Una princesa con la condicional

La foto de la ficha policial contrasta con la imagen que uno suele tener de una princesa. Sin maquillaje, con el pelo recogido y cara de susto, Meshael al Ayban aparece como la ant¨ªtesis del glamur. Lo mismo que la acusaci¨®n de tr¨¢fico de personas y de imponer trabajos forzados que la ha llevado hasta la comisar¨ªa donde la han retratado en Orange County (California, EE UU). Al Ayban, que en la casilla de profesi¨®n de su visado de turista puso ¡°princesa¡±, es una de las esposas del pr¨ªncipe Abdulrahman bin Naser bin Abdulaziz al Saud, uno de los numerosos sobrinos del rey de Arabia Saud¨ª, y la ¨²ltima de los miembros de la familia real de ese pa¨ªs en verse implicada en un asunto de maltrato.

El caso que ha generado el esc¨¢ndalo se conoci¨® el pasado 10 de julio cuando una de las sirvientas que acompa?aban a la familia Bin Naser en su estancia en California escap¨® de su vigilancia, pidi¨® ayuda a un conductor de autob¨²s y denunci¨® a la polic¨ªa que la obligaban a trabajar 16 horas al d¨ªa, sin descanso semanal, por un sueldo de 220 d¨®lares (unos 170 euros), pero que no pod¨ªa irse porque le hab¨ªan retenido su pasaporte.

La polic¨ªa se present¨® en el piso donde los Bin Naser se alojaban en Irvine y detuvo a la princesa Meshael, de 42 a?os. Al d¨ªa siguiente qued¨® en libertad bajo fianza de cinco millones de d¨®lares, que deposit¨® el consulado saud¨ª. Desde entonces lleva una pulsera que controla su localizaci¨®n y tiene prohibido abandonar el condado.

¡°Mi cliente era una esclava de esta mujer¡±, ha declarado Steve Barick, el abogado contratado por la denunciante, una ciudadana keniana de 30 a?os cuya identidad no se ha revelado. De acuerdo con su relato, empez¨® a trabajar para Al Ayban en 2012 en Arabia Saud¨ª, tras haber firmado, a trav¨¦s de una agencia de colocaci¨®n, un contrato de dos a?os por 1.600 d¨®lares al mes y una jornada laboral de ocho horas, cinco d¨ªas a la semana.

No conocemos la versi¨®n de la princesa porque no se present¨® a la vista del pasado lunes (algo a lo que, al parecer, no estaba obligada). Pero sus abogados han contado una pel¨ªcula completamente distinta. Seg¨²n su versi¨®n recogida por Los Angeles Times, la denunciante y las otras tres empleadas de la casa viajaron con la familia a Estados Unidos en primera clase, y dispon¨ªan de tel¨¦fonos m¨®viles, acceso a Internet e incluso canales de televisi¨®n en sus idiomas. Tambi¨¦n pod¨ªan usar el spa, el gimnasio y la piscina de la urbanizaci¨®n, y las llevaban frecuentemente de compras ¡°con los gastos pagados¡±.

Ser¨¢ el juez quien decida, pero la denuncia de la criada keniana coincide con un modelo de abusos que es frecuente no solo en Arabia Saud¨ª, sino en todo Oriente Pr¨®ximo: la confiscaci¨®n del pasaporte a los trabajadores. La costumbre es el resultado del sistema laboral en esta parte del mundo que exige que los extranjeros sean avalados por quien les contrata. Conocido como kafala en ¨¢rabe (o sponsorship en ingl¨¦s), da un enorme poder al patrocinador o esp¨®nsor, cuyo permiso es necesario para viajar fuera del pa¨ªs o para cambiar de empleo. Human Rights Watch ha pedido su abolici¨®n, y la propia Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT) lo considera ¡°inherentemente problem¨¢tico¡±.

Seg¨²n esta organizaci¨®n, entre una cuarta parte y un tercio de los 22 millones de inmigrantes que trabajan en el mundo ¨¢rabe son empleadas del hogar. En su mayor¨ªa, estas mujeres provienen de pa¨ªses de Asia y ?frica, principalmente Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, Nepal, Indonesia y Etiop¨ªa. Dado que en Arabia Saud¨ª los trabajadores extranjeros son entre ocho y nueve millones (m¨¢s de la mitad de la poblaci¨®n activa), el personal del servicio dom¨¦stico sumar¨ªa entre 2 y 3 millones de personas, en su mayor¨ªa mujeres.

Se trata de una cifra muy elevada. Adem¨¢s, la naturaleza informal, a menudo no reglada, de su trabajo y su aislamiento les hace especialmente vulnerables a la explotaci¨®n y los abusos, incluidos los sexuales. Son uno de los grupos sobre los que las organizaciones de derechos humanos se muestran m¨¢s preocupados. Probablemente, tambi¨¦n una parte significativa de las ¡°al menos 600.000 v¨ªctimas del trabajo forzado¡± que la OIT estima que existen en la regi¨®n. Es decir, a todos los efectos, esclavos.

El fiscal del distrito donde se sigue la causa contra Al Ayban ha recordado que en EE UU se aboli¨® la esclavitud hace 150 a?os. En Arabia Saud¨ª se hizo en 1962. La mayor¨ªa de los saud¨ªes no condonan esas pr¨¢cticas en absoluto. Sin embargo, no es la primera vez que miembros de la familia real se ven implicados en casos de maltrato a sus empleados. Existe adem¨¢s la percepci¨®n de que las autoridades median para evitarles, o al menos suavizar, las consecuencias legales, lo que transmite una peligrosa idea de tolerancia.

En 2006, Hana al Jader, esposa del pr¨ªncipe Mohamed bin Turki al Saud, fue procesada por esclavizar a dos criadas indonesias en su residencia de Massachusetts. La princesa se declar¨® culpable de violar las leyes de inmigraci¨®n y logr¨® salir del paso con seis meses de arresto domiciliario, una multa y la indemnizaci¨®n a las explotadas. Con anterioridad, la princesa Buniah al Saud solvent¨® con una multa la acusaci¨®n de haber empujado a una sirvienta escaleras abajo.

Si el juez la encuentra culpable, es posible que Al Ayban lo tenga m¨¢s dif¨ªcil. El pasado noviembre, California endureci¨® las penas contra el tr¨¢fico de personas. El delito presuntamente cometido por la princesa se castiga ahora con 12 a?os de c¨¢rcel, el doble que antes del cambio legislativo. Tal como permite el sistema legal estadounidense, es previsible que sus abogados est¨¦n tratando de llegar a un acuerdo extrajudicial.

Con un plantel de entre 5.000 y 40.000 pr¨ªncipes, seg¨²n el grado de pureza de sangre que se considere, entre los miembros de la familia real hay para todos los gustos y comportamientos. Desde los vividores sin oficio conocido hasta activos hombres de negocios, militares, comisionistas, soci¨®logos, diplom¨¢ticos e incluso cr¨ªticos con el r¨¦gimen. Pero sin duda, en un momento en el que muchos de sus ciudadanos empiezan a cuestionar sus privilegios, la monarqu¨ªa va a tener que tomar medidas para evitar que esos casos sigan deteriorando su imagen y la del pa¨ªs.