M¨¢s que errores

Crist¨®bal Montoro ha tardado casi dos semanas en ofrecer, por fin, una explicaci¨®n sobre el error cometido por la Agencia Tributaria de atribuir a la infanta Cristina unas inexistentes ventas inmobiliarias. Los argumentos son poco convincentes y, sobre todo, tiran balones fuera sobre lo ocurrido. La culpa, seg¨²n Hacienda, reside en notarios y registradores en 11 transacciones ¡ªlo que ellos mismos reconocieron ayer en parte¡ª, y en los otros dos, en un funcionario de la Agencia Tributaria ya jubilado. Que ni el juez del caso N¨®os, que pidi¨® los datos, ni el fiscal del Estado se hayan sentido satisfechos con tal explicaci¨®n indica hasta qu¨¦ punto es insuficiente. Si todo el problema ten¨ªa tan sencilla raz¨®n, no se entiende la tardanza del ministro en abrir una investigaci¨®n, primero, y en dar el resultado de dicha indagaci¨®n, despu¨¦s.

En este embrollo hay, sin embargo, algo m¨¢s que un error. Particularmente preocupante es la queja del juez Jos¨¦ Castro sobre la escasa colaboraci¨®n de Hacienda con su investigaci¨®n y la ausencia de comunicaci¨®n con su juzgado para aclarar las disparidades en las que ha incurrido. No menos inquietante es la imagen que aportan las explicaciones de Montoro sobre los procedimientos utilizados por una Agencia Tributaria que goza todav¨ªa de tanto prestigio. Seg¨²n la nota de prensa de Hacienda de la noche del martes, tal forma de proceder habr¨ªa permitido enviar al juez Castro una documentaci¨®n de la Infanta en la que ni siquiera aparec¨ªa su nombre sino un n¨²mero 14 ¡ªy no siempre en la misma casilla¡ª que se corresponde con su DNI. La Agencia Tributaria, seg¨²n esta versi¨®n, se limita a transmitir a un juez la documentaci¨®n que le aportan registradores y notarios, sin verificaci¨®n alguna. El Gobierno se escuda en el hecho de que el juez Castro no pidiera los datos como auxilio judicial y que, por tanto, no era preceptivo ¡°un control espec¨ªfico de la informaci¨®n suministrada¡±. Pero ello no impide un control sobre los documentos transmitidos, m¨¢xime trat¨¢ndose de un caso que afecta a un miembro de la familia del Rey. Prueba del enfado del juez es su requerimiento a Hacienda de un nuevo informe en las debidas condiciones.

El da?o ya est¨¢ hecho y afecta a demasiadas instituciones. Imposible evitar, por mucho que lo pida el ministro Montoro, que persistan las dudas sobre lo realmente ocurrido.