Ruiz-Gallard¨®n liquida el poder judicial

Las tribulaciones que los dos grandes partidos est¨¢n experimentando a cuenta de la corrupci¨®n ¡ªespecialmente el PP, con esa bomba de relojer¨ªa que se llama Luis B¨¢rcenas, ni siquiera soportable por abogados sensatos¡ª dejan en un segundo plano las atrocidades que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, est¨¢ perpetrando. No conforme con querer modificar la ley del aborto para impedir que las embarazadas sean asediadas por ¡°determinadas estructuras¡± abortistas, con imponer tasas judiciales que desanimen a los recurrentes, o con la entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, se ha embarcado en una misi¨®n mucho m¨¢s grave: liquidar el Poder Judicial, ya maltrecho por el juego pol¨ªtico de PSOE y PP, pero con posibilidades de ser revitalizado, en lugar de dinamitado, como parece preferir el ministro.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la Constituci¨®n de 1978 cre¨® para desapoderar del Gobierno de los jueces al Poder Ejecutivo, ha funcionado en Espa?a a a?os luz del ¨¦xito cosechado por su modelo, el Consejo Superior de la Magistratura, de Italia. Es probablemente la instituci¨®n constitucional espa?ola que peor resultado ha dado, aunque la responsabilidad de su fracaso no hay que atribuirla a los constituyentes ¡ªcomo en tantos otros desarrollos de la Ley de Leyes¡ª, sino a los constituidos. Ninguna de las sucesivas aberraciones que los dos grandes partidos de Gobierno han cometido con el CGPJ es comparable con la que ha maquinado Ruiz-Gallard¨®n, amparado en la mayor¨ªa absoluta del PP y sin demasiada oposici¨®n del PSOE, que no se atrevi¨® a tanto, pero que ya deterior¨® bastante su funci¨®n, esencial para la democr¨¢tica divisi¨®n de poderes.

Tras un primer CGPJ, el de 1980, copado por la conservadora y corporativa Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, a causa de que el legislador de entonces no acert¨® a dise?ar un sistema proporcional para la elecci¨®n entre los propios jueces de 12 de los 20 vocales, se produjo el cambio sustancial de 1985, cuando el Gobierno socialista aprovech¨® su mayor¨ªa absoluta ¡ª?cu¨¢nto da?o hace a la democracia el mal uso de esas tremendas mayor¨ªas!¡ª para cambiar de modelo: no ser¨ªan ocho juristas los elegidos por las C¨¢maras, sino los 20 vocales.

Amparados en mayor¨ªas absolutas, los dos grandes partidos han deteriorado la funci¨®n del Consejo, clave para la divisi¨®n de poderes

La medida, en s¨ª, parec¨ªa democratizadora ¡ªun ba?o de soberan¨ªa popular para los gobernantes del tercer poder del Estado, el judicial¡ª, pero result¨® nefasta porque, bajo la apariencia de constitucionalizar a una judicatura mayoritariamente anclada en el franquismo, lo que se hizo fue vincular el gobierno de los jueces al Ejecutivo socialista, como si la independencia judicial hubiera de predicarse solamente del Gobierno derechista o centrista, no del de izquierdas.

Una prueba evidente fue una investigaci¨®n sobre torturas en Euskadi, a cargo de la juez Elisabeth Huertas, que cit¨® a declarar a 90 guardias civiles, a lo que se neg¨® el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, con Fernando Ledesma como ministro de Justicia, aunque quien lo explic¨® a trav¨¦s de TVE fue su subordinado Juan Antonio Xiol, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. La raz¨®n de Estado prevaleci¨® sobre la independencia judicial. Como recordaba el magistrado Perfecto Andr¨¦s en el reciente curso de verano sobre Justicia Democr¨¢tica, celebrado en la residencia La Cristalera, de Miraflores de la Sierra (Madrid), dirigido por la historiadora Pilar D¨ªaz S¨¢nchez, en 1985 el PSOE ¡°dio un golpe de mano y efectu¨® una toma del Poder Judicial por la mayor¨ªa pol¨ªtica, haciendo lo contrario de lo que hab¨ªa predicado desde la oposici¨®n¡±.

Y a partir de entonces, el PSOE y el PP, sin ni siquiera discutir ni negociar la cualificaci¨®n jur¨ªdica de cada candidato, se han venido repartiendo el CGPJ: nueve para el PSOE, nueve para el PP, uno para el PNV y uno para CiU (en una ocasi¨®n Llu¨ªs Pasqual Estevill, autor de delitos de corrupci¨®n que terminaron llev¨¢ndole a la c¨¢rcel). Y el presidente ¡ªque la Constituci¨®n exige que lo elijan los 20 vocales¡ª se pacta inconstitucionalmente por los dos principales l¨ªderes pol¨ªticos, como ocurri¨® con el ejemplar caso de Carlos D¨ªvar, sin que nadie impugnara el procedimiento.

?Era posible alcanzar m¨¢s ignominia para apropiarse del CGPJ? S¨ª, lo ha conseguido el ministro Ruiz-Gallard¨®n, con un paso al frente: ya no hay que repartirse el CGPJ; se lo queda el partido mayoritario, cuyos votos aseguran la mayor¨ªa de vocales necesarios para, por ejemplo, designar ¡ªsin tener que negociar con nadie¡ª los nuevos magistrados del Tribunal Supremo, a los que a lo mejor termina cay¨¦ndoles (?qui¨¦n lo puede saber?, recu¨¦rdese el caso Naseiro) todo este l¨ªo del G¨¹rtel o de B¨¢rcenas.

Y, como estamos en crisis y no es cuesti¨®n de gastarse demasiados euros en que los jueces funcionen, a pesar de la importante tarea democr¨¢tica de gobernarles ¡ªformarles, modernizando la anacr¨®nica oposici¨®n memor¨ªstica; inspeccionar a fondo los juzgados y tribunales; decidir sobre los m¨¦ritos para los ascensos; disciplinarles eficazmente como servicio al justiciable; defender la independencia judicial¡ª, 14 de los 20 vocales dejan de ser miembros permanentes del CGPJ y solo a ratos trabajar¨¢n para el Consejo, convertido en una delegaci¨®n del Ministerio de Justicia, a imagen y semejanza de cuando Franco. ?Enhorabuena, se?or ministro!