Blindaje pol¨ªtico

Los nombramientos realizados ayer para renovar a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional no solo vuelcan hacia los conservadores la mayor¨ªa de este ¨®rgano, sino que acent¨²an la dependencia pol¨ªtica de algunos de sus componentes. La particularidad del caso es que el Tribunal tiene que decidir sobre recursos de gran calado, desde la ley del aborto aprobada por el anterior Gobierno socialista hasta el plan soberanista de la Generalitat de Catalu?a. Tambi¨¦n, sobre los recortes del gasto social llevados a cabo por el Gobierno, la amnist¨ªa fiscal, el euro por receta, el plan de privatizaci¨®n de la sanidad madrile?a y la libertad de Arnaldo Otegi, el secretario general de Sortu. Asuntos todos ellos merecedores de un Tribunal respetado, m¨¢s que un ¨®rgano del que cabe presumir serias carencias en lo que se refiere a la autonom¨ªa de sus magistrados.

Destaca sobre todo uno de ellos, Enrique L¨®pez, jurista clara e inequ¨ªvocamente alineado con las posiciones ideol¨®gicas m¨¢s duras. El PP llevaba a?os tratando de situarlo en el Constitucional a trav¨¦s de los cupos que corresponde nombrar al Congreso y al Senado, y al no conseguirlo ¡ªprincipalmente por el veto del PSOE¡ª, el Consejo de Ministros lo ha impuesto utilizando su propio cupo, completado con Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, un profesional con menos aristas partidarias. A su vez, el Consejo del Poder Judicial ha nombrado a otras dos personas, el conservador Santiago Mart¨ªnez Vares y el progresista Juan Antonio Xiol, con los que se completa esta renovaci¨®n.

El giro conservador sucede a otros anteriores en sentido contrario. Est¨¢ claro que la batalla para evitar que el Constitucional sea la continuaci¨®n de la pol¨ªtica por otras v¨ªas se perdi¨® hace tiempo, y se constata la distancia entre este resultado y las pretensiones de los constituyentes. La cultura del consenso y de la lealtad institucional han ca¨ªdo bajo el peso de la instrumentalizaci¨®n partidista.

S¨²mese a ello los plazos inusitadamente largos para decidir: a t¨ªtulo de ejemplo, basta comparar los siete a?os empleados por el Tribunal espa?ol para fallar sobre la constitucionalidad de la ley del matrimonio homosexual, con el mes escaso que su hom¨®logo franc¨¦s tard¨® en decidir respecto a la normativa francesa en esa materia. Sin olvidar los casi cuatro a?os utilizados para pronunciarse sobre el Estatuto de Catalu?a, con la secuela de frustraciones que provoc¨® una decisi¨®n tard¨ªa cuando ya se hab¨ªa consolidado el statu quo del nuevo marco legal.

A falta de voluntad pol¨ªtica de rectificaci¨®n, los componentes del Constitucional deben hacer un esfuerzo de responsabilidad. Los temas que tienen entre manos son demasiado sensibles como para validar o rechazar secamente los recursos de unos y otros. Deben dar una oportunidad a la tarea constructiva para establecer, si la hay, la lectura correcta entre las posibles, tratando de orillar las disciplinas pol¨ªticas.