Esperanza defraudada

El que ha sido considerado como el cuarto pilar del Estado de bienestar, las prestaciones previstas en la Ley de la Dependencia, corre el peligro de retroceder a causa de las dificultades que presenta su financiaci¨®n. En 2013 el n¨²mero de beneficiarios se ha reducido en m¨¢s de 15.000 personas y se estima que son miles los dependientes que fallecen sin haber llegado a percibir la ayuda a la que ten¨ªan derecho. A 30 de septiembre percib¨ªan alg¨²n tipo de ayuda 736.249 personas y otras 198.041 permanec¨ªan en la lista de espera de las Administraciones, pendientes de recibir una prestaci¨®n para la que ya cumplen los requisitos.

La aplicaci¨®n de la ley en enero de 2007 con un gran apoyo pol¨ªtico supuso un gran salto adelante en el bienestar social de los espa?oles y gener¨® unas expectativas que se han truncado. Pero el nuevo sistema naci¨® lastrado por una carencia fundamental: la ausencia de un c¨¢lculo riguroso de las obligaciones econ¨®micas que comportar¨ªa cuando desarrollara todas sus posibilidades. Esta carencia se ha convertido en un obst¨¢culo insalvable en un contexto de crisis que no estaba en el horizonte en el momento en que fue aprobada la ley. La ca¨ªda de los ingresos fiscales en los cinco a?os que llevamos de crisis ha afectado al todav¨ªa d¨¦bil sistema y amenaza su continuidad. Los ajustes aplicados en 2012 han supuesto este a?o un ahorro de 1.108 millones de euros, a costa de dejar sin prestaci¨®n a miles de dependientes y en el paro a muchos cuidadores. Todo ello repercute sobre unas familias que afrontan la carga de sus dependientes en un contexto de precariedad general y creciente dificultad econ¨®mica.

Los sistemas de protecci¨®n social no deben contemplarse exclusivamente desde la perspectiva del gasto. Los pa¨ªses n¨®rdicos han logrado convertir las voluminosas partidas de su gasto social en un motor de actividad que refuerza su econom¨ªa, pues genera puestos de trabajo y libera a la sociedad de unas cargas que pueden destinar a otros objetivos. Esto, que est¨¢ muy claro en momentos de bonanza econ¨®mica, choca en situaciones de crisis con la dificultad de garantizar los ingresos fiscales necesarios para sostener los programas. Pero incluso en situaci¨®n de crisis, es posible priorizar. Y en un contexto de empobrecimiento de la tercera edad y de otras capas de la poblaci¨®n, incluidas las clases medias, los inevitables ajustes en el gasto p¨²blico han de tener siempre en cuenta el coste social y el sufrimiento que provocan.