Colombia y el precio de la paz
Es una mala decisi¨®n terminar un conflicto pensando solo en el castigo de los culpables
La relaci¨®n entre paz y justicia es desde hace mucho tiempo tema de un arduo y conflictivo debate. Algunos dicen que el af¨¢n de justicia puede ser un obst¨¢culo en la b¨²squeda de soluciones a los conflictos, mientras que otros (entre quienes se cuenta Fatou Bensouda, fiscal general del Tribunal Penal Internacional) afirman que la justicia es una precondici¨®n de la paz. Esta cuesti¨®n deber¨ªa ser objeto de una cuidadosa consideraci¨®n de parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en momentos en que dirige las conversaciones de paz m¨¢s prometedoras que haya habido en su pa¨ªs, tras cinco d¨¦cadas de conflicto brutal con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Un modelo ideal de aplicaci¨®n de justicia post-conflicto puede hallarse en los juicios de N¨²remberg, celebrados tras la rendici¨®n incondicional de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se trata de conflictos que terminan sin vencedores ni vencidos, la tarea del pacificador es mucho m¨¢s compleja, ya que en estos casos, lo que est¨¢ en juego puede obligar a elegir entre la reconciliaci¨®n y la b¨²squeda de responsabilidades.
?De 1945 a esta parte, la historia nos muestra m¨¢s de 500 casos de transiciones post?conflicto que incluyeron una amnist¨ªa; y desde los a?os setenta, al menos catorce pa¨ªses (entre ellos Espa?a, Mozambique y Brasil) otorgaron amnist¨ªas a reg¨ªmenes culpables de graves violaciones a los derechos humanos. En Sud¨¢frica, la amnist¨ªa fue un elemento clave del proceso de ¡°verdad y reconciliaci¨®n¡± que hizo posible poner fin a m¨¢s de cuatro d¨¦cadas de gobierno de la minor¨ªa blanca y lograr una transici¨®n pac¨ªfica hacia la democracia.
Desde los a?os sesenta al menos catorce pa¨ªses otorgaron amnist¨ªas a reg¨ªmenes culpables de violaciones
Puede citarse tambi¨¦n lo ocurrido en 2003, cuando el presidente de Nigeria ofreci¨® asilo a su hom¨®logo de Liberia, Charles Taylor, con la condici¨®n de que este se retirara de la pol¨ªtica, medida que contribuy¨® a poner fin a la rebeli¨®n en su contra. (En este caso, la justicia lleg¨®, pero m¨¢s tarde: en 2012, el TPI hall¨® a Taylor culpable de 11 cargos de complicidad con cr¨ªmenes de guerra en Sierra Leona; fue la primera vez despu¨¦s de N¨²remberg que un tribunal internacional conden¨® a un ex jefe de estado por esa clase de cr¨ªmenes.)
Claro que ofrecer una v¨ªa de escape a criminales de guerra y violadores de los derechos humanos puede ser doloroso, pero a veces la posibilidad de terminar el sufrimiento de la poblaci¨®n civil puede m¨¢s que una b¨²squeda principista de justicia. ?Qui¨¦n se opondr¨ªa hoy a una amnist¨ªa al presidente de Siria, Bashar Al Assad, si esta sirviera para terminar la brutal guerra civil que ya caus¨® m¨¢s de 100.000 muertes y cre¨® casi dos millones de refugiados (entre ellos, un mill¨®n de ni?os) en apenas dos a?os?
Tal es, precisamente, el dilema al que se enfrenta ahora Santos. Las infinitas atrocidades cometidas por las FARC hacen dif¨ªcil de aceptar la idea de dejarlas sin castigo. Pero a nadie beneficia prolongar un conflicto que ya produjo m¨¢s de 200.000 muertes y alrededor de cinco millones de desplazados.
El motivo original del conflicto en Colombia qued¨® resuelto con el reciente logro de un acuerdo de reforma agraria, de modo que ahora la cuesti¨®n de la justicia transicional ser¨¢ lo que determine el ¨¦xito del proceso de paz. Si conferir impunidad a los perpetradores de cr¨ªmenes de lesa humanidad (por m¨¢s moralmente reprobables que sean) puede servir para poner fin al conflicto y proteger de da?o a las posibles v¨ªctimas futuras, tal vez dicho resultado justifique sacrificar el objetivo de justicia plena para las v¨ªctimas pasadas.
En vez de lanzarse a vencer a los insurgentes como fuera, Santos eligi¨® el camino pol¨ªticamente m¨¢s dif¨ªcil: la b¨²squeda de un acuerdo negociado. Esto es se?al de que est¨¢ dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger de m¨¢s violencia a las comunidades rurales que tanto la han sufrido.
Y Santos no ser¨ªa tampoco el primer jefe de estado que renuncie a pedir castigo a los culpables. En 2003, Estados Unidos y la Uni¨®n Europea dieron su conformidad al acuerdo que termin¨® formalmente la guerra civil en la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo (que ya se hab¨ªa cobrado casi cuatro millones de vidas), aunque el arreglo no inclu¨ªa ninguna disposici¨®n respecto de los responsables de cr¨ªmenes de guerra. Lo mismo puede decirse del Acuerdo Integral de Paz firmado en Sud¨¢n en 2005, que puso fin a 22 a?os de guerra civil en la que murieron m¨¢s de dos millones de personas.
Santos ha elegido el camino m¨¢s dif¨ªcil: la b¨²squeda de un acuerdo negociado
En estos casos (y lo mismo vale para Colombia hoy) no era viable aplicar una idea fundamentalista de justicia transicional; m¨¢s bien, hab¨ªa que hacer justicia de acuerdo con las condiciones pol¨ªticas concretas que hicieron posible la transici¨®n. Despu¨¦s de todo, la justicia transicional no es un asunto estrictamente judicial, sino que es, en esencia, una soluci¨®n pol¨ªtica, un contrato hist¨®rico de reconciliaci¨®n nacional.
Puede ocurrir que el complejo contexto pol¨ªtico de Colombia obligue a Santos a buscar f¨®rmulas alternativas para conciliar la paz con la justicia; por ejemplo: reducci¨®n de penas, condenas a labores comunitarias, veredictos condicionales o asilo en otros pa¨ªses. Pero todas estas opciones (y mucho m¨¢s una amnist¨ªa) deben estar supeditadas a que los insurgentes desmovilizados cooperen plenamente con los tribunales (lo cual incluye confesar todos los cr¨ªmenes cometidos).
Siguiendo este razonamiento, el l¨ªder de las FARC, Pablo Catatumbo, reconoci¨® que las guerrillas provocaron ¡°dolor¡± y ejercieron ¡°crueldad¡±, y pidi¨® una amnist¨ªa general que incluya tanto las violaciones de los derechos humanos cometidas por las FARC como las debidas a las fuerzas de seguridad estatales. Adem¨¢s, insisti¨® en que un prerrequisito para la paz y la reconciliaci¨®n nacional es que se identifique y compense a las v¨ªctimas.
Cuando est¨¢ en juego la soluci¨®n de un conflicto, pensar solamente en castigar a los culpables suele ser mala decisi¨®n. El arzobispo Desmond Tutu, l¨ªder de la transici¨®n democr¨¢tica sudafricana, describi¨® una alternativa (la justicia restauradora) que hace hincapi¨¦ en ¡°crear puentes, reconstruir equilibrios perdidos y restaurar relaciones¡±. Esta idea de justicia, constructiva y orientada al futuro, tambi¨¦n puede ayudar a Santos a garantizar el futuro pac¨ªfico y seguro que los colombianos se merecen.
Shlomo Ben-Ami, exministro israel¨ª de Asuntos Exteriores, es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y autor del libro Cicatrices de guerra, heridas de paz: la tragedia ¨¢rabe-israel¨ª.
Traducci¨®n: Esteban Flamini
Copyright: Project Syndicate, 2013.
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