Avanzar en los ERE

La investigaci¨®n judicial del fraude de los ERE subvencionados por la Junta de Andaluc¨ªa contin¨²a destapando el entramado del que se beneficiaron empresarios, sindicatos, antiguos cargos del PSOE, intermediarios, bufetes de abogados y consultoras. Los datos conocidos tras el levantamiento del secreto del sumario acumulan detalles cada vez m¨¢s chuscos sobre los montajes llevados a cabo para desviar el dinero, incluida la utilizaci¨®n de un indigente como administrador de varias empresas pantalla que facturaron comisiones por los ERE. Pintoresquismos aparte, es indiscutible la complejidad del escandaloso caso de corrupci¨®n que la juez Mercedes Alaya tiene en sus manos, y que acumula ya 73 imputados tras dos a?os y medio de investigaci¨®n.

La juez avanza para esclarecer las desviaciones de fondos en tres direcciones: los intrusos (personas que perciben ilegalmente una prejubilaci¨®n), las ayudas irregulares concedidas a empresas y las comisiones abusivas que se cobraron por la tramitaci¨®n de los ERE. Tambi¨¦n investiga el opaco procedimiento administrativo con el que la Consejer¨ªa de Empleo reparti¨® el dinero. Los nuevos datos conocidos han provocado una petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para que empresas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO justifiquen los servicios que motivaron los pagos recibidos de mediadores y asesores que intervinieron en la tramitaci¨®n de los ERE.

En el epicentro de la trama contin¨²a situado Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, que ha salido por segunda vez de prisi¨®n despu¨¦s de que la juez levantase el secreto sobre la parte de la investigaci¨®n que estaba reservada a determinar el destino de las comisiones. Hay indicios de que Guerrero recibi¨® sobornos de estas comisiones, pero la juez sospecha que otros cargos de la Administraci¨®n andaluza tambi¨¦n se lucraron de forma ilegal.

La tenacidad de la juez es incuestionable, como lo es tambi¨¦n que el caso de los ERE se ha convertido en una macrocausa que puede ser ingobernable en el tiempo. De ah¨ª las advertencias que han lanzado a la magistrada tanto el presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, como el Tribunal Superior de Andaluc¨ªa. Es probable que la investigaci¨®n, o al menos parte de ella, llegue al Tribunal Supremo por la presencia de aforados, aspecto sobre el cual la juez Alaya no se ha pronunciado todav¨ªa, aunque hace un a?o y medio la Guardia Civil atribuy¨® a Jos¨¦ Antonio Viera, diputado socialista y exconsejero de Empleo, un ¡°papel esencial¡± en las ayudas irregulares a empresas. Ser¨ªa razonable que Alaya dividiese el caso de los ERE en varios procedimientos, para concluir las l¨ªneas m¨¢s avanzadas y conjurar el riesgo de prescripci¨®n de delitos del que ha alertado la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. No menos razonable ser¨ªa una explicaci¨®n pol¨ªtica sobre el descontrol que durante una d¨¦cada se instal¨® en la Consejer¨ªa de Empleo de la Junta de Andaluc¨ªa.