Ni de izquierdas, ni de derechas

Si hay alguien que cree que abortar no es un problema moral, se equivoca. Es un problema moral; lo que no tiene por qu¨¦ ser es un problema penal o legal. Yo lo que creo es que legalmente debe haber la posibilidad de un acuerdo. Yo podr¨ªa decir d¨®nde sit¨²o yo los valores, pero usted podr¨ªa decirme que conoce a otro se?or que los sit¨²a en otro sitio, y tendr¨ªa raz¨®n. No, el problema es que tenemos que situarlos, para que sean colectivamente aceptables, en un punto que decidamos; y luego moralmente cada persona tendr¨¢ que enfrentarse con el dilema¡±.

Estas palabras de Fernando Savater, que me sirvieron para iniciar la defensa de la enmienda a la totalidad a la ley del aborto que propugn¨® el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, son igualmente v¨¢lidas para articular el rechazo, en el fondo y en la forma, del nuevo proyecto de ley que el Gobierno de Rajoy ha aprobado. Me explico.

Rechazamos la ley Zapatero por considerar que una norma que regula un asunto de tal complejidad y entidad, transversal por definici¨®n, lleg¨® a la C¨¢mara sin ning¨²n tipo de consenso pol¨ªtico porque los socialistas necesitaban sacar del debate p¨²blico la grave crisis pol¨ªtica y econ¨®mica que ya entonces nos estaba ahogando. Buscaban aglutinar a ¡°los suyos¡± frente a ¡°los otros¡± y por eso vio la luz una ley que ni siquiera formaba parte del programa electoral del PSOE. Fue un ejemplo palmario de c¨®mo un Gobierno incapaz de resolver los problemas que tienen los ciudadanos crea uno nuevo para ocultar su propia incompetencia.

Exactamente lo mismo ha hecho ahora Mariano Rajoy: aprobar una ley confesional ¡ªtan retr¨®grada que no cuenta ni con el apoyo de los m¨¢s normales de los dirigentes del PP¡ª, para ver si as¨ª dejamos de hablar de la contabilidad B de su partido; de los millones de nuevos parados de sus dos a?os de Gobierno; de los millones de espa?oles que viven en una situaci¨®n de pobreza extrema; de los pensionistas que pierden poder adquisitivo; de la desigualdad creciente entre espa?oles; de la crisis institucional y pol¨ªtica; de la parasitaci¨®n por los partidos pol¨ªticos de los organismos reguladores y de la justicia; de la corrupci¨®n institucionalizada¡­ El Gobierno de Rajoy ha incurrido en el mismo grave error que achacamos a Zapatero: banalizar el aborto al utilizarlo partidariamente. Hooligans contra hooligans; se repite la historia.

Zapatero quiso convertir la despenalizaci¨®n de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en una ley reguladora del derecho al aborto, una idea que aunque fuera como ¡°derecho subjetivo a abortar¡± implicaba, a nuestro juicio, una regresi¨®n de las libertades p¨²blicas. Porque no corresponde al Gobierno ni al Parlamento, sino a la Constituci¨®n, dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos. Dijimos entonces que instituir de alg¨²n modo el ¡°derecho al aborto¡±, en lugar de proceder a su despenalizaci¨®n en determinados supuestos o plazos, otorgaba a las instituciones una capacidad de dar ¡ªy, por tanto, de quitar¡ª derechos b¨¢sicos, una prerrogativa claramente predemocr¨¢tica.

UPyD defiende una ley de plazos que deje la decisi¨®n definitiva a la mujer gestante

Pues bien, la ley Rajoy parte de una concepci¨®n intervencionista, autoritaria y tambi¨¦n predemocr¨¢tica que rechazamos radicalmente. Porque vivir en una democracia avanzada implica asumir el principio de que todo lo que la ley no proh¨ªbe expresamente se atiene a derecho. Si la interrupci¨®n libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo: es la libre decisi¨®n de una mujer libre. Rajoy, investido de esa autoridad impropia de dar y quitar derechos, ha decidido que su Gobierno tiene derecho a tomar decisiones sustituyendo a sus leg¨ªtimas propietarias, todas las mujeres. Con la ley Zapatero una ni?a deb¨ªa soportar m¨¢s controles para hacerse un tatuaje o ponerse un piercing que para abortar; con la ley Rajoy, una mujer adulta est¨¢ obligada a renunciar a su libre albedr¨ªo, ya que el Gobierno nos prohibir¨¢ o nos obligar¨¢ a ser madres. Algo que, por supuesto, no aceptaremos jam¨¢s.

Rechazamos en su d¨ªa la ley actual tambi¨¦n porque daba a las menores, a partir de 16 a?os, el derecho a decidir la interrupci¨®n del embarazo sin necesidad de recabar el consentimiento de sus padres o tutores y sin siquiera informarles. Si el Gobierno de Zapatero realiz¨® con esa decisi¨®n una expropiaci¨®n indebida de la tutela de mujeres menores, en modo alguno justificable e incongruente con el resto de la legislaci¨®n espa?ola, este proyecto, al atender ¨²nicamente al principio de la moral religiosa de sus proponentes, termina prohibiendo a todas las mujeres adultas e informadas que tomen la decisi¨®n de ser o no ser madres, lo que resulta a todas luces una expropiaci¨®n generalizada del libre albedr¨ªo de las mujeres.

El actual proyecto de ley no mejora la legislaci¨®n vigente sobre el aborto voluntario, que debiera ser su principal objetivo. Y por las caracter¨ªsticas sectarias de alguno de sus principios, tampoco ayuda a establecer el consenso necesario sobre una cuesti¨®n que, debido a sus profundas implicaciones ¨¦ticas, divide profundamente a la sociedad espa?ola. Si la ley regulara un plazo para abortar, fundado en el consenso m¨¦dico y cient¨ªfico sobre el momento a partir del cual un feto es viable fuera de la madre, se tratar¨ªa de una ley de plazos, que proporciona mayor seguridad jur¨ªdica y es m¨¢s respetuosa con la autonom¨ªa de la mujer enfrentada al dilema de interrumpir o no su embarazo por motivos ¨ªntimos.

La alternativa que defiende Uni¨®n Progreso y Democracia es la despenalizaci¨®n de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo mediante una ley de plazos que deje a la mujer gestante la decisi¨®n definitiva sobre la interrupci¨®n del embarazo dentro de un plazo legal mayor que el actual de 14 semanas, que deber¨¢ ser establecido en base al consenso m¨¦dico y cient¨ªfico sobre la viabilidad del feto y sobre la detecci¨®n precoz de malformaciones, con el objetivo de conciliar el derecho de la madre a una maternidad consentida y la protecci¨®n del no nacido, bien jur¨ªdico protegido tal y como reconocen la Constituci¨®n y la jurisprudencia. En todo caso, la ley deber¨¢ prever la posibilidad de interrumpir el embarazo fuera de plazo si posteriormente se detectan anomal¨ªas que hagan inviable el feto o circunstancias sobrevenidas que pongan en riesgo la salud de la madre.

La Espa?a del NODO no volver¨¢. Ap¨²ntese, pues, el presidente del Gobierno otro fracaso

Los poderes p¨²blicos han de garantizar el derecho de la mujer a recibir una informaci¨®n objetiva e imparcial sobre el aborto y tambi¨¦n sobre las ayudas p¨²blicas a la maternidad o el procedimiento aplicable para la adopci¨®n. Pero cualquier otra exigencia, sea moral o de supuestos cl¨ªnicos, mezclar¨ªa cuestiones extralegales y traer¨ªa como consecuencia tratar a la mujer gestante como una menor de edad necesitada de tutela, en lugar de como a una ciudadana responsable y aut¨®noma en plenitud de derechos y obligaciones.

En fin, que nuestro partido rechaza el proyecto aprobado por el Gobierno de Rajoy en la forma y en el fondo, por ser una iniciativa que busca la confrontaci¨®n en vez del acuerdo y tambi¨¦n porque empeora sustancialmente la regulaci¨®n actual al implantar una ley de supuestos mucho m¨¢s restrictiva que la de 1985, que genera una enorme inseguridad jur¨ªdica a mujeres y profesionales de la salud y que resulta absolutamente incompatible con la sociedad espa?ola del siglo XXI.

Estamos ante una ley confesional, propia de una Espa?a en blanco y negro que los m¨¢s reaccionarios del Partido Popular y del Gobierno parecen empe?ados en recuperar. Pero por suerte para todos, y al margen de la ideolog¨ªa de cada cual, la sociedad espa?ola de hoy no se parece en nada a aquella que Rajoy mira con nostalgia. Si algo podemos afirmar sin miedo a equivocarnos es que esa Espa?a del NO-DO no volver¨¢. Ap¨²ntese, pues, se?or presidente, un nuevo fracaso y un nuevo motivo para el divorcio entre su Gobierno y el conjunto los espa?oles.

Rosa D¨ªez es portavoz de Uni¨®n Progreso y Democracia y diputada nacional.