨¢s de una receta jur¨ªdica aplicable, sea reformando la normativa del Estado en materia de refer¨¦ndum, sea delegando en las comunidades aut¨®nomas algunas de las atribuciones estatales sobre el particular, sea ampar¨¢ndose en la normativa auton¨®mica sobre el asunto.

De poco servir¨¢n, en cambio, los pol¨ªticos de mirada corta y los leguleyos de lectura literal de los textos que intentan resistir din¨¢micas pol¨ªticas de fondo mediante el inmovilismo jur¨ªdico. No se trata tampoco de dar satisfacci¨®n al deseo de ¡°cerrar el modelo¡± de forma definitiva porque suena demasiado cercano al frustrado ¡°atado y bien atado¡± de otra ¨¦poca y est¨¢ condenado al mismo destino. En cambio, puede ser el momento de echar mano de un recurso nuevo que abra espacios de negociaci¨®n para conseguir un arreglo capaz de disminuir los costes del actual punto muerto y facilitar un mejor manejo de diferencias inevitables. No por los siglos de los siglos, sino para un par de d¨¦cadas. ?Es ilusorio imaginarlo?

Josep M. Vall¨¨s es catedr¨¢tico em¨¦rito de Ciencia Pol¨ªtica (UAB).