Imputaciones selectivas

El procedimiento judicial abierto por los ERE de Andaluc¨ªa sufri¨® ayer un salto cualitativo de indudable trascendencia. Los fondos destinados a los ERE (721 millones de euros en 10 a?os) fueron aprobados en sucesivas leyes del Parlamento de Andaluc¨ªa, pero la juez instructora, Mercedes Alaya, cuestiona no solo la competencia andaluza para dictar esas normas, sino el procedimiento de ¡°transferencia de fondos¡± usado para el pago, que considera opaco.

Si est¨¢ en lo cierto, todas las ayudas abonadas desde 2001 habr¨ªan sido un ¡°dispendio continuado de fondos p¨²blicos¡±, seg¨²n expresi¨®n de la juez, que especifica su objetivo de delimitar a los responsables de la gesti¨®n pol¨ªtica del ¡°uso indebido¡± de dinero p¨²blico. Si estuviera equivocada, el caso de los ERE quedar¨ªa limitado entonces ¡ªy ya es muy grave en s¨ª mismo¡ª a los abusos cometidos con abonos a intermediarios, inclusi¨®n de personas sin derecho y otros desv¨ªos de parte del dinero presupuestado. A los nuevos imputados no les atribuye ning¨²n delito concreto, sino su participaci¨®n en la creaci¨®n o administraci¨®n del procedimiento usado por la Junta para pagar las ayudas que perciben 5.700 prejubilados.

El n¨²mero dos del PSOE andaluz acus¨® el golpe denunciando una ¡°causa general¡± contra los Gobiernos de Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. Su error es similar al cometido recientemente por el n¨²mero tres de la ejecutiva nacional del PP cuando denunci¨® una ¡°causa general¡± contra su partido por el caso B¨¢rcenas. A la luz de lo sucedido ayer, no faltar¨¢n los que vean reafirmada la hip¨®tesis de que Gri?¨¢n anticip¨® la decisi¨®n de retirarse y precipit¨® la elecci¨®n de sucesor a causa del proceso judicial. Imposible determinar cu¨¢nto hay de cierto en ello. Pero es verdad que gobernar en estas condiciones se antoja dif¨ªcil.

En el auto judicial de ayer es llamativa la imputaci¨®n de una veintena de personas que tienen o tuvieron altos cargos en tres departamentos (Hacienda, Innovaci¨®n, Empleo) de la Junta y la omisi¨®n de otras de parecida o mayor responsabilidad, pero que disponen de fuero especial. As¨ª, la juez Alaya imputa a Magdalena ?lvarez, consejera de Hacienda hasta 2004, bajo cuya responsabilidad se aplic¨® el concepto de las ¡°transferencias de financiaci¨®n¡±. Por el contrario no menciona a su sucesor en ese cargo, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, que sigui¨® aplicando id¨¦ntico procedimiento pero que, por su condici¨®n actual de presidente de la Junta, tiene fuero de Tribunal Supremo. Al menos por el momento, Alaya prosigue con la t¨¢ctica de no incluir a aforados que le har¨ªan perder el control de la causa.

Vista la trascendencia del asunto cuestionado ahora, no se entiende la tardanza de la juez en actuar en ese terreno, si cree que hay materia para ello. Parece dudoso que se necesiten casi tres a?os para caer en la cuenta de que todo el caso de los ERE pudo estar viciado desde el origen.