El infinito catal¨¢n y m¨¢s all¨¢

Nuestra democracia tiene un problema ineludible en Catalu?a. Cuando una parte significativa de espa?oles que viven en Catalu?a, o de catalanes que viven en Espa?a a trav¨¦s de Catalu?a, est¨¢n muy descontentos con los t¨¦rminos del vigente contrato de convivencia y quieren romperlo, todos los espa?oles tenemos una dificultad importante. Por mucho que algunos se empe?en en taparse los ojos esperando que se desvanezca solo, no lo har¨¢ y aunque el paso del tiempo pueda reducir su efervescencia (?qu¨¦ pasa al d¨ªa siguiente de una declaraci¨®n unilateral de independencia, aprobada por el pr¨®ximo Parlament tras unas elecciones plebiscitarias?), ganar¨¢ en enconamiento, si no somos capaces de encontrarle soluciones positivas.

Debemos empezar enmarcando correctamente la situaci¨®n: no es un problema ¡°con¡± Catalu?a, sino ¡°en¡± Catalu?a, ya que la misma existencia de dos entidades abstractas, esencialistas, monol¨ªticas y diferentes, como Espa?a y Catalu?a, forma parte de la visi¨®n interesada de los nacionalistas, que no compartimos quienes no lo somos. Mucho menos, si se presenta como la confrontaci¨®n de una entidad contra la otra, ?desde hace 300 a?os! En primer lugar, porque no solo Espa?a es plural (se puede vivir en Madrid y no ser centralista), sino que Catalu?a tambi¨¦n es plural (hay catalanes que no quieren la independencia). Pero, sobre todo, porque la relaci¨®n entre el todo y una de sus partes m¨¢s din¨¢micas, por muy complicada que sea, nunca es de suma cero (una gana lo que la otra pierde), ya que o ambas ganan, o ambas pierden.

En los ¨²ltimos 35 a?os, gracias sobre todo al sistema auton¨®mico constitucional, ambas partes han ganado con lo que ganaba la otra. Eso explica que, dentro de la din¨¢mica t¨ªpica del debate democr¨¢tico entre intereses diversos y recursos escasos, ¡°Espa?a¡± ha estado interesada en sacar adelante asuntos que beneficiaban a ¡°Catalu?a¡± y ¡°Catalu?a¡± ha estado interesada en contribuir a la gobernabilidad de ¡°Espa?a¡±, sobre todo, cuando la no existencia de mayor¨ªas absolutas en el Parlamento conced¨ªa mayor poder de decisi¨®n a los votos de partidos que solo se presentaban en Catalu?a. Porque si le va bien a Catalu?a, le va bien a Espa?a, y que le vaya bien a Catalu?a depende, en parte, de lo que haga el Gobierno de Espa?a en una relaci¨®n marcada m¨¢s por la existencia de una tupida red de intereses cruzados a lo largo de los siglos, que por el simplismo de buenos y malos, agrupados a cada lado de la raya.

El marco de referencia para el debate deber¨ªa ser la comisi¨®n general auton¨®mica del Senado

Desde hace dos a?os, sin embargo, uno de los principales actores que manten¨ªa en funcionamiento tan compleja ecuaci¨®n din¨¢mica, ha cambiado el signo que ven¨ªa caracteriz¨¢ndole desde la instauraci¨®n de la democracia. Con la sentencia (2010) del Tribunal Constitucional sobre el Estatut como excusa, la principal coalici¨®n pol¨ªtica de Catalu?a, Convergencia i Uni¨®, ha movido radicalmente su posici¨®n hist¨®rica desde el nacionalismo democr¨¢tico, hacia el soberanismo independentista que, hasta ahora, era patrimonio de otras fuerzas minoritarias. Con ello, ha abandonado el posibilismo por la utop¨ªa, el pacto por la confrontaci¨®n y la b¨²squeda de soluciones por el agravamiento del problema.

No voy a analizar si tal reacci¨®n est¨¢ m¨¢s o menos justificada, o si es m¨¢s o menos desproporcionada. Viv¨ª, como ministro del ramo, los avatares de la negociaci¨®n del Estatut, cuyo texto final vot¨¦ como diputado convencido de su bondad como expresi¨®n del mejor acuerdo posible en aquel momento. Adem¨¢s, cre¨ª un error pol¨ªtico grave el partidismo que llev¨® al PP a recurrir ante el Constitucional art¨ªculos del Estatut que hab¨ªa aceptado en otros textos de reforma estatutaria, como tambi¨¦n considero inadecuado que el Tribunal Constitucional se pronuncie despu¨¦s de un refer¨¦ndum, aunque es lo que marca la ley, e igualmente creo que su sentencia, por debajo de la espuma, descalificaba m¨¢s a los recurrentes que a los defensores del texto aprobado en el Parlamento, es decir, que se pudo hacer, desde los partidos catalanes, otra lectura pol¨ªtica de la misma.

Me interesa m¨¢s desarrollar el cl¨¢sico ¡°y ahora, ?qu¨¦?¡±, empezando por descartar, con rotundidad, dos ideas: no creo que el problema se resuelva mediante el ¡°tancredismo¡± de esperar a que escampe o, confi¨¢ndolo todo al calor de la recuperaci¨®n econ¨®mica o de una mejora en el sistema de financiaci¨®n auton¨®mico. Pero tampoco creo que la soluci¨®n sea embarcar a la sociedad catalana en una aventura independentista revestida de carta a los Reyes Magos y de supuesto ejercicio elemental de democracia, salt¨¢ndose las reglas que dan sentido, precisamente, a la verdadera democracia (todo dictador que se precie, gana referendos).

En el momento actual, a partir de todo el camino ya recorrido, solo veo tres movimientos posibles para la coalici¨®n gobernante en Catalu?a: primera, plantear irse de todas todas, haga lo que haga el resto de Espa?a; segunda, estar dispuesta a irse de Espa?a como ¨²ltimo recurso, si no se encuentra una soluci¨®n satisfactoria al actual memorial de agravios (que convendr¨ªa conocer); tercera, irse, pero solo si se hace de mutuo acuerdo con lo que quede de una Espa?a sin Catalu?a (y lo que pueda significar ese movimiento para el nacionalismo vasco, o canario). Cada una de estas posiciones enmarca el campo y las reglas del juego pol¨ªtico de una manera radicalmente diferentes. Si defiende irse en cualquier caso, posici¨®n que parece expresar, a veces, el president Mas, no hay terreno para ninguna negociaci¨®n con ¡°Espa?a¡±, ni se tienen que respetar las leyes constitucionales vigentes que son, precisamente, con las que se quiere romper. Es un escenario de confrontaci¨®n pura y dura, que solo deja a la otra parte la confrontaci¨®n como ¨²nica respuesta. Hay demasiados ejemplos recientes sobre lo da?ino de este supuesto, como para que me extienda en la irresponsabilidad que contrae quien se deslice en espiral por el mismo.

La soluci¨®n no est¨¢ ni en el dontancredismo ni en embarcar a los catalanes en el independentismo

El escenario de una independencia ¡°pactada¡±, soluci¨®n, al parecer, propuesta por algunos dirigentes de Uni¨®, deber¨ªa llevar a una actitud diferente por parte de quien debe buscar convencer al otro, y no solo a los propios, de la bondad de la independencia. Se tratar¨ªa de hacer pedagog¨ªa en toda Espa?a con argumentos a favor de la tesis de que ambas partes ganan con la ruptura o que, al menos, es la menos mala de todas las opciones posibles. Una ruptura pactada requiere m¨¢s tiempo (d¨¦cadas en el caso de Quebec o Escocia sin haberlo conseguido, no tres a?os que llevamos aqu¨ª), menos amenazas (habr¨ªa que retirar el refer¨¦ndum anunciado unilateralmente) y, sobre todo, menos insultos (expolio fiscal, agresi¨®n hist¨®rica, par¨¢sitos, etc¨¦tera). Amenazar con la independencia de Catalu?a para forzar un acuerdo que nos permita seguir viviendo juntos en Espa?a, aunque con unas reglas del juego remozadas, parece, pues, el escenario m¨¢s deseable y, seguramente, m¨¢s probable. Sin embargo, muchos nos preguntamos si para acabar forzando un acuerdo, hac¨ªa falta cargar las alforjas de tanta dinamita (?tendr¨ªa el independentismo la fuerza que tiene hoy en Catalu?a, si la actual c¨²pula de CiU no le hubiera dado carta de naturaleza con su giro pol¨ªtico?).

Pero si hay que trabajar por encontrar una salida, renegociando a fondo las actuales reglas de la convivencia entre espa?oles, por ejemplo, mediante un nuevo Estatut y una reforma federal de la Constituci¨®n, o empezamos a exigir a los actuales sujetos pol¨ªticos del juego que den pasos relevantes en esa direcci¨®n cambiando de manera dr¨¢stica la actitud que vienen desempe?ando hasta ahora (inmovilidad versus salto en el vac¨ªo), o cambiamos a los actores protagonistas, o encargamos la tarea a unos sujetos pol¨ªticos distintos, pero muy directamente interesados: las otras comunidades aut¨®nomas, unas instituciones del Estado capaces de trascender la partitocracia. Solo una ruptura procedimental como esta podr¨ªa sacar el asunto de la v¨ªa ¨²nica por la que marchan los dos trenes en direcciones opuestas. Una autoconvocatoria de los presidentes de las comunidades hist¨®ricas, Pa¨ªs Vasco, Galicia y Andaluc¨ªa para empezar a abordar el problema, con la Comisi¨®n General de Comunidades Aut¨®nomas del Senado como marco legal de referencia, podr¨ªa cambiar los t¨¦rminos del debate, desbloqueando la actual situaci¨®n donde solo podemos perder todos, hacia otro escenario en el que, tal vez, todos podamos ganar. ?Qui¨¦n da el primer paso?

Jordi Sevilla fue ministro de Administraciones P¨²blicas entre 2004 y 2008.