Un pacto dif¨ªcil

El Gobierno anunci¨® ayer un ahorro de 6.500 millones de euros en los Presupuestos del Estado de aqu¨ª a 2015 a base de ¡°racionalizar¡± la Administraci¨®n p¨²blica, y estim¨® en 37.700 millones la cantidad que puede economizarse con el lanzamiento de un proyecto global de reorganizaci¨®n administrativa, que explic¨® someramente. El grueso de ese plan est¨¢ en funci¨®n de decisiones que corresponden a las comunidades aut¨®nomas, lo cual plantea un problema de primer orden. El Gobierno est¨¢ en su derecho de se?alar la conveniencia de cerrar tribunales de cuentas, integrar oficinas de acci¨®n exterior, compartir servicios o suprimir puestos y ¨®rganos diversos, desde defensores del pueblo a servicios meteorol¨®gicos, pero no puede hacerlo por s¨ª mismo. El futuro del plan depende de su cintura negociadora, y sin duda esa es una de las razones del di¨¢logo intentado por Mariano Rajoy con el l¨ªder de la oposici¨®n, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba.

A nadie se le escapa la fragilidad de esa construcci¨®n te¨®rica para garantizar el ¨¦xito de una reorganizaci¨®n que pasa por la decisi¨®n de m¨²ltiples autoridades auton¨®micas y que puede afectar a los estatutos vigentes. Reaparecen los temores a la recentralizaci¨®n y la Generalitat de Catalu?a advierte que no ceder¨¢ ¡°ni una sola competencia¡±. Es verdad que el Gobierno tiene ahora un poder determinante sobre la situaci¨®n financiera de la mayor¨ªa de las comunidades, con lo cual dispone de palancas de presi¨®n.

M¨¢s confusa es la idea de hacerlo sin destruir empleo p¨²blico. El Gobierno ha cambiado su discurso respecto a la elefantiasis de la Administraci¨®n: ese argumento le parece ahora err¨®neo, tras la destrucci¨®n de 375.000 puestos de trabajo p¨²blicos en 2012. Pero espera reducir gastos de personal a base de mantener medidas como la que impide cubrir bajas en la Administraci¨®n, salvo en algunos servicios esenciales, y de prescindir de algunos asesores. La reducci¨®n de gasto perseguida parece demasiado elevada como para que se consiga con tales medidas. Es el problema de valorar planes que no van acompa?ados de la necesaria memoria econ¨®mica que explique de d¨®nde salen los ahorros proyectados.

Por otra parte, el Gobierno se dispone a primar Internet para todo tipo de tr¨¢mites, una aut¨¦ntica modernizaci¨®n respecto al sistema tradicional de negociados y ventanillas, al tiempo que mejorar¨¢ la transparencia del gasto al elevarlo a p¨²blico desde el principio. La factura electr¨®nica, la receta electr¨®nica y otras facilidades de acceso similares pueden ser muy interesantes, aunque por ahora parecen un cat¨¢logo de intenciones, m¨¢s f¨¢cil de enunciar que de implementar.

La clave de una reorganizaci¨®n administrativa como la anunciada es que exige grandes dosis de claridad y de consenso. Ser¨ªa importante publicar los detalles y explicarlos muy bien, antes de que la desconfianza pol¨ªtica ciegue el camino sin haber empezado a recorrerlo.