Un arma poderosa

Los partidos pol¨ªticos no abordan su propia financiaci¨®n con la seriedad requerida por un asunto que contamina el sistema democr¨¢tico. Ha sido precisa la investigaci¨®n judicial de asuntos graves de corrupci¨®n, como el caso B¨¢rcenas, para tomar conciencia de que en Espa?a ni siquiera est¨¢ tipificada como delito la financiaci¨®n ilegal de un partido, lo cual obliga a contorsiones jur¨ªdicas para embutir las conductas reprochables en otros tipos penales. La normativa legal se modifica con frecuencia ¡ªel ¨²ltimo cambio en la estatal es de 2012¡ª, pero eso aporta poco si las cautelas, prohibiciones y exigencias se estrellan contra la ineficacia en el control y sanci¨®n de las irregularidades.

As¨ª, donde la ley establece que los partidos no pueden aceptar donaciones de m¨¢s de 100.000 euros de una misma empresa, el uso de filiales permite sortear esa limitaci¨®n. No menos conmovedor resulta el requisito legal de un ¡°gratuito y f¨¢cil acceso para los ciudadanos¡± al balance y la cuenta de resultados de los partidos, los cr¨¦ditos que les conceden y las condonaciones de deuda; porque la propia ley condiciona tal publicidad a que el Tribunal de Cuentas haya emitido el informe de fiscalizaci¨®n correspondiente al ejercicio de que se trate. Dado el ritmo al que trabaja esa instituci¨®n (acaba de terminar la fiscalizaci¨®n de 2009 a 2011, y esto ya se considera un avance respecto a actuaciones anteriores mucho m¨¢s tard¨ªas), hay un lapso de varios a?os entre los hechos de los que los partidos deben informar y el momento en que tales datos empiezan a llegar a los ciudadanos.

Por cierto, el ¨²ltimo informe del Tribunal sugiere que 17 formaciones pol¨ªticas se encontraban en quiebra t¨¦cnica en 2011 y varias de las afectadas lo matizan o desmienten. Para evitar m¨¢s confusi¨®n, urge aclarar si las diferencias se deben a tecnicismos o a problemas de fondo.

El presidente del Gobierno anunci¨® hace meses nuevas reformas para incrementar los controles sobre los partidos y penalizar aspectos relacionados con la corrupci¨®n. Y el PSOE acaba de aprobar un documento pol¨ªtico en el que se habla de fijar ¡°normas estrictas de control y fiscalizaci¨®n¡±. ?Con qu¨¦ consecuencias?

En este debate, hay voces que claman contra la financiaci¨®n p¨²blica de los partidos, mientras otras proponen eliminar las donaciones privadas. No es realista pensar en una opci¨®n dr¨¢stica entre uno y otro sistema. Puestos a reformar algo con urgencia, hace falta un control independiente de las cuentas y forzar la transparencia. Los datos sobre donaciones deber¨ªan ser accesibles a los ciudadanos, no simplemente comunicados al Tribunal de Cuentas tres meses despu¨¦s de recibidas (y eso solo es obligado en caso de que superen 50.000 euros o se trate de un bien inmueble). Y las subvenciones p¨²blicas tambi¨¦n deber¨ªan ser de inmediato conocimiento. La pol¨ªtica necesita recursos, pero los ciudadanos tienen derecho a garant¨ªas contra las malas pr¨¢cticas: y la transparencia es un arma poderosa.