Secretarios y testigos

Hasta el presente, la l¨ªnea de defensa marcada por Mariano Rajoy en relaci¨®n al caso B¨¢rcenas parte de la idea de que el extesorero actuaba por su cuenta aprovech¨¢ndose de sus relaciones de confianza personal. Est¨¢ por ver si los secretarios generales (Cospedal, y dos de sus antecesores, Arenas y Cascos), van a mantener esa teor¨ªa ante el juez. Porque si no es del todo inveros¨ªmil que Rajoy no se interesase por las finanzas del partido, nadie puede creer que los secretarios generales, encargados de los aspectos organizativos, tampoco supieran nada sobre de d¨®nde ven¨ªan y ad¨®nde iban los dineros que ingresaba B¨¢rcenas.

Casi ser¨ªa m¨¢s grave ignorar (algo que requerir¨ªa esforzarse en no ver) que conocer y consentir. Pues la astucia de B¨¢rcenas ha consistido en relacionar en su contabilidad B las entradas irregulares con los sobresueldos a la c¨²pula, es decir, a los encargados de controlar al tesorero (que entretanto iba forjando su enorme fortuna suiza sin que nadie se diera por enterado). Por eso tiene especial inter¨¦s lo que hoy y ma?ana digan los tres declarantes en condici¨®n de testigos, lo que implica que est¨¢n obligados a decir la verdad.

La otra l¨ªnea de defensa esbozada por Rajoy en su comparecencia del 1 de agosto fue reclamar atenerse al principio de presunci¨®n de inocencia mientras no se pronuncien los tribunales. Ese principio juega para las responsabilidades penales o judiciales en general, pero no para las pol¨ªticas. De hecho, suele ser una forma de esquivar o aplazar estas ¨²ltimas, en la esperanza de que la mayor exigencia del derecho penal respecto a las pruebas, o el simple paso del tiempo, favorezcan un desenlace ben¨¦volo. Por prescripci¨®n, por ejemplo, o por cuestiones procesales, como en el caso Naseiro. Aquel precedente del caso actual ilustra la necesidad de no supeditar la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas a la sustanciaci¨®n de las judiciales.

Cuando la ¨²nica responsabilidad exigible al pol¨ªtico era la penal, el desenlace era frecuentemente la c¨¢rcel. La responsabilidad pol¨ªtica es una alternativa civilizada a ese final. No est¨¢ necesariamente ligada a comportamientos ilegales, sino a la imposibilidad de dar una explicaci¨®n racional y veros¨ªmil de actuaciones indignas, sean o no delictivas; por ejemplo, mentir p¨²blicamente sobre un asunto importante.

El caso B¨¢rcenas es de este tipo. La financiaci¨®n irregular no es un delito tipificado en el C¨®digo Penal, y repartir sobresueldos es en principio una decisi¨®n interna por la que solo podr¨ªan pedir responsabilidades los afiliados. Pero la combinaci¨®n entre ambas cosas define un comportamiento como m¨ªnimo inmoral, que exigir¨ªa algo m¨¢s que lamentar haber dado confianza a un brib¨®n, y probablemente ilegal si el reparto de sobres es una forma de blanquear ingresos obtenidos a cambio de contratos p¨²blicos. Y como reconocer eso traer¨ªa consecuencias, la primera reacci¨®n fue la negaci¨®n enf¨¢tica. Tal vez alguno de los secretarios comprenda que seguir por ese camino solo conduce al suicidio del primer partido de Espa?a, y diga lo que sabe.