Abandono sanitario

Un a?o despu¨¦s de que entrara en vigor el decreto de exclusi¨®n de la sanidad p¨²blica de los inmigrantes sin papeles, la situaci¨®n de este colectivo en Espa?a es de una gran confusi¨®n y est¨¢ sometida a una suerte de loter¨ªa que genera grandes desigualdades. El decreto dej¨® sin cobertura a m¨¢s de 150.000 extranjeros adultos y en este tiempo hemos asistido a tristes episodios de desatenci¨®n que han llevado incluso a la muerte por falta de asistencia. Pero mientras algunas autonom¨ªas aplican rigurosamente la exclusi¨®n impuesta por el Gobierno del PP y solo ofrecen atenci¨®n en casos de urgencia o de parto, otras han continuado proporcionando la tarjeta sanitaria que da acceso a una asistencia normalizada, aunque la mayor¨ªa exige un a?o de residencia para evitar el efecto llamada.

En las comunidades que han acatado la exclusi¨®n ¡ªBaleares, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Arag¨®n y Castilla-La Macha¡ª los emigrantes quedan desamparados y solo son atendidos en casos urgentes, sin ninguna continuidad y sin financiaci¨®n para los medicamentos, salvo que encuentren en su camino alguna ONG que sufrague esos gastos. Cuando el Gobierno present¨® esta muy discutible normativa, argument¨® que estaba destinada a combatir el turismo sanitario. Los progresos que se consigan en esa direcci¨®n han de ser saludados, pues no es justo que ciudadanos de otros pa¨ªses que tienen cubierta la asistencia o disponen de recursos suficientes, no abonen la que reciben en nuestro pa¨ªs. Pero ese objetivo pod¨ªa conseguirse sin dejar en el desamparo sanitario al colectivo m¨¢s desvalido: el de los inmigrantes forzosos que no tiene ninguna otra cobertura ni ingresos suficientes.

El Gobierno ha mostrado un imperdonable desd¨¦n hacia este colectivo. Hasta el mes de julio pasado ni siquiera hab¨ªa concretado los t¨¦rminos del convenio con la Seguridad Social que hab¨ªa anunciado para que los extranjeros puedan recibir asistencia previo pago de una p¨®liza. El convenio entrar¨¢ en vigor ma?ana, pero el coste de la p¨®liza ¡ª60 euros entre los 18 y 64 a?os, y 157 para los mayores de 65 a?os¡ª dif¨ªcilmente est¨¢ al alcance de una familia de varios miembros ingresos irregulares. Un a?o despu¨¦s, se echa de menos una evaluaci¨®n de los costes sociales de una decisi¨®n que nunca debi¨® tomarse, pues parece responder m¨¢s a motivos migratorios ¡ªdificultar la permanencia de quienes no tienen trabajo¡ª que sanitarios y que, como dijo el Tribunal Constitucional, atenta contra el derecho a la salud.