Los arquitectos denunciamos

Los arquitectos llevamos a?os denunciando el sistema de contrataci¨®n de obras contemplado en la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas. Este sistema perverso nos pone ahora en el punto de mira de medios nacionales e internacionales.

Pocos pueden opinar con rigor y criterio sobre qu¨¦ hay detr¨¢s del tema de Panam¨¢ y de muchos otros. Desconocemos la letra peque?a y lo que subyace en la trastienda de las grandes contrataciones y proyectos. Pero no nos cabe duda de que se manejan multitud de factores, algunos oscuros, y en la mayor¨ªa de los casos (cuando las cosas se tuercen) todos los espa?oles acabamos pagando los platos rotos. No participamos en las decisiones, pero a la postre todos somos responsables solidarios y nos toca hacer frente a los incrementos de coste y la dilaci¨®n en plazos.

Voy a centrar esta reflexi¨®n en las obras de arquitectura de la Administraci¨®n y concretamente en el porqu¨¦ del incremento de costes.

Seg¨²n la Ley de Contratos, cuando se convoca un concurso de arquitectura se valoran fundamentalmente dos cuestiones. Los aspectos t¨¦cnicos y la oferta econ¨®mica de honorarios. Sucede que, casi siempre, el aspecto econ¨®mico tiene mucho mayor peso que la calidad del proyecto. Como si se tratara de comprar taburetes, cosa absurda cuando los honorarios del arquitecto no llegan al 1% del valor del edificio. Las intervenciones de las Administraciones (nacional, auton¨®mica y local) quieren el mejor precio, aunque no sea la mejor soluci¨®n ni el mejor proyecto. Una cifra es un criterio objetivo l¨ªcito, pero miope y cortoplacista porque los ciudadanos merecemos que se valore la calidad de la propuesta. Las obras trascienden a quienes en ella intervinieron. Como dijo Octavio Paz, ¡°la Arquitectura es el testigo m¨¢s insobornable de la Historia¡±.

Una vez contratado el proyecto se licita la obra. Otra vez entramos en un sistema de adjudicaci¨®n perverso cuyas consecuencias son m¨¢s graves para la sociedad. Cuando el arquitecto redacta un proyecto sabe lo que cuesta construirlo, valoramos las partidas a ejecutar y redactamos un presupuesto. Adjudicar una obra a una oferta que est¨¢ por debajo, o muy por debajo, del presupuesto implica un problema seguro. Todos los agentes que intervenimos en el proceso lo sabemos. Es un juego que se ha convertido en pr¨¢ctica habitual y ya es hora de que se denuncie alto y claro por la sociedad y forcemos a los legisladores a tomar medidas que frenen estos abusos.

Antes exist¨ªa el criterio de adjudicaci¨®n a la media ponderada de las ofertas y no se adjudicaba a la baja temeraria por los evidentes riesgos que ello conlleva. Actualmente se acepta la baja temeraria siempre que vaya justificada y, sorprendentemente, se justifican incre¨ªblemente bien.

No interesa el trabajo bien hecho, el proyecto riguroso o la direcci¨®n de obra responsable porque no dejan margen para fuller¨ªas

Con la crisis se acent¨²a la necesidad de adjudicaci¨®n de muchas empresas y llegan a presentar unas bajas inadmisibles, hasta del 50%, sin estudiar la obra en profundidad sabiendo que prima la oferta econ¨®mica. Tanto adjudicador como adjudicatario saben desde el principio que es imposible realizar la obra en el precio contratado, pero conf¨ªan en ¡°arreglarlo¡± despu¨¦s a base de modificados.

No digo que no haya imprevistos razonables en muchas obras. Los estudios geot¨¦cnicos, por ejemplo, pueden ser err¨®neos, no por defectuosos, sino porque se hacen con tanteos extrapolados a toda la superficie de la obra. Pero una cosa son los modificados presupuestarios originados por un imprevisto justificado y otra la pr¨¢ctica habitual de ¡°hagamos la gran baja que ya compensaremos presionando con los modificados¡±.

Entonces se empieza una obra que para los t¨¦cnicos responsables de la direcci¨®n facultativa es a menudo un calvario. Si el proyecto est¨¢ bien redactado el arquitecto tiene dos opciones: ser inflexible con lo establecido para paralizar la obra cuando tiene p¨¦rdidas, y la abandona, o ser flexible para poder llevarla a buen fin.

Paralizar una obra supone un gran trastorno. Liquidar lo realizado y volver a sacar a concurso lo restante, exponi¨¦ndose a otra adjudicaci¨®n a la baja (las herramientas de contrataci¨®n son las mismas). ?Qui¨¦n sufre los plazos? Los ciudadanos.

Para llevar a buen puerto la obra con el menor da?o posible el arquitecto busca soluciones m¨¢s econ¨®micas a costa de grandes enfrentamientos con la contrata y con el cliente. Hace de mediador en un conflicto que todos ve¨ªan venir. A esto se le a?ade otro problema frecuente y es que, si cambian los pol¨ªticos que encargaron la obra, se cambia el proyecto con lo que los modificados est¨¢n garantizados. Ya tenemos la excusa para recuperar las p¨¦rdidas derivadas de la contrataci¨®n a la baja. ?Qui¨¦n lo paga? Otra vez los ciudadanos, los contribuyentes.

?Qu¨¦ consecuencias tiene este sistema perverso de contrataci¨®n? Que no interesa el trabajo bien hecho, el proyecto riguroso o la direcci¨®n de obra responsable porque no dejan margen para fuller¨ªas. Se est¨¢ favoreciendo la mediocridad y el ejercicio profesional imperfecto porque a peor proyecto, mayores modificados, mayores beneficios por la puerta de atr¨¢s, mayor n¨²mero de amigos satisfechos, mayores comisiones y en definitiva mayores lucros para unos pocos en contra del bien de la mayor¨ªa de los espa?oles.

As¨ª ni se hace marca Espa?a ni seremos nunca un pa¨ªs serio.

Paloma Sobrini fue decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.