Una historia de desapego

A finales del siglo pasado un grupo de ciudadanos espa?oles fundamos una asociaci¨®n llamada Organizaci¨®n por el Multiling¨¹ismo, cuyo objetivo era impulsar el uso del catal¨¢n / valenciano, el gallego y el euskera en los s¨ªmbolos e instituciones del Estado. Los firmantes de nuestro primer manifiesto (desde Paco Candel hasta Manuel V¨¢zquez Montalb¨¢n, pasando por Pep Guardiola, Llu¨ªs Llach y otras muchas personalidades) se defin¨ªan circunspectamente como ¡°hablantes de lenguas espa?olas diferentes del castellano que nos queremos reconocer en los s¨ªmbolos comunes del Estado¡±. Siguiendo un criterio oportunista, la primera campa?a de la asociaci¨®n fue para pedir que en la cara espa?ola de las monedas de euro la palabra ¡°Espa?a¡± apareciese en las cuatro grandes lenguas espa?olas. La propuesta no ten¨ªa coste, porque todav¨ªa no se hab¨ªa fabricado ninguna moneda, y adem¨¢s era t¨¦cnicamente viable: la palabra ¡°Espa?a¡± repetida cuatro veces ocupaba menos espacio que ¡°Beatrix Konigin der Nederlanden¡± (Beatriz Reina de los Pa¨ªses Bajos), que era el lema escogido por los holandeses. Despu¨¦s vinieron otras campa?as igualmente recatadas. En una de ellas, se propon¨ªa que los sellos de correos espa?oles se imprimiesen tambi¨¦n en catal¨¢n / valenciano, gallego y euskera. Aqu¨ª tampoco hab¨ªa problemas materiales. De hecho, seg¨²n coment¨® en su d¨ªa un alto responsable de la F¨¢brica Nacional de Moneda y Timbre, bastar¨ªa una llamada del ministro o ministra correspondiente para ponerse a fabricar sellos espa?oles en catal¨¢n de un d¨ªa para otro. ¡°Al fin y al cabo¡±, vino a decir, ¡°Espa?a ya fabrica sellos en catal¨¢n para Andorra¡±.

Los que quer¨ªan reconocerse en los s¨ªmbolos del Estado
no pueden hacerlo

Han pasado los a?os. Algunas de estas propuestas llegaron a ser debatidas en el Congreso de los Diputados, pero ninguna prosper¨®, y hoy la cara espa?ola de las monedas de euro sigue estando en una sola lengua, como los sellos de correos espa?oles, y esa sola lengua sigue siendo la ¨²nica lengua utilizable en el Congreso de los Diputados y en el Senado (con las peque?as excepciones que permite el reglamento, hasta que la mayor¨ªa absoluta decida poner fin al insufrible bochorno que supone ver a senadores espa?oles utilizando pinganillos para comunicarse entre ellos). Las lenguas espa?olas diferentes del castellano siguen estando ausentes de los pasaportes espa?oles, y los miembros de la Casa del Rey (o lo que queda de ella) siguen ignorando habitualmente el uso de cualquier otra lengua que no sea el castellano (busquen un solo discurso de Navidad del Rey que haya sido le¨ªdo en las cuatro lenguas). En 2006 las Cortes tambi¨¦n aprobaron una ley org¨¢nica, m¨¢s conocida como Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a, cuyo art¨ªculo 33.5 (salvado milagrosamente del cepillazo del Tribunal Constitucional) asegura que ¡°los ciudadanos de Catalu?a tienen el derecho a relacionarse por escrito en catal¨¢n con los ¨®rganos constitucionales y con los ¨®rganos jurisdiccionales de ¨¢mbito estatal, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislaci¨®n correspondiente¡±; siete a?os despu¨¦s todav¨ªa estamos esperando que quienes tienen la potestad para hacerlo establezcan el procedimiento en la legislaci¨®n correspondiente.

Pero el problema no est¨¢ solo en lo que se podr¨ªa haber hecho y no se hizo, sino tambi¨¦n en ciertas decisiones que se han tomado positivamente por parte de instituciones del Estado. La m¨¢s reciente es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de la funci¨®n p¨²blica de las Baleares. Aunque no afecte directamente a los catalanes, la posici¨®n tomada por el Tribunal Constitucional todav¨ªa es objeto de alucine en Catalu?a. Sin olvidar la dimensi¨®n simb¨®lica del asunto, rebajar el conocimiento del catal¨¢n de requisito a m¨¦rito y sostener que ello no subordina al catal¨¢n ni da?a los intereses ling¨¹¨ªsticos de los ciudadanos baleares que prefieren comunicarse en esta lengua oficial raya la desfachatez. Como dijo el exministro Francisco Caama?o, si los magistrados del Tribunal Constitucional avalaran que una comunidad aut¨®noma hiciera esa misma operaci¨®n con el castellano el esc¨¢ndalo ser¨ªa may¨²sculo. Aunque, a decir verdad, Caama?o no es el m¨¢s indicado para hablar de esto, porque en su etapa de ministro nunca estableci¨® en la Administraci¨®n de justicia un requisito de conocimiento de las lenguas oficiales diferentes del castellano. (La cuesti¨®n tampoco aparece en el documento presuntamente federalista aprobado por el PSOE en Granada). Y as¨ª estamos: cualquiera que est¨¦ en contacto con esta Administraci¨®n sabe lo dif¨ªcil que resulta comunicarse en catal¨¢n / valenciano, gallego o euskera con un juez en los territorios en los que son oficiales estas lenguas, un defecto, por cierto, del que ha tomado cumplida nota el Consejo de Europa en sus evaluaciones peri¨®dicas del (in)cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en Espa?a.

El Gobierno podr¨¢ impedir la consulta soberanista en Catalu?a, pero ser¨¢ otro episodio de vencer sin convencer

Despu¨¦s de todo esto, resulta un poco cansado ver c¨®mo laureados escritores proclaman que ¡°no hay mentira m¨¢s desaforada que decir que las culturas regionales son objeto de discriminaci¨®n econ¨®mica, fiscal, cultural o pol¨ªtica¡±. Diga lo que diga Vargas Llosa, la situaci¨®n es tan evidente que hasta el editorialista del Financial Times (que no es ning¨²n abducido por el nacionalismo) se da cuenta: ¡°Despite Spain¡¯s acclaimed transition from Franco¡¯s dictatorship to democracy, it still has not fashioned a comfortable enough plurinational home for culturally and linguistically distinct peoples¡±. En otras palabras, los que quer¨ªan reconocerse en los s¨ªmbolos comunes del Estado no se pueden reconocer en ellos, y al paso que van las cosas est¨¢n empezando a no sentir a este Estado como propio. Y esto no se cura con el b¨¢lsamo racionalizador de Francisco P¨¦rez de los Cobos; el problema es mucho m¨¢s profundo de lo que el Gobierno espa?ol, en su inconsciencia, cree o intenta creer.

Es muy probable que el Gobierno logre impedir la celebraci¨®n de una consulta soberanista en Catalu?a (tiene sobrados instrumentos para ello, y las divisiones en el campo soberanista son uno de ellos), pero va a ser otro episodio de vencer sin convencer. El Estado espa?ol est¨¢ viendo erosionarse su legitimidad en Catalu?a de una manera in¨¦dita, y hasta ahora su respuesta parece ir parad¨®jicamente encaminada a acelerar esa erosi¨®n. El llamado ¡°derecho a decidir¡± podr¨ªa ser una chorrada (sic), como sostiene el portavoz de Ciudadanos Jordi Ca?as, o una ximpleria (memez) inventada, como confes¨® el exdirector de la fundaci¨®n de CDC Agust¨ª Colomines. El desapego, sin embargo, es emp¨ªrico, real. En ciertos medios, la receta que se est¨¢ proponiendo es ¡°combatir¡±. El Premio Nobel llama a combatir a los nacionalismos ¡°sin complejos¡±; la directora adjunta del diario El Mundo llama a combatir a los independentistas ¡°sin piedad¡±. Pero acaso lo que necesitan los desapegados no es que los combatan, sino que los escuchen y los comprendan. Y, por encima de todo, lo que necesitan es un proyecto pol¨ªtico en el que creer. Si Espa?a no se lo proporciona, a nadie debe sorprender que est¨¦n dispuestos a buscarlo fuera.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.