Ruido sobre la Infanta

El fiscal Pedro Horrach, que no hab¨ªa recurrido contra la imputaci¨®n de do?a Cristina, solicita ahora unas urgentes diligencias encaminadas a desvirtuar el auto dictado por el juez Jos¨¦ Castro sobre la Infanta. Se trata de un recurso encubierto bajo la petici¨®n de nuevas pruebas. Formalmente no se presenta como tal, evitando las dilaciones a que dar¨ªa origen su tramitaci¨®n, pero pretende que declaren varios funcionarios que sacar¨¢n al magistrado de las dudas o errores que, en su consideraci¨®n, incluye el auto judicial de imputaci¨®n del 7 de enero.

El alegato del fiscal no est¨¢ exento de inter¨¦s y de buenas razones. Por una parte reconoce que aqu¨ª hay asuntos que parecen inmorales: la firma Aizoon, propiedad al 50% de la Infanta y de I?aki Urdangarin, ¡°reparti¨® dividendos a sus socios camuflados bajo gastos personales ajenos a la actividad mercantil¡±; pero el ministerio p¨²blico precisa que eso no es delito, as¨ª que no hay caso penal. Y recuerda tambi¨¦n que el Instituto N¨®os y todas las sociedades mercantiles que giraban en torno al mismo estaban destinadas a ¡°consumar la apropiaci¨®n de fondos p¨²blicos percibidos por el citado Instituto¡±. Sin embargo, aporta argumentos t¨¦cnicos con los que intenta precisar que o bien sus actividades no son responsabilidad de do?a Cristina o bien no hay delito.

Nunca se recordar¨¢ lo bastante el uso espurio que se hace en Espa?a del t¨¦rmino legal ¡°imputaci¨®n¡±, que no implica acusaci¨®n formal, sino la justificaci¨®n de las razones por las que un juez cree preciso tomar declaraci¨®n a una persona asistida de abogado. En todo caso, los argumentos de fondo del fiscal quedan enmara?ados en las acusaciones que vierte contra el juez: le atribuye ser menos riguroso que la Agencia Tributaria; le presenta como un desconocedor de materias fiscales y contables; y le dice que se ha dejado llevar por una ¡°teor¨ªa conspiratoria¡±. Si el fiscal cree que estamos ante una conspiraci¨®n, la sociedad deber¨ªa conocer los elementos en los que se basa para lanzar esa sospecha.

Tampoco ha estado acertado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, al intervenir en la pol¨¦mica sobre si la Infanta debe recorrer a pie o no la cuesta hacia la sede de los juzgados de Palma, alegando que se trata de una ¡°pena paralela¡±. Es comprensible que la Infanta requiera medidas de seguridad distintas de otras personas llamadas a declarar, y cabe suponer que el Poder Judicial lo tendr¨¢ en cuenta a la hora de organizar esa comparecencia. Pero una pol¨¦mica para el consumo de charlistas no necesita la intervenci¨®n de un miembro cualificado del Poder Ejecutivo, sobre todo en materia que no es de su incumbencia.

Lo importante es clarificar qu¨¦ pas¨® y a qui¨¦n deben atribuirse las responsabilidades por lo ocurrido en el Instituto N¨®os y en sus sociedades pantalla. La igualdad ante la ley no se favorece con esos intentos de hacer ruido en torno al proceso, en vez de llevarlo a t¨¦rmino de una vez.