La nacionalidad catalana y el consenso

La deriva soberanista que se respira desde hace meses en Catalu?a, a prop¨®sito del reclamado ¡°derecho a decidir¡±, es una muestra palpable del creciente deterioro del consenso constitucional conseguido hace 36 a?os, en el que fue pieza clave el reconocimiento y garant¨ªa del derecho a la autonom¨ªa de las nacionalidades. Es lamentable que lo entonces pactado por el poder constituyente, en circunstancias pol¨ªticas hostiles, no sea desarrollado coherentemente varias d¨¦cadas despu¨¦s por el poder constituido, cuando ya desaparecieron aquellas circunstancias (aunque traten de abanderarlas cada d¨ªa los cornetas del apocalipsis).

La actitud de Mariano Rajoy, su Gobierno y su partido apela a la negatividad que logran extraer del texto constitucional, sin utilizar las v¨ªas que abre para el di¨¢logo y la negociaci¨®n, que seguramente ni siquiera exigir¨ªa la posible reforma de la Ley Fundamental, m¨¢s necesaria de actualizar en otros aspectos. Para encajar mejor a Catalu?a en Espa?a, que es de lo que se trata..., hay que utilizar la herramienta del consenso. Pero Rajoy y los suyos no deben reproducir la posici¨®n de sus antecesores de Alianza Popular (AP) ante aquel consenso, porque entonces solo van a aflorar las l¨ªneas rojas, fruto de la oposici¨®n cerrada al mismo que representaron.

La introducci¨®n en la Constituci¨®n del ¡°derecho a la autonom¨ªa de las nacionalidades¡± (comprometido con la oposici¨®n antifranquista y sellado definitivamente en la Moncloa por Adolfo Su¨¢rez con Jordi Pujol y Miquel Roca el 16 de marzo de 1978) solo hab¨ªa tenido en la ponencia constitucional el voto en contra de Manuel Fraga, quien estim¨® ¡°indiscutible¡±, con raz¨®n, ¡°que naci¨®n y nacionalidad es lo mismo¡±. El texto aprobado por la ponencia por seis votos a uno reconoc¨ªa ¡°el derecho a la autonom¨ªa de las diferentes nacionalidades y regiones que integran Espa?a, la unidad del Estado y la solidaridad entre sus pueblos¡±.

El impacto causado cuando se conoci¨® esa inclusi¨®n hizo necesario edulcorar aquel acuerdo con una hinchada envoltura que lo hiciera digerible para los entonces llamados ¡°poderes f¨¢cticos¡±, especialmente las Fuerzas Armadas. As¨ª, el art¨ªculo 2 vigente dice farragosamente: ¡°La Constituci¨®n se fundamenta en la indisoluble unidad de la Naci¨®n espa?ola, patria com¨²n e indivisible de todos los espa?oles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonom¨ªa de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas¡±. La habilidad de quienes elaboraron el nuevo texto les hizo incluir, junto a la menci¨®n de la patria y otros vocablos que sonaban bien a los oidos centralistas, la innovaci¨®n de que la Constituci¨®n ¡°garantiza¡± ese derecho.

Si lo que no gusta es la pregunta, ?se ha negociado otra pregunta que resulte constitucionalmente apropiada?

Se salv¨® el t¨¦rmino ¡°nacionalidades¡± a un precio pol¨ªtico que ten¨ªa sentido entonces, por lo que aferrarse a la letra de aquel texto, como hace ¡ªahora¡ª Rajoy, no significa invocar el consenso constitucional, sino resucitar las amenazas al mismo, que los constituyentes se vieron obligados ¡ªentonces¡ª a sortear, y alinearse con la excepci¨®n minoritaria de la AP de Fraga. Por lo dem¨¢s, esa tajante fraseolog¨ªa, aparentemente irreversible, recuerda la legislaci¨®n franquista que declaraba los principios del Movimiento Nacional, ¡°por su propia naturaleza, permanentes e inalterables¡±. La rotunda declaraci¨®n no impidi¨® que tales principios pasaran, en su momento, al ba¨²l de los recuerdos. (Curiosamente, la expresi¨®n ¡°por su propia naturaleza¡± reaparece en el art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, invocado por el Parlamento catal¨¢n para que el Estado le transfiera o delegue la facultad de convocar un refer¨¦ndum consultivo.)

Ante propuestas catalanas consideradas por el Gobierno central tan excesivas, ?cu¨¢les son las ofertas sensatas realizadas desde ese sentido com¨²n tan valorado por Rajoy? Si lo que no gusta es la pregunta, ?se ha negociado otra pregunta que resulte constitucionalmente apropiada? ?Se ha planteado la elaboraci¨®n de un nuevo Estatuto, que una vez convertido en ley org¨¢nica por las Cortes Generales y aprobado en refer¨¦ndum por el cuerpo electoral de la Comunidad Aut¨®noma Catalana ¡ª¡°derecho a decidir¡±¡ª entrara en vigor, sin riesgo de que fuera impugnado por los partidos, que ya pudieron corregirlo en el Parlamento? As¨ª se evitar¨ªa una sentencia como la que dict¨® el Tribunal Constitucional en 2010, fuente de muchos de los problemas actuales.

Y si Rajoy sufre impotencia pol¨ªtica y no contempla nada para negociar, que pida consejo a los art¨ªfices del consenso que invoca. ?Se le ha ocurrido solicitar un dictamen sobre un mejor encaje de Catalu?a en Espa?a a los tres ponentes de la Constituci¨®n que sobreviven, del total de siete: Miquel Roca, Jos¨¦ Pedro P¨¦rez Llorca y Miguel Herrero? A ellos no les ser¨ªa dif¨ªcil encontrar una soluci¨®n aceptable para todos, porque negociaron cuestiones m¨¢s intrincadas.

El estallido soberanista de Catalu?a, que debe racionalizarse y ajustarse al m¨¢ximo a la legalidad, no debe combatirse desde Madrid como una excrecencia patol¨®gica. Es preciso que el Estado social y democr¨¢tico de Derecho que consagra la Constituci¨®n utilice todos los procedimientos pol¨ªticos y jur¨ªdicos para conseguir ese encaje adecuado de Catalu?a en Espa?a. Porque, 36 a?os despu¨¦s del pacto de 1978 y extinguidos ya los frenos franquistas y castrenses de aquel momento ¡ªo as¨ª tendr¨ªa que ser¡ª, ese nuevo acuerdo de Espa?a y Catalu?a debe significar un avance democr¨¢tico del consenso constitucional.