El tramposo argumento del ¡°derecho a decidir¡±

Una de las cosas m¨¢s sorprendentes del actual debate pol¨ªtico en Catalu?a es la casi universal aceptaci¨®n por parte de sus ¨¦lites pol¨ªticas del jur¨ªdicamente inexistente ¡°derecho a decidir¡±. En realidad, como ya se ha explicado otras veces, el ¡°derecho a decidir¡± no es sino una versi¨®n edulcorada del derecho de autodeterminaci¨®n, que, este s¨ª, tiene claramente definidas las condiciones de su ejercicio en el derecho internacional. Pero el derecho de autodeterminaci¨®n es un expediente que, por su vinculaci¨®n hist¨®rica a los planteamientos, entre otros, de la izquierda marxista, resulta dif¨ªcil de digerir para parte de los sectores mesocr¨¢ticos que constituyen el grueso del movimiento independentista catal¨¢n. M¨¢s as¨¦ptico, vaporoso y desnudo de connotaciones hist¨®ricas, el ¡°derecho a decidir¡± parece remitir simplemente al respeto por los procedimientos democr¨¢ticos.

Como es sabido, el ejercicio del derecho de autodeterminaci¨®n solo es reconocido en la pr¨¢ctica internacional cuando concurren circunstancias (dominaci¨®n colonial, ocupaci¨®n militar, agresi¨®n grave y flagrante contra una minor¨ªa nacional) que, salvo para las mentes m¨¢s delirantes del mundo nacionalista catal¨¢n, no se dan en Catalu?a. Siendo as¨ª que los dirigentes y publicistas del secesionismo tienen claro que la ¨²nica posibilidad de completar su programa pasa por la internacionalizaci¨®n del conflicto, saben tambi¨¦n que, si presentasen a Catalu?a ante el mundo como una naci¨®n oprimida, sus planteamientos dif¨ªcilmente iban a resultar comprendidos.

El ¡°derecho a decidir¡± resuelve ese problema al trasladar el debate desde lo nacional al terreno del respeto democr¨¢tico por la opini¨®n de la mayor¨ªa. Con el derecho internacional en la mano, Catalu?a no tiene derecho a la autodeterminaci¨®n (como no lo ten¨ªa Quebec en relaci¨®n con Canad¨¢, seg¨²n la sentencia sobre el tema del Tribunal Supremo canadiense). Pero ?c¨®mo objetar el simple ejercicio de la democracia que representa el ¡°derecho a decidir¡±? Si hay una mayor¨ªa de ciudadanos y ciudadanas de Catalu?a que quieren ser preguntados sobre el tipo de vinculaci¨®n que deber¨ªa existir entre esta y Espa?a, ?c¨®mo puede cualquier dem¨®crata oponerse a la realizaci¨®n de una consulta semejante? Argumento de potencia innegable, pero tramposo.

Catalu?a tiene un problema real y hay que darle una respuesta democr¨¢tica

En realidad, ese ¡°derecho a decidir¡±, ese supuesto ejercicio de democracia radical, aparece en nuestro debate circunscrito a una ¨²nica cuesti¨®n: la independencia de Catalu?a. A Mas, Junqueras o la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, no se les pasa por la imaginaci¨®n que la sociedad catalana pudiera tambi¨¦n ejercer su derecho a decidir sobre, por ejemplo, los brutales recortes sociales que el ¡°Govern dels millors¡± del presidente Mas, ahora con la connivencia de su aliado (y jefe de la oposici¨®n al mismo tiempo), perpetra desde hace a?os contra sus connacionales. Por otra parte, resulta absolutamente falaz el argumento de que basta con que una mayor¨ªa de ciudadanos de un territorio determinado exija ser consultado sobre un tema capital para que tal consulta tenga que ser aceptada por todo dem¨®crata que se precie. Sin pretender establecer comparaci¨®n alguna entre situaciones que nada tienen que ver entre s¨ª: ?alg¨²n dem¨®crata defender¨ªa que, cinco d¨¦cadas atr¨¢s, el Gobierno de Estados Unidos deber¨ªa haber atendido una hipot¨¦tica demanda de ejercer el ¡°derecho a decidir¡± sobre la legislaci¨®n que pretend¨ªa acabar con la segregaci¨®n racial, si lo hubiese pedido una amplia mayor¨ªa de los habitantes de alguno de los Estados del sur donde dominaban los partidarios de dicha segregaci¨®n? Si la respuesta, quiero creer, es no, ?cu¨¢ndo, entonces, ser¨ªa leg¨ªtimo ejercer tal derecho y cu¨¢ndo no? ?Sobre qu¨¦ temas s¨ª y sobre qu¨¦ temas no? ?Y qui¨¦n decidir¨ªa sobre ello?

El ¡°derecho a decidir¡± no puede ser base de legitimaci¨®n de nada porque no es m¨¢s que un artefacto ad hoc para saltar lo que con la legalidad internacional ¡ªy no solo la espa?ola¡ª en la mano ser¨ªa un muro infranqueable. Ahora bien, eso no quiere decir que el problema que hay planteado en Catalu?a no sea real y que no haya que darle una respuesta democr¨¢tica, que ha de ser pol¨ªtica antes que ¡ªaunque tambi¨¦n¡ª jur¨ªdica; el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Canad¨¢ sobre el caso de Quebec (m¨¢s que el ejemplo de Escocia) podr¨ªa servir para alumbrar el camino. La respuesta debe empezar, sin embargo, en el terreno de las ideas, enfrentando los argumentos sobre los que se sostiene un movimiento que, mal que pese a muchos, es de masas y cuenta con un relato potente que mezcla razones atendibles con no pocas falsedades, algunas de las cuales pueden llegar a resultar cre¨ªbles porque contienen fragmentos de verdad. Ponerse de perfil, atrincherarse tras el ordenamiento legal vigente sin ofrecer alternativa alguna o, peor a¨²n, amenazar con el uso de no se sabe qu¨¦ instrumentos contundentes no solo no resolver¨¢ nada, sino que har¨¢ que quienes defienden la secesi¨®n se froten las manos de contento.

Atrincherarse tras el ordenamiento legal solo da armas a los secesionistas

Quienes creemos que los ciudadanos y las ciudadanas catalanes estaremos mejor dentro de una Espa?a que sepa refundarse sobre bases federales y respetuosas con su pluralidad interna que en una Catalu?a independiente y, como parece m¨¢s que evidente, internacionalmente aislada, no solo tenemos argumentos para defender esa opci¨®n, sino que no tenemos miedo a contarlos. Eso s¨ª, en serio y sin ventajismos: una hipot¨¦tica consulta no deber¨ªa tener lugar en 2014 porque ese a?o no es neutral en esta cuesti¨®n, pero sobre todo porque hace falta m¨¢s tiempo para un debate sereno e informado que permita a los ciudadanos pronunciarse con fundamento, sin que ello signifique tampoco dilaciones injustificables; y la respuesta a la pregunta, que habr¨ªa de ser meridianamente clara, no deber¨ªa limitarse a un s¨ª o un no a la independencia de Catalu?a; si de verdad se trata de saber qu¨¦ quieren realmente los catalanes y las catalanas (porque se trata de eso, ?o no?) la pregunta deber¨ªa tener tres respuestas posibles: independencia, Estado federal con mayor grado de autogobierno que el actual o mantenimiento del Estatuto de autonom¨ªa vigente, es decir, los tres proyectos que defienden las fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n en el Parlament actual y que cuentan con respaldo constatado en la sociedad catalana.

Me temo que buena parte de los nacionalistas espa?oles no querr¨¢ ni o¨ªr hablar de una consulta organizada bajo el paraguas de la legislaci¨®n vigente (para lo que hay margen suficiente, tal como han explicado constitucionalistas prestigiosos en absoluto sospechosos de veleidades separatistas). Grave error que pagaremos todos a medio o largo plazo. Los secesionistas, a su vez, no querr¨¢n ni o¨ªr hablar de las dos condiciones antes mencionadas, especialmente de la segunda, que pondr¨ªa de manifiesto la complejidad y pluralidad de la sociedad catalana en la cuesti¨®n identitaria y en lo relativo a las opciones sobre la organizaci¨®n territorial del Estado. Pero entonces habr¨ªa que recordarles que ellos no tienen el monopolio de la definici¨®n de c¨®mo se ha de organizar el ejercicio de la democracia; y que tiempo para el debate y una pregunta con esas tres respuestas fue lo que defendi¨® Alex Salmond en sus negociaciones con el premier Cameron que condujeron al acuerdo para la celebraci¨®n del refer¨¦ndum en Escocia. Claro que es posible que nuestros secesionistas consideren a Salmond un espa?olista peligroso.

Francisco Morente es profesor titular de Historia Contempor¨¢nea de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona.