Servicios en peligro

Una espesa sombra se cierne sobre la continuidad de los servicios sociales que prestan buena parte de los municipios espa?oles. La aprobaci¨®n, el viernes, del proyecto de ley de reforma de la Administraci¨®n local por el Consejo de Ministros no ahuyenta las inquietudes iniciales.

Los profesionales del sector han traducido el peor escenario esperable de esta ley: 70.000 empleados en servicios sociales, que trabajan para 2,6 millones de beneficiarios, 30.000 plazas en residencias de la tercera edad y mecanismos muy extendidos de ayuda a domicilio corren peligro.

Esa inquietud deriva de que, en aras de unos deseables objetivos ¡ªla simplificaci¨®n administrativa, la eliminaci¨®n de duplicidades y el ahorro derivado de ambas¡ª se ha optado por una medida discutible e incierta: la reubicaci¨®n de muchos servicios sociales prestados por los municipios en las respectivas comunidades aut¨®nomas. Ocurre que la mayor parte de estas atraviesan una crisis financiera de subsistencia, por lo que, pese a las cautelas del proyecto, resulta obligado preguntarse por la continuidad de dichos servicios.

Este temor resulta tanto m¨¢s pertinente cuanto que la et¨¦rea cuantificaci¨®n oficial del presunto ahorro de la reforma, unos 8.000 millones, sigue duplicando la previsi¨®n inicial.

Esos riesgos sociales merecen ser reconsiderados en el tr¨¢mite legislativo. Tambi¨¦n otras derivaciones pol¨ªticas de su filosof¨ªa global. El Ejecutivo la presenta como una concreci¨®n del principio ¡°una competencia, una Administraci¨®n¡±. Pero aunque sea sugestivo, ese principio es extra?o al esp¨ªritu de la Constituci¨®n, que m¨¢s bien opta por la concurrencia competencial entre Administraciones. Y por ende, su aplicaci¨®n masiva exigir¨ªa una reforma de la Carta Magna antes que su desnaturalizaci¨®n subrepticia por sucesivas leyes org¨¢nicas.

Es un problema jur¨ªdico, pero tambi¨¦n pol¨ªtico, que en este caso se traduce en la eventual conculcaci¨®n del principio de autonom¨ªa municipal a cargo de un intervencionismo gubernamental abusivo, como subray¨® el Consejo de Estado.

Debe solventarse no solo por razones democr¨¢ticas, pues las diputaciones que se busca reforzar son organismos de elecci¨®n indirecta, y no directa como los municipios. Sino tambi¨¦n por razones de equidad, pues estos conforman, frente al Gobierno central y a los auton¨®micos, el nivel de gobernanza que mejor ha cumplido los objetivos de d¨¦ficit. ?Por qu¨¦, pues, castigarlos?