?rdago en Atenas

El arresto por las autoridades griegas de la plana mayor de Aurora Dorada, impulsado por el asesinato el mes pasado de un rapero antifascista a manos de un presunto miembro del grupo neonazi, otorga un respiro al fr¨¢gil Gobierno de coalici¨®n de Antonis Samar¨¢s, acusado de indulgente con la violencia de la extrema derecha. Pero ser¨¢ poco m¨¢s que eso si los jueces no establecen inequ¨ªvocamente el car¨¢cter criminal de la formaci¨®n pol¨ªtica, crecida exponencialmente al amparo de los efectos sociales m¨¢s perniciosos de la formidable crisis griega.

Est¨¢ fuera de toda duda la necesidad de poner coto a uno de los grupos m¨¢s violentos de Europa, al que el sumario de la fiscal¨ªa acusa de funcionar con principios parecidos a los del partido nazi, incluyendo un brazo paramilitar. Ni el discurso ni los m¨¦todos de Aurora Dorada, que desde su nacimiento a finales de los ochenta se ha caracterizado por aterrorizar a los inmigrantes y utilizar una descarnada xenofobia como arma electoral, tienen encaje en un marco pol¨ªtico democr¨¢tico. Pese a ello, su apoyo en las encuestas ha llegado al 15% en los ¨²ltimos meses.

El asalto frontal contra el partido, declarado organizaci¨®n criminal por el Gobierno de Atenas, no est¨¢ exento, sin embargo, de riesgos para el primer ministro Samar¨¢s. Uno de ellos es la necesidad de hacer luz, con todas sus consecuencias, sobre la posible connivencia entre la polic¨ªa y la extrema derecha, algo no excepcional en Grecia desde la II Guerra Mundial. Samar¨¢s, defensor a ultranza de la profesionalidad de la polic¨ªa, se ha visto forzado por la presi¨®n de la calle a abrir una investigaci¨®n sin contemplaciones, iniciada con la destituci¨®n previa de media docena de altos cargos.

De mayor alcance es el ¨®rdago que representa la detenci¨®n del jefe de un partido parlamentario y numerosos diputados. Aurora Dorada, tercera fuerza m¨¢s popular de Grecia, ha pasado del 0,3% de los votos en 2009 al 7% con que lleg¨® al Legislativo el a?o pasado. Esos arrestos, por su excepcionalidad ¡ªhay que remontarse a la ca¨ªda de la junta militar en 1974¡ª, exigir¨¢n pruebas contundentes ante los tribunales sobre el car¨¢cter conspirativo de la formaci¨®n. Y acarrean la posibilidad a?adida, si se cumpliera la amenaza de retirada parlamentaria, de forzar unas elecciones parciales que el inestable Gobierno griego, sobre el que planea un tercer rescate econ¨®mico, no parece en condiciones de afrontar.