Imagen distorsionada

La preocupaci¨®n de ciertas embajadas y de algunos inversores internacionales por la corrupci¨®n en Espa?a no se corresponde con la realidad actual. Es un reflejo ante la acumulaci¨®n de casos del pasado en los juzgados y su gran eco medi¨¢tico, m¨¢s que de la aparici¨®n de asuntos nuevos. El problema principal se deriva de la tardanza en sustanciarlos y de la negativa de altos responsables o exresponsables pol¨ªticos a admitir cualquier implicaci¨®n, propia o de sus colaboradores, hasta que judicialmente no les queda m¨¢s remedio. Pero es muy arriesgado acudir a los procesos electorales de los a?os venideros con las investigaciones empantanadas y la injustificable esperanza de que las urnas lo perdonar¨¢n.

La sensibilidad de la sociedad est¨¢ cambiando. El 51% de los espa?oles creen que hay mucha gente corrupta; y casi todos los dem¨¢s, aun aceptando que los corruptos son pocos, piensan que causan un gran perjuicio por las enormes cantidades de dinero que manejan, seg¨²n el ¨²ltimo sondeo de Metroscopia para EL PA?S. Apenas rebasan un tercio los que creen que la corrupci¨®n va en aumento, porcentaje nada desde?able, pero inferior al que est¨¢ de acuerdo con que ahora se lucha m¨¢s y mejor contra la corrupci¨®n, y que a eso responde la salida a la luz de muchos m¨¢s casos: 6 de cada 10 espa?oles participan de esa idea.

El caso G¨¹rtel lleva cinco a?os bajo instrucci¨®n y los hechos investigados son de la d¨¦cada pasada e incluso antes, aunque los llamados papeles de B¨¢rcenas eran desconocidos hasta su publicaci¨®n por este peri¨®dico, a finales de enero. La presunta desviaci¨®n de fondos de los ERE en Andaluc¨ªa se produjo durante el decenio anterior y la investigaci¨®n se encamina a los tres a?os. El llamado caso Pallerols se descubri¨® nada menos que en 2000, pero hasta hace pocos meses no se tomaron las decisiones judiciales definitivas y el partido Uni¨® Democr¨¢tica de Catalunya acept¨® su culpabilidad. Y la presunta malversaci¨®n evidenciada por el caso Urdangarin se refiere tambi¨¦n a presuntos hechos de la d¨¦cada pasada.

Son asuntos complejos y sometidos al acentuado conjunto de garant¨ªas del procedimiento espa?ol, donde todo se puede recurrir reiteradamente y que exige muy pocos requisitos para multiplicar las acusaciones particulares o las personaciones en los sumarios. Todo eso sin olvidar la falta de medios se?alada muchas veces, la ¨²ltima de ellas la semana pasada y por el juez decano de Palma de Mallorca, tras las cr¨ªticas suscitadas por la lenta instrucci¨®n del caso N¨®os.

Hay que dejar a la justicia que termine su trabajo. Mientras tanto, la pelota est¨¢ en el tejado de los partidos, que no terminan de dar luz verde a la Ley de Transparencia y a otras reformas pendientes (financiaci¨®n de la pol¨ªtica, contratos p¨²blicos, ley del Tribunal de Cuentas), ni de impulsar el salto indispensable para la eficacia de los mecanismos de control, incluida una justicia bien dotada de medios.