Corrosi¨®n

La corrupci¨®n se ha convertido en el principal factor de corrosi¨®n de la moral y de la confianza en los partidos pol¨ªticos y las instituciones, y es ya el segundo problema que m¨¢s preocupa a la ciudadan¨ªa despu¨¦s del paro, seg¨²n el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas. A ello se refiri¨® ayer, acertadamente el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Especialmente preocupante es el dato de la memoria de la fiscal¨ªa seg¨²n el cual se ha incrementado en un 23% los casos de prevaricaci¨®n administrativa y en un 120% los de fraude por parte de una autoridad o un funcionario p¨²blico, delitos que comportan un claro abuso de poder. Todo ello ayuda a entender que los pol¨ªticos se hayan situado en el cuarto puesto de la lista de lo que m¨¢s preocupa a los ciudadanos; con lo que, en lugar de ser parte de la soluci¨®n, como debieran, son percibidos como parte del problema.

Atribuye el fiscal general el problema, en gran parte, al desencuentro entre la sociedad y la justicia, y se?ala las limitaciones del proceso penal a la hora de controlar la acci¨®n administrativa. Si se ha llegado hasta este punto es por la falta de mecanismos para prevenir la corrupci¨®n o para perseguirla en sus inicios. El hecho de que se est¨¦n investigando ahora casos que se iniciaron hace mucho tiempo y se prolongaron durante a?os con una gran cantidad de implicados indica que no han funcionado los mecanismos de control. Ni los ordinarios de procesos administrativos ni aquellos otros encargados de una funci¨®n espec¨ªfica, como el Tribunal de Cuentas.

A la falta de mecanismos de control hay que a?adir la escasez de recursos. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n dispone de medios para las causas m¨¢s notorias, pero el 80% de los casos de corrupci¨®n van a parar a los juzgados ordinarios, que trabajan en condiciones de notable precariedad. Tampoco tienen la dimensi¨®n adecuada otros instrumentos de soporte de la justicia, como los destinados a combatir el fraude fiscal.

Para una sociedad tan afectada por la crisis, que ve c¨®mo se recortan los servicios p¨²blicos, resulta descorazonador comprobar que muchos de los casos de delito por fraude fiscal que se investigan han prescrito, y que otros se saldan con penas m¨ªnimas por problemas en la instrucci¨®n. La dilaci¨®n en los procesos, con una media de ocho a?os de tramitaci¨®n en los casos de corrupci¨®n, no puede sino contribuir a la desconfianza en la capacidad del sistema judicial para hacer frente a esta situaci¨®n.

La justicia tiene una gran responsabilidad en la lucha contra la corrupci¨®n; pero, para ejercerla, se necesita un poder judicial fuerte e independiente. Y si en los ¨²ltimos a?os ha sufrido un creciente descr¨¦dito por los intentos de control partidista, ahora su credibilidad no se ver¨¢ precisamente reforzada por una reforma que deja pr¨¢cticamente en manos del Ejecutivo el gobierno de los jueces.