Marruecos ante el ¡®caso Galv¨¢n¡¯

La noticia del perd¨®n real concedido al predador ped¨®filo Daniel Galv¨¢n, que hab¨ªa sido condenado a 30 a?os de prisi¨®n por haber violado a 11 ni?os en Kenitra, se ha extendido como un reguero de p¨®lvora. Hab¨ªa purgado menos de dos a?os de esa condena cuando un indulto real le ha sacado de la c¨¢rcel. Esa decisi¨®n ha llenado de estupor al pueblo marroqu¨ª y lanzado una onda de choque por todo el pa¨ªs.

La c¨®lera popular se ha puesto inmediatamente de manifiesto, con una fuerza que ha sorprendido a los poderes p¨²blicos. Lo que de ello se ha derivado es ya bien conocido. Pero nadie puede, de momento, adivinar qu¨¦ curso seguir¨¢n los acontecimientos. Mientras tanto, lo que es seguro es que la salvaje represi¨®n de la primera manifestaci¨®n delante del Parlamento no ha hecho sino agravar la situaci¨®n y aumentar el sentimiento de rebeld¨ªa. De este modo, en lugar de ceder a la represi¨®n, el movimiento se ha propagado hasta llegar a reunir, junto a los familiares de las v¨ªctimas, a asociaciones c¨ªvicas y a amplios sectores del pueblo indignado.

La reacci¨®n del sistema pol¨ªtico a esos acontecimientos ilustra bien su modo de funcionamiento, que sigue siendo autoritario, ¡°makhzeniano¡± en el fondo, a pesar de algunas parsimoniosas reformas introducidas como efecto de la presi¨®n del ¡°Movimiento del 20 de febrero¡±.

El gobierno y el PJD, partido mayoritario, descrito como islamista, que lo dirige desde las ¨²ltimas elecciones, siguen paralizados. Buscan sobre todo librarse de su responsabilidad, achacando el desafortunado perd¨®n a los intereses ¡°superiores¡± de la naci¨®n y de las buenas relaciones con Espa?a. Sus declaraciones son contradictorias y mal urdidas. En cuanto a los grandes partidos nacionales, brillan por su mutismo. Y, como remate, nuestro Parlamento act¨²a como de costumbre, es decir como si estuviera ausente. Por tanto todo indica que los principales actores pol¨ªticos han vuelto a dar con el reflejo tradicional: esperar a que la iniciativa llegue del Palacio Real. Una espera que demuestra que ¨¦ste sigue concentrando lo esencial de los poderes, a pesar de las ¨²ltimas limpiezas de fachada.

La norma y la pr¨¢ctica del perd¨®n forman parte de las prerrogativas reales reconocidas por la Constituci¨®n. Esa norma no est¨¢ en cuesti¨®n, tanto si el perd¨®n concierne a ciudadanos marroqu¨ªes o a extranjeros. En el presente caso, el gesto real de buena voluntad se inscribe en ese marco leg¨ªtimo.

En ese contexto, cada gesto es de una gravedad excepcional. Por eso la elecci¨®n de los individuos indultados, la naturaleza de los cr¨ªmenes y de las penas, as¨ª como todas las circunstancias correspondientes deben ser bien examinadas de antemano siguiendo los procedimientos m¨¢s rigurosos, tanto morales como jur¨ªdicos. Desde ese punto de vista, la liberaci¨®n de Galv¨¢n ha sido vista por los marroqu¨ªes como lo que es: una violaci¨®n imperdonable del derecho y de la moral imputable a un procedimiento doloso.

Nadie se ha arriesgado a intervenir para ayudar al soberano a informarse correctamente

Y eso no es todo. Pues hay que tener presente que ese procedimiento defectuoso y sus desastrosos resultados derivan de un funcionamiento deficiente de las instituciones, de su car¨¢cter inadecuado. Esas deficiencias ponen de relieve la concentraci¨®n excesiva de poderes en manos del palacio, as¨ª como sus pr¨¢cticas opacas cuando se trata de gobernar. Esos males est¨¢n ahora claros para el conjunto del pueblo y ello explica la fuerza de su reacci¨®n y sus sentimientos de injusticia, que van a seguir expres¨¢ndose.

En ese movimiento de c¨®lera son la energ¨ªa y el legado del 20 de febrero los que est¨¢n en acci¨®n. Pero no hay que equivocarse, la nueva din¨¢mica sobrepasa los c¨ªrculos que se movilizaron con el 20 de febrero. Sin duda est¨¢ llamada a ampliarse, en simbiosis con los cambios radicales que viven la regi¨®n del Magreb y el Oriente Pr¨®ximo. Un escenario pol¨ªtico nuevo est¨¢ emergiendo. Su desarrollo hace cada vez m¨¢s caducas las pr¨¢cticas de la escena tradicional, cuyos protagonistas eran la monarqu¨ªa y los partidos. En adelante, ese conjunto parece ya incapaz de responder a las firmes aspiraciones de las nuevas generaciones.

Lo que caracteriza hoy a ese conglomerado es que est¨¢ a la defensiva. De ah¨ª su recurso a la violencia contra las manifestaciones pac¨ªficas, cuya legitimidad, sin embargo, est¨¢ reconocida en la Constituci¨®n. La otra tendencia consiste en reducir los parsimoniosos ajustes de las prerrogativas reales recogidos en la elaboraci¨®n de la Constituci¨®n. As¨ª sucede con la famosa sacralidad del monarca. A falta de derogarla de otro modo que no sea la palabra se ha deslizado naturalmente hacia la divinidad. Como podemos ver despu¨¦s de este perd¨®n real, el mutismo y la prudencia extrema de los protagonistas nos muestran que m¨¢s bien se ha pasado de la sacralidad del rey a su divinizaci¨®n. Nadie se ha atrevido, por tanto, a comprometerse. Nadie se ha arriesgado a intervenir para ayudar al soberano a informarse correctamente: ni alg¨²n consejero honrado y competente (si es que los hay), ni el gobierno, ni el Parlamento, ni las administraciones han podido desempe?ar su papel de intermediaci¨®n. Por no hablar de la prensa a sus ¨®rdenes, la cual no ha dejado de desplegar sus adulaciones cuando no yugula las voces discordantes.

De manera que los engranajes que parecen proteger al rey de hecho han acabado por aislarle y por exponerle peligrosamente. De manera que una lista y un gesto de perd¨®n que hubieran debido engrandecerle le han causado, por el contrario, un perjuicio que dejar¨¢ huellas duraderas. A este respecto, es preciso denunciar las manipulaciones del entorno real. En lugar de desempe?ar junto a ¨¦l el papel de fusible, son sus manipulaciones, por el contrario, las que transforman en fusible a la funci¨®n real misma. Las revelaciones de la prensa sobre las negociaciones que han tenido lugar para establecer la lista de presos espa?oles a indultar identifican claramente a los responsables de este desafuero, al tiempo que arrojan luz sobre sus m¨¦todos. Si los hechos se confirman, el soberano deber¨¢ tomar la decisi¨®n de separarse de su consejero y visir m¨¢s cercano de los tiempos modernos, culpable de fechor¨ªas tan graves.

Una lista y un gesto de perd¨®n que deb¨ªan engrandecer al rey, le han causado un perjuicio

A prop¨®sito de responsabilidad se imponen ciertas clarificaciones. Los autores de las listas de presos espa?oles a indultar deber¨¢n asumir la culpabilidad y la responsabilidad de su acci¨®n conforme a un procedimiento p¨²blico.

Lo dicho no altera en absoluto la responsabilidad del rey. Puesto que, como todo jefe, un rey debe asumir las consecuencias de la acci¨®n de sus subalternos. Esa toma de responsabilidad, que hay que distinguir de la culpabilidad, sin duda deber¨¢ ser asumida para responder a los sentimientos del pueblo. A ese respecto, la manipulaci¨®n de las declaraciones que han emanado del gabinete real y la sanci¨®n de un alto representante de la administraci¨®n penitenciaria no ser¨¢n suficientes. Al contrario, corren el riesgo de dejar abierta la herida en lugar de cerrarla.

Sobre todo, las medidas tomadas ponen de manifiesto, una vez m¨¢s, los l¨ªmites de un sistema acostumbrado a soltar un poco de lastre para aparentar un cambio. La nueva situaci¨®n, tanto en el plano interior como exterior, impone la necesidad de una reforma conjunta de la monarqu¨ªa y de las otras instituciones de gobierno. Ello pasa por la instalaci¨®n de poderes institucionalizados, democr¨¢ticamente elegidos; pasa tambi¨¦n por la reorganizaci¨®n de los servicios de Palacio y de sus prerrogativas en un marco de transparencia; pasa, finalmente, por la atribuci¨®n de poderes reales de control y de supervisi¨®n a un Parlamento digno de ese nombre.

Una reforma tal deber¨¢ poner fin a la flagrante asimetr¨ªa pol¨ªtica que mancha la cohabitaci¨®n entre el gobierno y el gabinete de la Casa Real. Asimetr¨ªa de la que el PJD sufre las consecuencias actualmente. Asimetr¨ªa cuyo funcionamiento desemboca en tomas de decisi¨®n unilaterales que comprometen al pueblo en su ausencia.

El caso Galv¨¢n no es sino el ¨²ltimo de una serie de ellos. Se pueden citar, entre otros, los indultos indebidos concedidos a otros criminales, los honores otorgados a un vicepresidente del AIPAC (lobby proisrael¨ª de Estados Unidos), as¨ª como la conducta ilegal e inmoral del aparato de seguridad en la ¡°guerra contra el terrorismo¡±. Todas esas decisiones nos muestran que doblamos el espinazo ante los intereses extranjeros en nombre de una concepci¨®n err¨®nea del inter¨¦s nacional. Ello pone al desnudo nuestras patentes debilidades y da muestra de que seguimos siendo prisioneros de estructuras institucionales superadas. Es de prever que los movimientos de c¨®lera del pueblo marroqu¨ª ser¨¢n en adelante m¨¢s fuertes y decisivos contra ese sistema de favores que atenta contra su integridad y que hace menosprecio de su honor mediante transacciones internacionales. Estas le humillan y le deshonran.

Hicham Ben Abdallah el Alaoui es investigador en la Universidad de Stanford y primo hermano del rey de Marruecos.

Traducci¨®n del franc¨¦s de Juan Ram¨®n Azaola.