La Ley no tolera atajos

Lo primero aclarar la situaci¨®n, que muchas informaciones de prensa parecen decididas a confundir, ignoro por qu¨¦ raz¨®n (aunque pueda sospecharlo). La Grand Chambre del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha ¡°tumbado¡± la llamada doctrina Parot sobre la forma de cumplimiento de las penas privativas de libertad. Esta doctrina est¨¢ hoy d¨ªa integrada en la legislaci¨®n vigente y se aplica y aplicar¨¢ sin ning¨²n problema a todos los delitos terroristas cometidos con posterioridad a su entrada en vigor. El TEDH ni siquiera ha so?ado impugnarla.

Lo que este tribunal ha declarado incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos es la aplicaci¨®n retroactiva de esa ¡°doctrina¡± a delincuentes que hab¨ªan comenzado a cumplir sus penas antes de que, en una malhadada decisi¨®n de 2006, el Tribunal Supremo espa?ol decidiera cambiar sobre la marcha las reglas del juego y mantener a una terrorista en prisi¨®n m¨¢s tiempo del que le correspond¨ªa.

Hecha esta aclaraci¨®n, conviene felicitarse por el hecho de que el Tribunal Europeo haya ratificado la vigencia irrestricta de principios jur¨ªdicos que est¨¢n en la base de nuestra propia civilizaci¨®n, como es el de nulla pena sine lege, es decir, que las normas penales no pueden aplicarse con car¨¢cter retroactivo. Los ciudadanos, incluidos los terroristas, tenemos el derecho sacrosanto a que el castigo que se nos imponga por nuestros delitos sea el que est¨¢ establecido en la ley en el momento de cometerlos, sin que nadie pueda ya cambiarlo a peor; nadie, ni el Estado, ni el Gobierno, ni los jueces. Nadie. Es triste que haya habido ocasi¨®n para que un Tribunal Europeo tenga que record¨¢rselo a los jueces espa?oles, pero al mismo tiempo es momento de alegr¨ªa ver c¨®mo los derechos humanos se aplican aunque ello incomode a tan altas instancias nacionales. Es el triunfo del ser humano concreto (aunque en este caso sea un terrorista) sobre el poder.

Los ciudadanos, incluidos los terroristas, tenemos el derecho sacrosanto a que el castigo que se nos imponga por nuestros delitos sea el que est¨¢ establecido en la ley en el momento de cometerlos

Tambi¨¦n es momento de se?alar a los grandes y a los peque?os culpables de lo sucedido. Los grandes culpables son los pol¨ªticos y los Gobiernos de hace muchos a?os, de aquellos a?os en que se sab¨ªa a ciencia cierta que la aplicaci¨®n del C¨®digo Penal y del sistema de redenci¨®n de penas llevaba inexorablemente a que los presos condenados a miles de a?os de c¨¢rcel cumplieran en realidad menos de 20 a?os de efectiva privaci¨®n de libertad. Fueron los Gobiernos de aquella ¨¦poca, que prefirieron mirar para otro lado y no modificar la ley entonces vigente, los que propiciaron que llegase el d¨ªa en que terroristas sanguinarios tuviesen que ser puestos en libertad por los tribunales. En los a?os setenta y ochenta del pasado siglo se prefiri¨® no agravar las penas a los terroristas porque se pensaba que cab¨ªa una soluci¨®n del terror por el apaciguamiento. Craso error, cuyas consecuencias hirientes para la sensibilidad ciudadana se manifestaron cuando en el presente siglo los peores terroristas presentaron sus cuentas y pidieron su libertad.

Y entonces vino otro error, el de exigirles a los jueces que arreglasen de alguna forma lo que los legisladores hab¨ªan permitido con su inacci¨®n. El de levantar un clamor social contra la evidente injusticia que supon¨ªa liberar a los asesinos con tan pocos a?os de c¨¢rcel, a pesar de que era bastante claro que era la ley la que lo exig¨ªa. Y la ley, como entonces se dec¨ªa, no tolera atajos. Pero nuestros representantes son capaces de reclamar al mismo tiempo que se cumpla la ley y que se deje de cumplir. No son conscientes del valor intr¨ªnseco de las normas.

Y entonces entraron en juego los otros culpables, los que por su formaci¨®n s¨ª eran conscientes de ese valor y que, a pesar de ello, prefirieron ceder al clamor popular y violar un poquito la ley. Bueno, interpretarla de nuevo y hacerle decir lo que seg¨²n ellos mismos nunca hab¨ªa dicho. Y, lo que es peor, aplicar esa nueva interpretaci¨®n de manera retroactiva, cambiar las reglas de juego a mitad del partido. La mayor¨ªa de los magistrados del Tribunal Supremo (y detr¨¢s de ellos los del Tribunal Constitucional) prefirieron hacer directamente justicia (era y es probablemente injusto que un delincuente pague lo mismo por un asesinato que por 100) que aplicar la ley vigente.

Porque, no nos enga?emos, esa y no otra era la opci¨®n que se abr¨ªa ante ellos: la justicia o la ley. El clamor social justificado ante una situaci¨®n perversa, o el derecho de unos individuos repugnantes a beneficiarse de la ley. Los jueces eligieron mal. O, mejor dicho, decidieron elegir donde no hab¨ªa ni hay elecci¨®n posible, en su sujecci¨®n a la ley.

Yo lo s¨¦, todos lo sabemos: a las v¨ªctimas les duele ahora el resultado estrepitoso de este est¨²pido atajo. Probablemente m¨¢s que si no se hubiera emprendido en aquel malhadado 2006. Ese dolor empa?a, pero no disminuye, nuestra alegr¨ªa ciudadana ante la confirmaci¨®n de que el derecho de uno est¨¢ por encima del poder colectivo. Eso era lo importante.

J. M. Ruiz Soroa es abogado.