Consenso en acci¨®n

El Gobierno ha elegido la estrategia m¨¢s adecuada para iniciar la elaboraci¨®n parlamentaria de la Ley de Transparencia: un acuerdo b¨¢sico entre cuatro importantes formaciones pol¨ªticas que suman el 90,5% de los esca?os del Congreso. Poner en marcha en solitario, apoy¨¢ndose en su mayor¨ªa absoluta, una norma tan compleja como esta ¡ªque incluye, adem¨¢s, el derecho de acceso a la informaci¨®n y normas de buen gobierno¡ª hubiera sido un error catastr¨®fico para el fin perseguido de profundizar en la democracia, regenerar la vida pol¨ªtica y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Fuera del pacto provisional han quedado voces importantes, como la de la Izquierda Plural, pero es prometedor que los cuatro partidos de Gobierno (PP, PSOE, CiU y PNV) sustenten un principio de acuerdo para mejorar el proyecto. A partir de ah¨ª, todo est¨¢ por escribir, todo queda pendiente de los detalles, que es donde suele estar el diablo.

La m¨²sica, a la espera de la letra, es sugestiva. Habr¨¢ menos excepciones de la regla general de la transparencia sobre el funcionamiento de las Administraciones p¨²blicas. Estar¨¢n sometidos a la norma la Casa del Rey, los partidos y los sindicatos, entre otros, y el seguimiento del cumplimiento de los preceptos ya no estar¨¢ en manos del ministro de Hacienda de turno, sino de un organismo independiente. Son las grandes l¨ªneas directrices que han servido para el acuerdo de principio, pero que ahora se deber¨¢ desarrollar en un articulado cre¨ªble. De lo contrario, el Partido Popular se quedar¨ªa solo ante una iniciativa de crucial importancia; no solo porque Espa?a es uno de los pocos pa¨ªses europeos que no disponen de una Ley de Transparencia. Tambi¨¦n porque los casos de corrupci¨®n han convertido este proyecto en un paso trascendente para intentar poner coto a un corrosivo problema que parece enquistado en el sistema y para restituir credibilidad a la acci¨®n pol¨ªtica.

Tras un a?o de comparecencias en el Congreso de los Diputados, se corre el riesgo de optar por una ley ¨®mnibus que desemboque en un engendro impracticable: eso es lo que se debe evitar en la tarea que hay por delante. Quedan muchas lagunas: desde las excepciones que finalmente se contemplen a la transparencia hasta las funciones y sistema de elecci¨®n del organismo independiente que dirima los casos. Gobierno y nacionalistas deber¨¢n explicar por qu¨¦ las Administraciones locales y aut¨®nomas han de quedar fuera de su arbitrio, a pesar de su independencia, y despejar el temor a que se terminen dictando 17 normas distintas para evitar conflictos competenciales. El apartado relativo al buen gobierno es especialmente espinoso. Se han aumentado las penas para los malos gestores, lo que incluye la destituci¨®n de alcaldes, pero tambi¨¦n quedan por delimitar las causas y qui¨¦n tendr¨¢ la potestad de imponer sanciones, salvo que estas queden en el ¨¢mbito penal.