Consenso pol¨ªtico
La idea de que los partidos son incapaces de pactar es falsa: lo hacen muy a menudo
La posibilidad de que se llegue a alg¨²n tipo de acuerdo pol¨ªtico para enfrentar las consecuencias de la crisis ha cobrado un inter¨¦s inusitado en el ¨²ltimo mes por varios motivos. Primero, por la gravedad de la crisis que deja en el paro a seis millones de personas, agranda la brecha de la desigualdad y genera m¨¢s pobreza. Segundo, porque bastantes de las medidas aplicadas para enfrentar la crisis ocasionan conflictos importantes entre la poblaci¨®n por los efectos negativos que provocan. Tercero, porque algunas de las medidas aplicadas o en proyecto tienen efectos estructurales y a largo plazo (pensiones, educaci¨®n, administraci¨®n local, estructura del Estado) y conviene que gocen de un respaldo amplio para su pervivencia y estabilidad, independientemente de que la mayor¨ªa absoluta del Partido Popular le permita aplicar sus pol¨ªticas sin necesidad de llegar a acuerdos con otros grupos.
En este escenario, para amplios sectores de la poblaci¨®n (un 86% seg¨²n los datos de Metroscopia de enero de 2013, sin diferencia entre los votantes de los dos grandes partidos) ser¨ªa conveniente un acuerdo amplio al estilo de los Pactos de la Moncloa. Incluso desde la reciente convenci¨®n de los populares valencianos se ha avanzado la idea de un acuerdo con colectivos de la sociedad civil para la sostenibilidad del Estado de bienestar. Recientemente, Felipe Gonz¨¢lez y Miquel Roca han vuelto a insistir en la necesidad del di¨¢logo y el acuerdo sobre temas fundamentales que afectan a la gobernabilidad del pa¨ªs.
Cada partido presenta su proyecto en las elecciones ?y lo normal es que aspire a gobernar sin tener que pactar
La pregunta inevitable la formul¨® Jos¨¦ Pablo Ferr¨¢ndiz el 11 de mayo en estas p¨¢ginas y probablemente se la hagan muchos ciudadanos/as: ?nuestros representantes pol¨ªticos en el congreso son capaces de llegar a acuerdos, especialmente teniendo en cuenta que el PP no los necesita para gobernar? La democracia implica que diferentes partidos compiten por el voto ciudadano con el objetivo de poner en pr¨¢ctica sus programas de gobierno a trav¨¦s de pol¨ªticas p¨²blicas. Cada partido presenta ideas m¨¢s o menos diferentes en las elecciones (todav¨ªa existen propuestas m¨¢s conservadoras y m¨¢s progresistas) y lo normal es que aspiren a gobernar sin tener que pactar con otras formaciones a no ser que la aritm¨¦tica parlamentaria les obligue a contar con los rivales. Sin embargo, ante una situaci¨®n de emergencia, surgen voces que piden consensos pol¨ªticos que, inevitablemente, puede desnaturalizar las propuestas electorales de los partidos.
La historia reciente de este pa¨ªs muestra que han existido acuerdos amplios como los de la Moncloa o el Pacto de Toledo. Pero persiste una percepci¨®n de la pol¨ªtica como una arena de conflicto en la que los actores principales (los partidos o sus l¨ªderes) andan a la gre?a. En esas circunstancias, la posibilidad de alcanzar acuerdos puede parecer m¨ªnima. ?Se corresponde esta visi¨®n con la realidad?
La respuesta es negativa seg¨²n los datos de que se disponen. Un estudio de M¨²jica y S¨¢nchez-Cuenca de 2006 muestra que los dos grandes partidos votan juntos en el 70% de los casos en que se tienen que votar leyes org¨¢nicas en el Congreso. Es decir, PP y PSOE suelen alcanzar acuerdos, aunque muchas veces dejan al margen a otras fuerzas pol¨ªticas y, por lo tanto, a las perspectivas y aspiraciones de una parte de la sociedad.
Ciertamente, las leyes org¨¢nicas son importantes, pero son una peque?a parte de la actividad legislativa. A falta de la ampliaci¨®n de este an¨¢lisis a leyes ordinarias del congreso, disponemos de los datos que hacen referencia a las leyes que se han aprobado en las autonom¨ªas entre 1980 y 2007, que es una buena muestra de lo que hacen nuestros pol¨ªticos a la hora de votar y un indicador de su capacidad de generar acuerdos y consensos. (Por cierto, estos datos han sido generados gracias a las ayudas del ministerio al I+D+i tan reducidas en estos tiempos). De las casi 4.700 leyes aprobadas por los parlamentos auton¨®micos, casi la mitad (48%) han sido votadas a la totalidad y el resto al articulado. Entre las primeras, un 64% han sido aprobadas sin que ning¨²n diputado de ning¨²n grupo pol¨ªtico de las c¨¢maras emitiera un solo voto en contra. Entre las segundas, un 20% se han aprobado sin ning¨²n voto negativo a ning¨²n art¨ªculo de la ley.
Un estudio muestra que PP y PSOE han votado juntos el 70% de las leyes org¨¢nicas
En conclusi¨®n, entre 1980 y 2007, sus se?or¨ªas han aprobado el 41% de las leyes sin votar en contra a ni un solo art¨ªculo. Es decir, en la pr¨¢ctica democr¨¢tica diaria, nuestros pol¨ªticos s¨ª son capaces de alcanzar acuerdos para aprobar leyes de mayor o menor relevancia; s¨ª pueden generar consensos (no s¨®lo acuerdos entre dos) ya que, aunque parezca que est¨¢n a la gre?a, en las comisiones y en los plenos parlamentarios negocian e incorporan con frecuencia los puntos de vista de los rivales para aprobar leyes que, en su mayor parte, promueve o el ejecutivo o el grupo parlamentario que lo sustenta. De eso trata la pol¨ªtica. Otra cuesti¨®n es por qu¨¦ persiste esta imagen de conflicto continuo a la que no son ajenos ni la l¨®gica electoral ni los medios de comunicaci¨®n (Daniel Innerarity ofrece una explicaci¨®n brillante en estas p¨¢ginas el 19 de octubre de 2012).
Los datos indican que el consenso es m¨¢s frecuente de lo que podr¨ªamos pensar, aunque la forma de medida introduce algunas variaciones en su magnitud. Si tomamos todas las leyes (incluyendo las que se votan art¨ªculo a art¨ªculo o en bloques de ellos), los parlamentos donde m¨¢s consenso parece generarse son los de Canarias y Catalu?a, donde ha habido mayor¨ªas absolutas, gobiernos de coalici¨®n y partidos gobernando que no son el PP ni el PSOE. Galicia y Baleares registran las proporciones de consenso m¨¢s bajas.
La hip¨®tesis de que la proximidad al per¨ªodo extraordinario de la Transici¨®n puede generar m¨¢s consenso pol¨ªtico no se cumple. S¨ª que es cierto que cuando se trata de votar leyes a la totalidad (no al articulado), el consenso es m¨¢s habitual durante los primeros a?os de los 80 (alrededor del 75%) y menos durante la primera d¨¦cada de este siglo (alrededor del 55%). Obviamente, los temas sobre los que se legisle pueden facilitar m¨¢s o menos el acuerdo entre rivales pol¨ªticos. Las leyes relativas a la obra p¨²blica e infraestructuras (32%), sanidad (35%) y econom¨ªa (con los presupuestos, 37%) suscitan menos consenso entre nuestros pol¨ªticos auton¨®micos.
El consenso es un instrumento pol¨ªtico de utilidad en momentos determinados y para cuestiones especiales
Las que generan m¨¢s consenso son las destinadas a grupos espec¨ªficos (infancia, juventud, ancianos), con un 50%, o las de comercio, industria turismo y energ¨ªa (50%). Esta clasificaci¨®n no sufre variaciones importantes si se consideran todas las leyes o s¨®lo las que se votan a la totalidad.
El consenso es un instrumento pol¨ªtico de utilidad en momentos determinados y para cuestiones especiales. Aun as¨ª, no es raro en nuestro pa¨ªs. Es exigible que los l¨ªderes pol¨ªticos se pongan de acuerdo en asuntos que afectan al bien com¨²n incluyendo la defensa o la pol¨ªtica exterior. Pero tambi¨¦n en aspectos tan relevantes como el modelo de estado o la educaci¨®n; es decir, las normas de nuestra convivencia y la ense?anza de las mismas. Se trata de asuntos que quiz¨¢ no convenga someterlos al vaiv¨¦n de la contienda pol¨ªtica para garantizar una cierta estabilidad.
Los esfuerzos que se han realizado para generar acuerdos inspirados en la necesidad de presentar una posici¨®n m¨¢s o menos unitaria en Europa pueden ser una buena ense?anza que, unida a la pr¨¢ctica diaria de muchos pol¨ªticos auton¨®micos, muestre a la ciudadan¨ªa que la responsabilidad no est¨¢ re?ida con la pol¨ªtica. Quiz¨¢s as¨ª la ciudadan¨ªa comience a pensar que sus representantes dejan de ser un problema para formar parte de la soluci¨®n.
Xavier Coller es profesor de Sociolog¨ªa de la Universidad Pablo de Olavide y Andr¨¦s Santana es profesor de Sociolog¨ªa en la Universidad Carlos III. Son miembros del grupo de investigaci¨®n Democracia y Autonom¨ªas: Sociedad y Pol¨ªtica.
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