M¨¦xico explora nuevas t¨¢cticas contra la droga

M¨¦xico ha pagado todo lo que ten¨ªa que pagar en su guerra contra las drogas, 60.000 muertos en los ¨²ltimos seis a?os, pero las drogas siguen ah¨ª, fluyendo hacia el norte establemente a pesar y a trav¨¦s de los muertos.

Pocos pa¨ªses tienen mejores credenciales que M¨¦xico, y m¨¢s f¨²tiles, en la tarea de colaborar con esa guerra absurda, inventada por razones electorales a finales de los a?os sesenta y principios de los setenta, para que el partido republicano y su candidato Richard Nixon pudieran oponer a la pujante agenda social de los dem¨®cratas una oferta conservadora de ley y orden: seguridad p¨²blica, combate al crimen, contenci¨®n del vicio. Nixon gan¨® la elecci¨®n con esa agenda y la volvi¨® pol¨ªtica de su Gobierno.

El primer invitado obligatorio a la guerra contra las drogas fue M¨¦xico, mediante un sellamiento de la frontera llamado Operaci¨®n Intercepci¨®n (1969), que mostr¨® r¨¢pidamente su doble delirio: sellar la frontera para evitar el paso de drogas y evitar el consumo en las grandes ciudades americanas.

Desde entonces, los Gobiernos mexicanos han sido invitados obligatorios a todas las estrategias dise?adas por Washington para alcanzar el mismo objetivo inalcanzable: detener el flujo de drogas al mercado estadounidense.

Todos los Gobiernos mexicanos han hecho esfuerzos solidarios y tenido logros hist¨®ricos en el combate al narcotr¨¢fico, la captura de capos, la erradicaci¨®n de siembras, el decomiso de cargamentos, el castigo a c¨®mplices gubernamentales.

M¨¦xico persigue hoy en su territorio cosas permitidas en Estados Unidos

El Gobierno de Felipe Calder¨®n (2006-2012) hizo el esfuerzo mayor para ampliar la cooperaci¨®n de M¨¦xico con la guerra de Nixon, Carter, Reagan, Clinton, los Bush y Obama. Nunca hubo m¨¢s fuerza p¨²blica desplazada, m¨¢s dinero gastado, m¨¢s decisiones dif¨ªciles asumidas, m¨¢s capos, sicarios y cargamentos detenidos, m¨¢s funcionarios y polic¨ªas corruptos tra¨ªdos a la justicia que durante estos a?os. Nunca hubo tampoco m¨¢s muertos ni tuvo el pa¨ªs una imagen m¨¢s sangrienta que ofrecer ante sus propios ojos y los de los dem¨¢s.

Nadie puede decir que M¨¦xico no ha estado dispuesto a pagar el costo del consenso prohibicionista que rige hoy en todo el mundo. Nadie puede negar que ha fracasado.

Lo sucedido en M¨¦xico es una versi¨®n extrema de lo que ha pasado en todo el mundo. La guerra contra las drogas de Nixon fue asumida por los Gobiernos estadounidenses que le siguieron y convertida en una agenda prohibicionista mundial radicada en la ONU.

El mundo entero fracasa ahora en lo que M¨¦xico, y antes Colombia, y Myanmar y Afganist¨¢n y Rusia, y desde luego Estados Unidos, han fracasado, que es reducir el consumo de drogas en los pa¨ªses consumidores mediante la represi¨®n de su flujo en los pa¨ªses de producci¨®n y paso.

La evidencia del fracaso ha llevado a muchos l¨ªderes latinoamericanos, antiguos presidentes y jefes de Estado a revisar su compromiso con la prohibici¨®n y a insistir en la necesidad de un acercamiento distinto. Es el caso de los expresidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox de M¨¦xico, Fernando Henrique Cardoso de Brasil, C¨¦sar Gaviria de Colombia o Ricardo Lagos, de Chile.

Es el caso tambi¨¦n, m¨¢s significativamente todav¨ªa, de los mandatarios en funciones Juan Manuel Santos de Colombia, Jos¨¦ Mujica de Uruguay, Otto P¨¦rez Molina de Guatemala y Laura Chinchilla de Costa Rica. En su m¨¢s reciente asamblea celebrada en Guatemala hace unas semanas, la OEA present¨® un amplio informe sugiriendo la posibilidad de al menos legalizar la marihuana.

A nadie se le ocultan las dificultades pol¨ªticas, diplom¨¢ticas, legales y sanitarias de una orientaci¨®n legalizadora o despenalizadora de la guerra contra las drogas. Pero los tiempos est¨¢n cambiando y la sensibilidad antiprohibicionista empieza a tener voceros que es dif¨ªcil deso¨ªr.

El da?o que los fumadores de marihuana pueden hacerse a s¨ª mismos y a otros es mucho menor que el da?o social de perseguirlos

Siguiendo el esp¨ªritu de los tiempos, en M¨¦xico aparece o se re¨²ne ahora una voz plural y a la vez unitaria en la materia. Parte de la convicci¨®n de que al menos la marihuana debe iniciar en nuestros pa¨ªses un proceso de legalizaci¨®n, regulaci¨®n y despenalizaci¨®n equivalente al que ha empezado a darse dentro de los mismos Estados Unidos, donde hay hoy 19 Estados que han legalizado el uso terap¨¦utico de la marihuana y dos en los que es legal el uso recreativo sin restricci¨®n ninguna (Colorado y Washington).

El grupo mexicano se propone una despenalizaci¨®n del consumo de la marihuana en la Ciudad de M¨¦xico y est¨¢ formado, en su primer n¨²cleo de adherentes, por distinguidos servidores p¨²blicos de los ¨²ltimos Gobiernos del pa¨ªs: el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe, el exsecretario de Salud Juan Ram¨®n de la Fuente, el exsecretario de Gobernaci¨®n Fernando G¨®mez Mont, as¨ª como por los autores de este art¨ªculo, la escritora Angeles Mastretta y la activista de la seguridad p¨²blica, Mar¨ªa Elena Morera.

El grupo est¨¢ abierto a nuevos miembros. Dirige sus esfuerzos a lograr que la asamblea legislativa de la Ciudad de M¨¦xico apruebe una ley que permita comprar una dosis razonable de marihuana para consumo personal. La actual ley permite dosis tan peque?as que despu¨¦s de los cinco gramos el portador debe ser tratado como narcomenudista (vendedor de drogas ilegales en peque?a escala) y recibir un tratamiento penal que empieza con la privaci¨®n de la libertad.

?Por qu¨¦ proponer esta liberalizaci¨®n en la capital, por qu¨¦ solo la marihuana y por qu¨¦ solo el consumo?

¡ª Porque la ciudad de M¨¦xico es una capital progresista, abierta, que ha legislado ya sobre cuestiones claves de la libertad de costumbres como los matrimonios del mismo sexo, el aborto y la muerte asistida.

¡ª Porque los datos disponibles indican que la marihuana es una droga cuyos efectos t¨®xicos y consecuencias en la salud son menores que los de otras drogas permitidas como el alcohol y el tabaco.

¡ª Porque el da?o que los fumadores de marihuana pueden hacerse a s¨ª mismos y a otros por consumirla es mucho menor que el da?o social de perseguirla. (Casi el 80% de los presos que hay en c¨¢rceles federales de M¨¦xico est¨¢n acusados por hechos vinculados a ¡°delitos contra la salud,¡± narcomenudismo o narcotr¨¢fico. El 57% de ellos est¨¢n presos por il¨ªcitos vinculados a la marihuana).

¡ª Porque un alto porcentaje, quiz¨¢ el 30 o 40%, de los ingresos de las organizaciones de narcotraficantes mexicanos provienen de la marihuana.

¡ª Porque por la presi¨®n de Estados Unidos y por el compromiso con el consenso prohibicionista mundial, M¨¦xico persigue hoy en su territorio cosas que est¨¢n permitidas y hasta empiezan a ser florecientes empresas en territorio estadounidense.

?Qu¨¦ har¨¢ el Gobierno mexicano ante la contradicci¨®n de que uno de sus principales gobiernos locales legalice lo que tiene prohibido el federal? Probablemente lo mismo que ha hecho el Gobierno federal estadounidense: mirar a otra parte y reconocer, como ha dicho el presidente Obama, que tiene peces m¨¢s gordos que pescar.

Quiz¨¢ la cuenta regresiva del car¨ªsimo y sangriento consenso prohibitivo de las drogas ha empezado ya, de la manera m¨¢s inofensiva, en su mism¨ªsima cuna norteamericana: permitiendo que quien quiera pueda fumar (e inhalar, a?ade el presidente Clinton) un buen pito de mota \[cigarrillo de marihuana\].

Aclaraci¨®n no pedida: a los autores de esta nota no les da por la mota.

Jorge G. Casta?eda es analista pol¨ªtico y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos. H¨¦ctor Aguilar Cam¨ªn es periodista y escritor.