La madre de todas las corrupciones

Sabido es que ante unas elecciones, los partidos pol¨ªticos derrochan sus mejores energ¨ªas en conseguir recursos financieros para realizar sus campa?as. Como ha hecho notar el historiador Niall Ferguson, el coste de ¨¦stas representa el cl¨¢sico ejemplo del ¡°dilema del prisionero¡±: si los adversarios cooperan, se puede llegar a acuerdos para limitar el gasto, evitando onerosos costes e innecesarias servidumbres. Sin embargo, suele pasar que la tentaci¨®n de no colaborar es muy grande, a la espera de que los beneficios de alzarse con el triunfo superen los costes de la campa?a. Para ello, los partidos deben obtener financiaci¨®n y espacios donde desarrollar sus campa?as.

Hay distintos sistemas, p¨²blicos y privados. Y los hay que concilian ambas fuentes. El caso de EE UU resulta paradigm¨¢tico del rol de los lobbies, si bien, parad¨®jicamente, tras el caso Watergate, el Congreso aprob¨® una serie de enmiendas a la Federal Campaign Act e introdujo la financiaci¨®n p¨²blica en las campa?as presidenciales, con un l¨ªmite para las aportaciones privadas de los contribuyentes. No obstante, la Decisi¨®n del Tribunal Supremo en el caso Citizens United vs. Federal Electoral Comission de 2010 ha permitido no s¨®lo incrementar las donaciones privadas sino tambi¨¦n omitir su procedencia (dark money). Seg¨²n Josep Fontana en su monumental Por el bien del imperio, a mediados de 2012, a poco de las ¨²ltimas elecciones, el gasto estimado de los Comit¨¦s de Acci¨®n Pol¨ªtica (Super-PACs) de los dos grandes partidos ascend¨ªa a la astron¨®mica cifra de 1.875 milllones de d¨®lares. Si a todo ello se le a?ade el gasto en las recientes campa?as para limitar el acceso al voto de determinados colectivos, como j¨®venes o minor¨ªas ¨¦tnicas, es evidente que el dispendio electoral ha crecido exponencialmente. Seg¨²n el Center por Responsive Politics, fue de 6.000 millones en 2012. No en vano, 30 de las mayores empresas emplean 800 personas en la capital federal dedicadas a promover el fracking o la rebaja de impuestos, adem¨¢s de complacer a centenares de representantes. Seg¨²n Global Exchange, entre 2008 y 2010 el monto por dichos menesteres fue superior al pago de impuestos: 4.200 millones.

Si la financiaci¨®n deja que desear,
la rendici¨®n de cuentas
tampoco funciona

As¨ª pues, tomando como ejemplo la barra libre norteamericana puede concluirse que si la financiaci¨®n es eminentemente privada se acaba comprometiendo la igualdad de oportunidades y el inter¨¦s general. Constituye un contrato de reciprocidad, en el que subvencionar una campa?a se hace a cambio de cargos o de la adjudicaci¨®n de contratos. Prueba de ello es que desde Carter hasta Obama ning¨²n presidente ha tenido empacho alguno en realizar todo tipo de nombramientos.

Por su parte, el sistema h¨ªbrido p¨²blico-privado espa?ol ha puesto al descubierto no pocos problemas, especialmente vinculados a empresas constructoras que esperan el regreso de favores a cambio de donativos m¨¢s o menos opacos. La modificaci¨®n en 2003 de la Ley Org¨¢nica 3/1987, de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, fue un paso modesto con la idea de alterar el oscurantismo financiador existente desde los albores de la democracia. Se incorporaron dos grandes novedades: la inclusi¨®n en los Presupuestos del Estado de una asignaci¨®n para sufragar los gastos de seguridad y la actividad regular de los partidos, as¨ª como la prohibici¨®n de que las empresas que contratan con el sector p¨²blico hicieran donaciones. En 2007, el pacto de investidura PSOE-ERC posibilit¨® una nueva reforma para fijar un umbral (100.000 euros al a?o) y publicitar los donativos privados, pero sin distinguir entre los partidos y otros entes como las fundaciones y similares que se relacionan con aquellos, que pasaron a ser el refugio preferido de los criptodonantes. Pese a sus aspectos globalmente ben¨¦ficos, salta a la vista que la reforma no ha disminuido la exuberancia irracional de los partidos puesto que, cuando se aceptan favores, m¨¢s tarde o m¨¢s temprano alguien viene a cobrarlos. Adem¨¢s, la ley supuso la concesi¨®n de m¨¢s dinero p¨²blico sin extremar las medidas de control y transparencia. Y, por si fuera poco, se establecieron clamorosas excepciones a la regla general: el techo de 100.000 euros no se aplic¨® a las donaciones de inmuebles, la cesi¨®n de activos a precios inferiores a los de mercado, cr¨¦ditos en t¨¦rminos ventajosos o a la prestaci¨®n de servicios profesionales. La prohibici¨®n para contratar con el sector p¨²blico no afectaba a las donaciones anteriores a la firma de un contrato, o una vez ya finalizado. Y aquellos polvos trajeron los lodos que se pasean a diario por nuestros juzgados y telediarios.

Hay que imponer una transparencia ¡®n¨®rdica¡¯ y rastrear hasta el
¨²ltimo ¡®ticket¡¯ de caja

En otro orden de cosas, si el r¨¦gimen de financiaci¨®n deja mucho que desear, el procedimiento de rendici¨®n de cuentas tampoco es nada satisfactorio. El marco vigente en el periodo 2007-2012, antes de una reforma acaecida en 2012, no obligaba a los partidos a integrar en sus cuentas la actividad de sus sedes locales, donde es obvio que pueden producirse circunstancias irregulares vinculadas a la corrupci¨®n de signo urban¨ªstico. Tampoco de presentar las cuentas de los grupos parlamentarios, ni de integrar en su contabilidad la de las fundaciones y otros entes concernidos. Y eso que cuando se redactaron las leyes de 2007 y 2012 ya exist¨ªan recomendaciones del Tribunal de Cuentas y del Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n en ese sentido. La reciente modificaci¨®n de 2012, cuyos efectos ya se ver¨¢n, constituy¨® m¨¢s que nada un intento de adecuar las subvenciones al contexto de crisis econ¨®mica. Aun as¨ª, se introdujeron medidas para diferenciar la financiaci¨®n de partidos, fundaciones y asociaciones vinculadas, adem¨¢s de ampliar los sujetos que no pueden financiar partidos por recibir aportaciones de las Administraciones. Tambi¨¦n se modific¨® lo concerniente a las condonaciones bancarias y se incorpor¨® la obligaci¨®n de notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones superiores a 50.000 euros y las de bienes inmuebles.

Subsiste, con todo, el problema m¨¢s acuciante: la racionalizaci¨®n del gasto electoral, ni que sea para abolir el asfixiante mailing electoral, que supone un tercio del coste de toda campa?a, y que deber¨ªa realizar el Estado para todas las candidaturas de forma conjunta, como sucede en Francia. Adem¨¢s, las campa?as ¡°reales¡± deber¨ªan ajustarse a las campa?as ¡°legales¡±, de modo que los partidos gasten menos dinero en autobombo a trav¨¦s de precampa?as permanentes, que deber¨ªan prohibirse o circunscribirse a los 15 d¨ªas anteriores a los comicios. Del mismo modo, habr¨ªa que reducirse la publicidad est¨¢tica y la inserci¨®n de anuncios, a cambio de m¨¢s espacios de debate en los medios audiovisuales p¨²blicos. Y, sobre todo, en cuanto la econom¨ªa lo permita, institucionalizar un sistema esencialmente p¨²blico y bien dotado, a cambio de potenciar los ¨®rganos fiscalizadores, despolitizados, que impongan una transparencia n¨®rdica y que alcancen a rastrear hasta el ¨²ltimo ticket de caja. No todo es, pues, cuesti¨®n de reformar el C¨®digo Penal. Se trata de acometer cambios tangibles y realistas, que permitan a los partidos superar el test democr¨¢tico m¨¢s all¨¢ de la acostumbrada palabrer¨ªa, fuente de su actual descr¨¦dito y deslegitimaci¨®n.

Joan Ridao es profesor del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad de Barcelona, ESADE-URL.