Una reforma que no alumbra el futuro

Por fin hemos conocido la reforma el¨¦ctrica del Gobierno. Ha sido ratificada en el Parlamento cuatro d¨ªas despu¨¦s de ser aprobada por el Consejo de Ministros, antes de que apenas hayamos tenido tiempo de leerla, mucho menos de analizar sus implicaciones. Una circunstancia inaudita en una democracia avanzada.

Escrib¨ª aqu¨ª mismo (Luz entre tinieblas, EL PA?S, 13-6-2013) sobre la calidad de nuestras instituciones a la luz de la opacidad y la arbitrariedad de las decisiones regulatorias en el sector el¨¦ctrico, casi todas tan urgentes como contradictorias. Parece oportuno hacer algunas consideraciones sobre la nueva regulaci¨®n.

Su procedimiento de elaboraci¨®n es relevante para legitimar su resultado, pero sobre todo es clave para que funcionen las se?ales de alerta ante las consecuencias de decisiones no suficientemente reflexionadas y contrastadas. Esta vez el Gobierno decidi¨® desconectar las balizas de alerta para, se supone, evitar presiones de los grupos de inter¨¦s, aunque parece que trataba de tomar decisiones opacas para que nadie pudiera esquivar el golpe.

Hay dos criterios para juzgar el contenido de las decisiones regulatorias. El primero se refiere a c¨®mo se reparte el esfuerzo del ajuste del desequilibrio entre ingresos y costes entre todos los sectores concernidos, y sus consecuencias para el funcionamiento eficiente del sector el¨¦ctrico, para la competitividad de la industria y la factura el¨¦ctrica de las familias, y para la confianza en el marco jur¨ªdico en el que se deben desarrollar las inversiones. El segundo se refiere a cu¨¢les son las se?ales econ¨®micas, los incentivos a la inversi¨®n que proporciona a futuro el nuevo marco regulatorio y su modelo de competencia para asegurar que se cumplen los objetivos a medio y largo plazo de tener un sistema energ¨¦tico competitivo, seguro y m¨¢s libre de CO2.

La retroactividad
aplicada a las energ¨ªas
renovables quiebra
la seguridad jur¨ªdica

Pero primero hay que saber hacia d¨®nde queremos caminar a medio y largo plazo, con qu¨¦ mix de generaci¨®n, con qu¨¦ nivel de emisiones, c¨®mo se valora la seguridad de suministro y se asegura la competitividad de las empresas. Ni una sola palabra encontramos sobre ello. Por eso, hay que juzgar las decisiones sin referencia de futuro, y aun as¨ª se pueden extraer consideraciones relevantes.

En primer lugar, sorprende el criterio de retroactividad aplicado a las renovables para reducir de nuevo su retribuci¨®n. Que un Gobierno pueda decidir hoy, unilateralmente, para una instalaci¨®n que lleva 5, 10 o 15 a?os de funcionamiento, a qu¨¦ coste debiera haberse realizado la inversi¨®n, con qu¨¦ coste haberse operado y mantenido, qu¨¦ rentabilidad razonable debiera haber obtenido si sus costes hubieran sido los que ahora dice el Gobierno que deb¨ªan haber sido, y rehacer con esos criterios las cuentas desde la puesta en funcionamiento para ajustar sus ingresos futuros, pone en solfa la seguridad jur¨ªdica de todas las actividades reguladas.

Cuesta creer que ese criterio de retroactividad supere los arbitrajes internacionales y el filtro del Tribunal Supremo. Porque, si lo hiciere, se abrir¨ªa una v¨ªa legal para que este Gobierno, o cualquier otro en el futuro, pudiera decidir el coste al que debieran haberse construido, operado y mantenido desde su puesta en funcionamiento todas las infraestructuras y equipamientos regulados de las ¨²ltimas d¨¦cadas: autopistas, redes energ¨¦ticas y de telecomunicaciones, concesiones hidrogr¨¢ficas e hidroel¨¦ctricas, centrales nucleares; as¨ª como la rentabilidad razonable que debieran haber obtenido, y solicitar la devoluci¨®n del exceso, o deduc¨ªrselo de los ingresos futuros revisando precios, primas, tarifas, peajes o c¨¢nones.

Porque no estamos hablando de que en un determinado momento un Gobierno pueda decidir cu¨¢l es la rentabilidad adecuada que esos activos deban tener en el futuro, atendiendo al cambio en el contexto econ¨®mico y financiero, sino de la que debe reconoc¨¦rseles para los a?os que llevan de funcionamiento, al margen del marco retributivo con el que esas inversiones se realizaron. Adem¨¢s, esa rentabilidad establecida no cubre el coste de capital de una actividad con el riesgo tecnol¨®gico y regulatorio que en nuestro pa¨ªs tienen las renovables. Cuesta creer que una decisi¨®n de esta envergadura haya pasado los filtros del Gobierno y de la Administraci¨®n y solo podr¨ªa explicarse si, como parece, muy pocos han conocido los textos antes de su publicaci¨®n en el BOE.

En todo caso, si se opta por hacerlo as¨ª para las renovables, con mayor raz¨®n debiera haberse planteado para todas las centrales construidas antes de la liberalizaci¨®n de 1998, porque ya ten¨ªan unos costes de inversi¨®n, operaci¨®n y mantenimiento y una tasa de retribuci¨®n financiera reconocidas; y no se tratar¨ªa de imponer retroactivamente una nueva regulaci¨®n, sino de devolverlas a los criterios que ten¨ªan reconocidos, teniendo en cuenta adem¨¢s los Costes de transici¨®n a la competencia que ya han percibido.

La reforma agrava el
problema de competitividad
de las empresas y aumenta
la factura de las familias

La decisi¨®n sobre las renovables viene acompa?ada de un recorte en la rentabilidad de las redes de transporte y distribuci¨®n que va a paralizar por completo las actividades de renovaci¨®n y mejora, fundamentales incluso en periodos de exceso de capacidad, para dotarlas de sistemas inteligentes que permitan avanzar en el desarrollo de la generaci¨®n intermitente distribuida y en la contribuci¨®n de la demanda, incluida la recarga de los veh¨ªculos el¨¦ctricos, al equilibrio del sistema.

La propuesta, adem¨¢s, agrava el problema de competitividad de las empresas y la factura de las familias con subidas adicionales de los peajes. En este sentido, es criticable la subida del t¨¦rmino de potencia y el descenso del t¨¦rmino de energ¨ªa de los peajes, que van a notar en su factura millones de consumidores. La direcci¨®n es la correcta, pero hubiera sido deseable esperar a que la CNE culminara el buen trabajo que ha venido realizando sobre los criterios de asignaci¨®n de los costes de transporte y distribuci¨®n.

Tambi¨¦n es preocupante la nueva propuesta sobre interrumpibilidad que, con la loable intenci¨®n de avanzar en su configuraci¨®n como un servicio de ajuste a prestar en competencia, se traduce, para tres o cuatro grandes consumidores, en un sistema privilegiado que incentiva la colusi¨®n en su beneficio, y para los dem¨¢s consumidores industriales en un sistema discriminatorio, lleno de incertidumbre, con unos requisitos que van a expulsar a muchos de sus destinatarios y a reducir la retribuci¨®n por el servicio, lo que agravar¨¢ su factura el¨¦ctrica, ya superior a la de sus competidores europeos.

Por otra parte, desde la perspectiva de los incentivos econ¨®micos para favorecer las inversiones que el sistema el¨¦ctrico necesite, la propuesta no puede ser m¨¢s desalentadora. Es verdad que, como la reforma no fija hacia d¨®nde vamos, y puesto que existe un exceso de capacidad que hace innecesarias inversiones significativas en nueva generaci¨®n en los pr¨®ximos a?os, lo que ahora se decida probablemente sea irrelevante. Quiz¨¢ por ello, el anteproyecto de ley del sistema el¨¦ctrico resulta banal, incluso prescindible, porque no reforma el mercado el¨¦ctrico y se limita a refundir en un solo texto los martillazos regulatorios de los ¨²ltimos 15 a?os, con algunas pinceladas de inquina para con las energ¨ªas renovables y el autoconsumo.

En definitiva, no parece que este modelo sirva para orientar el nuevo ciclo inversor ni para equilibrar los intereses de productores y consumidores. No permitir¨¢ nueva generaci¨®n renovable (excepto en Canarias donde se opta por un modelo diferente), ni desarrollos de las redes de transporte y distribuci¨®n porque la rentabilidad propuesta no cubre el coste de capital. Tampoco asegura los incentivos a la inversi¨®n en potencia firme de respaldo de la variabilidad renovable. Y ser¨¢ dif¨ªcil atraer a nuevos inversores, preocupados o escarmentados por la inseguridad jur¨ªdica en Espa?a. Quiz¨¢ el Gobierno haya pensado que otro Gobierno enmendar¨¢ esta situaci¨®n cuando las inversiones sean m¨¢s urgentes, pero lo cierto es que ha renunciado a proponer una mirada compartida a nuestro futuro energ¨¦tico. Lo que no deja de ser, una vez m¨¢s, otra oportunidad perdida.

Luis Atienza Serna ha sido presidente de Red El¨¦ctrica de Espa?a.