Piratas del siglo XXI

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, confirm¨® ayer el endurecimiento del castigo a la pirater¨ªa digital, traducido en una penalizaci¨®n expresa de las webs que enlacen con sitios donde se almacena material sujeto a leg¨ªtimos derechos de autor. La criminalizaci¨®n de las p¨¢ginas de enlaces se limita a los casos en que exista ¨¢nimo de lucro y en ning¨²n caso se actuar¨¢ contra los usuarios, ni contra los programas P2P que permiten compartir contenidos. Se aleja as¨ª la tentaci¨®n de incurrir en fracasos como el de la norma francesa, recientemente anulada, que autorizaba el corte del acceso a Internet para hogares donde se efect¨²an descargas ilegales.

Acierta, sin duda, el Ejecutivo al prometer la c¨¢rcel a los autores de conductas graves, aunque los juristas se muestran un tanto esc¨¦pticos sobre la eficacia de la medida. La persecuci¨®n a golpe de C¨®digo Penal exige, primero, que entre en vigor: el castigo a la pirater¨ªa digital va incluido en una reforma muy amplia de la ley penal, lo cual alargar¨¢ las discusiones parlamentarias durante meses. Y por cierto, hay un debate pendiente sobre la proporcionalidad de las penas previstas, que son de hasta seis a?os de c¨¢rcel. El castigo penal debe considerarse un medio de disuasi¨®n de los ladrones, insuficiente para rectificar el auge de la pirater¨ªa digital, aunque oportuno para volver al debate de la falta de respeto a la propiedad intelectual, que tan mala imagen internacional da de Espa?a.

La libertad predicada de la Red ha extendido la idea de que el ciberespacio es pr¨¢cticamente ajeno al Estado de derecho y de que todo cuanto existe en el mismo debe usarse gratuitamente. Si esta idea pervive, se puede dar por terminada la creaci¨®n cultural y considerar que hay consenso social para estrangular el futuro de m¨²sicos, escritores, cineastas y dem¨¢s creadores, puesto que ya no podr¨ªan vivir de su trabajo. Una perspectiva dram¨¢tica para la industria cultural ¡ªya suficientemente rejoneada por la elevaci¨®n del IVA al 21% en sus productos¡ª, y amenazada de destrucci¨®n por los piratas del siglo XXI. No es casualidad que acabe de cerrar la principal distribuidora de cine de autor que exist¨ªa en Espa?a; ni que Estados Unidos, siempre inquieto por el enorme volumen de la pirater¨ªa digital espa?ola, haya designado embajador en Madrid a una persona procedente de su industria cultural.

Sin perjuicio de penalizar las conductas m¨¢s da?inas, los poderes p¨²blicos tienen la obligaci¨®n paralela de invertir en la educaci¨®n y concienciaci¨®n de la sociedad. No se pueden utilizar otros muchos productos y servicios ¡ªincluidas las redes de telecomunicaci¨®n¡ª sin pagar su precio, porque se llevar¨ªa a la ruina a sus empresas y trabajadores; lo mismo sucede con los productos culturales. Facilitar su uso gratuito no solo es un robo, sino el modo m¨¢s seguro de acabar con la cultura. Y eso no puede permit¨ªrselo ninguna sociedad civilizada.