Un conflicto de suma positiva
Al pensar en la manzana de la discordia de Catalu?a, tirar de la soga de reformas que creen instituciones imparciales para simplificar el sistema de transferencias ayudar¨ªa a salir juntos de los problemas territoriales
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Como definir adecuadamente un problema es la mejor manera de encontrar una soluci¨®n, hemos de preguntarnos c¨®mo se est¨¢ definiendo el conflicto Catalu?a-Espa?a. Creo que predominan dos definiciones del problema que bloquean hipot¨¦ticas soluciones por su naturaleza de juego de suma negativa. Es decir, la ganancia de unos (los partidarios de la identidad espa?ola, los que, con Rajoy, creen que Espa?a es la naci¨®n m¨¢s vieja de Europa y que conforma una comunidad pol¨ªtica indivisible) se entiende como una p¨¦rdida irremediable para otros (los que se sienten identificados con la idea de una naci¨®n catalana con m¨¢s de mil a?os de historia).
La primera definici¨®n dominante es que se trata de un conflicto de competencias. De acuerdo con esta perspectiva, la manzana de la discordia entre Espa?a y Catalu?a es qu¨¦ pol¨ªticas quedan en manos del Estado y cu¨¢les en manos de Catalu?a. Un bocado, o una competencia, que muerde la Generalitat es un bocado de menos para Espa?a y viceversa. Visto el problema con este prisma, cualquier avance en el autogobierno catal¨¢n ¡ªya sea el goteo de transferencias de competencias desde el Estado a Catalu?a que hemos visto durante las ¨²ltimas d¨¦cadas o bien hipot¨¦ticas f¨®rmulas futuras confederales¡ª se interpreta como un debilitamiento de la comunidad pol¨ªtica hispana. Cada acci¨®n genera una reacci¨®n en el otro bando ¡ªcomo propuestas recentralizadoras¡ª y as¨ª sucesivamente, en una espiral de polarizaci¨®n y enconamiento.
La segunda definici¨®n es que estamos delante de un conflicto econ¨®mico. La manzana de la discordia es el dinero. Los catalanes desean quedarse con un porcentaje mayor de la riqueza que producen. Para los situados en el extremo nacionalista, con todo. Esta definici¨®n ha alimentado una progresiva descentralizaci¨®n del gasto p¨²blico desde la transici¨®n. Sin resolver el problema. Al contrario, el conflicto ha ido a m¨¢s, porque, al hacerse en muchos pasos, peque?os, pero constantes, ha provocado una permanente cadena de acci¨®n-reacci¨®n entre Catalu?a y otros territorios.
Es muy complicado cambiar las percepciones sociales de injusticia por las que nos movemos
Ya hablemos de competencias o dinero, el conflicto ha ido, durante d¨¦cadas, perfil¨¢ndose como un juego de suma cero: una soga en la que si unos tiran en una direcci¨®n, los otros se ven obligados a tirar m¨¢s fuerte para no perder su sitio. Con algunas honrosas excepciones, como el art¨ªculo No hay que esperar al choque de trenes (EL PA?S, 18-12-2013) en el que Llu¨ªs Bassets criticaba las lecturas basadas en la ¡°suma cero¡±, la definici¨®n del conflicto como una lucha por recursos escasos es m¨¢s visible que nunca en la actualidad. Un ejemplo es la proliferaci¨®n de met¨¢foras deportivas o incluso b¨¦licas. Que si unos ¡°mueven¡± o ¡°atacan¡± primero, que si los otros se dedican a ¡°defender¡±, etc¨¦tera.
Creo que una definici¨®n m¨¢s productiva del conflicto entre Catalu?a y Espa?a es que nos hallamos frente a un problema de percepci¨®n de injusticia o de parcialidad. Lo que incomoda a los catalanes no es tanto transferir X renta al Estado o gozar de Y competencias propias como la percepci¨®n de que esas transferencias o competencias no est¨¢n gestionadas de forma justa o imparcial. Existe una amplia percepci¨®n de que el Estado permite o promueve gastos improductivos ¡ªen autopistas y trenes a ninguna parte o en subsidios sin contrapartida¡ª en otros territorios. De forma sim¨¦trica, en el frente opuesto existe la percepci¨®n de que Catalu?a desv¨ªa las transferencias del Estado a gastos superfluos, a embajadas en lugar de ambulancias. En ambos existe la percepci¨®n de que las instituciones de los otros act¨²an de forma parcial, beneficiando a intereses pol¨ªticos espec¨ªficos. As¨ª, si en otros pa¨ªses son colectivos como determinadas minor¨ªas raciales los que se sienten discriminados por las instituciones p¨²blicas, en Espa?a tenemos grupos sociales territorializados.
Romper percepciones sociales de injusticia, parcialidad o discriminaci¨®n es extremadamente complicado. Est¨¦n fundadas objetivamente o no. Eso importa poco: los humanos nos movemos por percepciones. Los pol¨ªticos no pueden de forma sencilla ¡°manipular¡± esas percepciones. No son, de hecho, sus acciones las que nos han llevado aqu¨ª. La estrategia de Artur Mas y la recogida de firmas en contra del Estatut ¡ªpor citar las acciones pol¨ªticas m¨¢s criticadas por la derecha y la izquierda, respectivamente¡ª no son tanto causas como consecuencias de un malestar social latente, que se ha cocinado durante mucho tiempo. Tampoco observo inacci¨®n pol¨ªtica, la tan manida ¡°incomparecencia¡± del Estado. Ha habido un arsenal de propuestas y cambios en el Estado de las autonom¨ªas. Los pol¨ªticos llevan de hecho tantas d¨¦cadas inyectando medicamentos de todo tipo al paciente que se han olvidado de diagnosticar la causa de su malestar.
No podemos ayudar
a la sociedad sin
entender primero
las causas verdaderas
de su malestar
Cambiar la percepci¨®n de que tu colectivo (territorio, en este caso) es injustamente tratado requiere grandes dosis de imaginaci¨®n y propuestas atrevidas. Y, para comenzar, las reformas necesarias para socavar la percepci¨®n de injusticias territoriales pueden consistir m¨¢s en quitar que en a?adir instituciones, porque la percepci¨®n de injusticia se alimenta con el exceso de regulaciones y procedimientos. Simplificar el farragoso sistema de transferencias entre Administraciones que tenemos, cuya complejidad abre incontables oportunidades para denunciar injusticias territoriales (reales o ficticias), podr¨ªa ser un lugar para empezar. Y la percepci¨®n de injusticia se ahoga con la transparencia, con lo que cualquier propuesta federal debe ser cristalina sobre qui¨¦n es responsable de qu¨¦. Hoy es imposible saberlo para el ciudadano medio.
No es una empresa f¨¢cil y requerir¨¢ del concurso de unos nuevos padres fundadores ¡ªy espero que en esta ocasi¨®n de muchas madres fundadoras¡ª. Pero ver el conflicto Catalu?a-Espa?a como un problema de justicia tiene una ventaja sobre las definiciones predominantes: no estamos delante de un juego de suma cero, sino de un juego de suma positiva. Cualquier movimiento de unas instituciones percibidas como injustas territorialmente a otras vistas como m¨¢s imparciales ser¨¢ beneficioso tanto para ¡°espa?oles¡± como para ¡°catalanes¡±. Vamos, que si se pusieran a tirar de la soga, los dos bandos podr¨ªan salir juntos de la situaci¨®n. Aunque para ello antes tienen que darse cuenta de que esa soga de reformas encaminadas a crear instituciones imparciales existe.
A mi entender, el debate intelectual en este conflicto ha estado, hasta el momento, demasiado dominado por juristas (sobre todo en Madrid) y por economistas (sobre todo en Barcelona). La obsesi¨®n por la regulaci¨®n de unos y por las balanzas fiscales de los otros ha impedido que se discuta la sensaci¨®n de injusticia territorial ¡ªuna percepci¨®n muy extendida en toda la Pen¨ªnsula¡ª. Al baile de tecnicismos jur¨ªdicos y datos econ¨®micos que se disparan desde Madrid y Barcelona deber¨ªamos a?adir urgentemente una discusi¨®n de teor¨ªa pol¨ªtica sobre qu¨¦ es justo o imparcial desde un punto de vista territorial.
Y, antes que nada, hay que lanzarse a preguntar a la sociedad. Tenemos una sobresaturaci¨®n de encuestas sobre las preferencias institucionales de los ciudadanos (como independencia, federalismo, recentralizaci¨®n) y sus sentimientos de pertenencia a una comunidad. Pero muy pocas investigaciones sociol¨®gicas o antropol¨®gicas sobre las razones de la ¡°desaz¨®n territorial¡± que les lleva a tener esos sentimientos o preferencias.
No podemos ayudarles sin entender primero las causas verdaderas de su malestar.
V¨ªctor Lapuente Gin¨¦ es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.
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