Peque?as ideas contra la corrupci¨®n

A la memoria de Rafael Barranco Vela

Entre las tareas que nuestros pol¨ªticos han afrontado este verano destaca sobremanera la lucha contra la corrupci¨®n, que casi habr¨ªa que escribir con may¨²scula, la Corrupci¨®n, tal y como parece que la pronuncian algunas personas p¨²blicas, afanadas en su batalla contra este monstruo, convertido en un nuevo Behemoth b¨ªblico, como el que conoci¨® Thomas Hobbes en la turbulenta Inglaterra del siglo XVII y contra el que dise?¨® el Leviat¨¢n, el buen monstruo estatal. As¨ª, estamos impacientes por ver c¨®mo se desarrollan las 40 medidas del plan nacional de regeneraci¨®n democr¨¢tica que el Gobierno acaba de aprobar y que, por lo que ha anunciado, va a afectar a 10 leyes con el prop¨®sito de reforzar el control de la actividad econ¨®mica de los partidos, mejorar la regulaci¨®n del ejercicio de cargos p¨²blicos e implantar medidas penales y procesales de lucha contra la corrupci¨®n.

Por fortuna, el Gobierno no est¨¢ solo en esa lucha, pues todos los partidos de la oposici¨®n tienen el mismo objetivo, como demuestran a diario en sus declaraciones y han corroborado con hechos en la votaci¨®n de la Ley de Transparencia en el Congreso: varios partidos la han apoyado y los que no lo han hecho, como el PSOE, IU y UPyD, ha sido porque el texto les ha parecido insuficiente. Para los ciudadanos es una tranquilidad ver que en el debate pol¨ªtico todos los partidos han asumido la idea de que hay que legislar teniendo en cuenta que ¡ªusando la cl¨¢sica frase de James Madison¡ª los hombres no son ¨¢ngeles, de tal forma que es necesario extremar los mecanismos de control. Como esa tarea de los partidos es herc¨²lea, creo que los ciudadanos no debemos dejarlos solos y tendr¨ªamos que pensar c¨®mo ayudarles.

L¨®gicamente, la primera ayuda que a uno se le ocurre es la de hacerles sugerencias sobre esa legislaci¨®n que tanto les preocupa. Por ejemplo, si el PP ha ideado un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se le puede sugerir que su presidente sea una persona nombrada por consenso y no por el ministro de Hacienda (aunque refrendado por una comisi¨®n del Congreso). Si la instrucci¨®n penal va a recaer en los fiscales, paralelamente habr¨ªa que convertirlos en independientes del Gobierno, evitando situaciones tan esperp¨¦nticas como la protagonizada por el ministro de Justicia en el Senado ¡°garantizando¡± ¡ªcomo si ¨¦l fuera su jefe¡ª que las distintas fiscal¨ªas territoriales act¨²an de un ¡°modo homog¨¦neo¡± en los casos de robos de beb¨¦s. Si se va a objetivar el sistema de nombramiento de los secretarios municipales, a lo mejor ser¨ªa conveniente devolverles su antiguo papel de jefes de personal o buscar cualquier otra forma de evitar la continua injerencia de los pol¨ªticos en la carrera administrativa de los funcionarios locales. Si se ha modificado el C¨®digo Penal para suprimir el ominoso privilegio que ten¨ªan los partidos y los sindicatos de no tener ninguna responsabilidad penal, a diferencia del resto de las personas jur¨ªdicas, y se propone introducir el delito de financiaci¨®n ilegal de los partidos, no se deber¨ªa olvidar modificar la prevaricaci¨®n administrativa para que su ¨²nica pena deje de ser la inhabilitaci¨®n. Y, desde luego, habr¨ªa que acabar con la preconstitucional capacidad del Gobierno de indultar a quien le venga en gana, incluidos no pocos alcaldes y concejales.

Si se introduce el delito de financiaci¨®n ilegal se deber¨ªa tambi¨¦n modificar la pena para la prevaricaci¨®n administrativa

En fin, se podr¨ªan hacer muchas propuestas de mejora de nuestra legislaci¨®n, como las que brillantemente ha realizado mi colega Joan Ridao sobre las campa?as electorales. Sin embargo, pens¨¢ndolo mejor, el Gobierno y la oposici¨®n ya tienen sus propios expertos de gran nivel (tanto que algunos terminan en el Constitucional) que estudian todos los pros y los contras de los remedios legislativos que a los juristas de a pie se nos puedan ocurrir. As¨ª que hay que buscar otra forma de echar una mano. Y como los partidos est¨¢n muy ocupados en el dise?o legislativo y no siempre les queda tiempo para los an¨¢lisis de los casos concretos de corrupci¨®n, creo que nuestra ayuda deber¨ªa de centrarse en esos casos.

Por ejemplo, dici¨¦ndoles educadamente no solo que no vamos a votar una lista con candidatos procesados, sino que tampoco votaremos a un partido que no limpie adecuadamente sus filas de personas implicadas directa o indirectamente en casos de corrupci¨®n. Y esto nos lleva a un punto tan concreto que los partidos, con sus grandes preocupaciones, no siempre tienen tiempo de atender: una cosa es la responsabilidad penal y otra es la pol¨ªtica. As¨ª, el caso B¨¢rcenas no puede terminarse pol¨ªticamente con un ¡°me equivoqu¨¦¡± y ni una sola dimisi¨®n por nombrar y mantener a esa persona gestionando la contabilidad del PP durante m¨¢s de 15 a?os. Ni el de los ERE con un ¡°me averg¨¹enzo¡± y a esperar los resultados de una causa judicial que ya ronda los 120 imputados. Por fortuna, hoy la tecnolog¨ªa nos permite brindar f¨¢cilmente este tipo de ayuda a los partidos: basta con firmar en alguna de las plataformas de peticiones que existen en Internet, como son Avaaz.org y Change.org. Qui¨¦n nos iba a decir que el derecho de petici¨®n, t¨ªpicamente medieval, iba a revivir en la era digital para ponerse al lado del derecho de voto y, juntos, permitirnos a los ciudadanos luchar contra la corrupci¨®n.

Agust¨ªn Ruiz Robledo es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.