No han aprendido nada. No se enmiendan
Nombrar a Enrique L¨®pez desmiente que exista intenci¨®n de atajar el desprestigio institucional
Parece que fue Jerem¨ªas, el profeta, quien primero traslad¨® el concepto de pecado de un pueblo a los individuos. Si fue as¨ª, Jerem¨ªas, adem¨¢s de dejar un libro bastante confuso y tan lleno de lamentaciones que parece actual, nos transmiti¨® un legado apreciable. Son las personas las que asumen la responsabilidad por lo que hacen. Han sido el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia y el presidente saliente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, quienes han puesto su r¨²brica al pie de un documento que certifica la vigencia de la apropiaci¨®n partidista de las instituciones. Han sido ellos quienes han impuesto el nombramiento de Enrique L¨®pez como magistrado del Tribunal Constitucional, en contra de toda prudencia o ponderaci¨®n.
Las decisiones imprudentes tienen consecuencias, y en este caso son importantes. El nombramiento del se?or L¨®pez no es un problema menor, un caso poco pulcro que se pueda criticar un d¨ªa y olvidar al siguiente, porque desmiente de manera radical que exista en el Gobierno la menor intenci¨®n de atajar el creciente desprestigio de las instituciones.
Estaba en su mano hacer honor al compromiso manifestado por el Gobierno de que pensaba trabajar para la recuperaci¨®n del buen cr¨¦dito de las instituciones, muchas de las cuales tienen su fama seriamente da?ada. Pero a la primera oportunidad lo han vuelto a hacer. No han aprendido nada. Nadie est¨¢ dispuesto a enmendarse.
No se trata de atacar al se?or L¨®pez por su reconocida simpat¨ªa o su cercan¨ªa al Partido Popular. El problema no es ese. El problema es que un magistrado que no solo no tiene el reconocido prestigio jur¨ªdico que se exige para ser miembro del Constitucional, sino que es conocido precisamente por su discutible prestigio jur¨ªdico, va a ocupar uno de los 12 sillones del m¨¢ximo tribunal espa?ol, el ¨²nico que puede quitar la raz¨®n al Tribunal Supremo y el que interpreta el principal texto jur¨ªdico de este pa¨ªs, por encima de las decisiones de los Parlamentos o de los referendos populares.
Los t¨ªtulos y la trayectoria profesional del se?or L¨®pez hicieron dudar a seis magistrados del Constitucional sobre su idoneidad y su grado de especializaci¨®n jur¨ªdica, pero no hicieron recapacitar al se?or Sala.
En sus 50 a?os de vida, Enrique L¨®pez ha sido ponente en un total de 64 sentencias, seg¨²n datos de jurisprudencia de la Audiencia Nacional, el ¨²nico tribunal en el que ha ejercido esa labor, durante cuatros a?os y medio. Previamente, el se?or Lopez ha sido juez instructor en juzgados de primera instancia de Coru?a, Valladolid y Le¨®n, y letrado y portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
De las 64 sentencias en las que ha sido ponente, 28 fueron dictadas de conformidad entre el fiscal y los abogados defensores. De las 36 restantes, el propio se?or L¨®pez tuvo que dictar autos de aclaraci¨®n en m¨¢s de un 10% de los casos para corregir errores graves, no erratas, como declarar rebelde en los hechos probados al condenado o dictar una pena de c¨¢rcel no compatible con los hechos probados. Consta, por otra parte, que el Tribunal Supremo ha corregido un porcentaje sensible de las sentencias en las que el se?or L¨®pez fue ponente.
Podr¨ªa argumentarse que el se?or L¨®pez no tiene gran experiencia jur¨ªdica, pero que su prestigio se basa en su labor docente. Pero la carrera docente del magistrado es f¨¢cil de resumir: profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Valladolid, 1990-1991; profesor asociado en el ¨¢rea de Derecho Penal de la Universidad de Le¨®n (1996-1998) y profesor de Derecho Penal de la Universidad Europea de Madrid. En cuanto a sus publicaciones, consta un variado cat¨¢logo, coloquios como tertuliano y art¨ªculos en prensa. Su art¨ªculo m¨¢s comentado en ¨¢mbitos jur¨ªdicos fue el publicado en junio de 2010 y titulado La justicia de los toros, en el que el autor establec¨ªa un paralelismo entre las corridas de toros y los procedimientos judiciales.
El problema no es el se?or L¨®pez, es el prestigio del Constitucional, su eficacia y su futuro. La amargura, la pena y el disgusto que causa ver arruinada y debilitada, una vez m¨¢s, a una de las principales instituciones de este pa¨ªs.
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