Archivos p¨²blicos y secreto de Estado

El 14 de diciembre de 1976, el presidente Su¨¢rez se dirigi¨® a todos los ciudadanos en un mensaje televisado, para afirmar que la Ley para la Reforma Pol¨ªtica significaba que se hab¨ªa aceptado ¡°el compromiso de la reforma para engrandecer la legalidad, para hacer m¨¢s s¨®lida la concordia y para crear una absoluta transparencia en los comportamientos p¨²blicos, puesto que nada de cuanto ocurre en Espa?a debe ser ajeno a ning¨²n espa?ol¡±. En ese ya lejano discurso, asomaba la transparencia como objetivo pol¨ªtico imprescindible para la democratizaci¨®n del pa¨ªs.

Se podr¨ªan buscar referencias m¨¢s remotas, pero servir¨¢ esta para evidenciar que, como en otros muchos terrenos, no asistimos a ninguna novedad ligada ¡ªseg¨²n algunos parecen suponer¡ª a la expansi¨®n durante las ¨²ltimas d¨¦cadas de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n, ni al advenimiento de ning¨²n nuevo modelo de democracia, ni a ning¨²n otro giro copernicano que guste ser formulado. Ahora que con tanta frecuencia se recurre a la Transici¨®n e incluso a la propia Constituci¨®n de 1978 para arrojar sobre ellas toda clase de culpas ¡ªprocedimiento este por el que algunos lograr¨¢n eludir sus aut¨¦nticas responsabilidades¡ª, es justo recordar que nuestra carta magna estableci¨® los fundamentos necesarios para que la transparencia ordenase el proceder de los poderes p¨²blicos. Por tanto, y dado que esta no es una cuesti¨®n novedosa, convendr¨ªa, al analizar las pol¨ªticas de transparencia, aclarar primero de qu¨¦ estamos hablando.

Si lo que ¨²nicamente se persigue es engrosar nuestro ordenamiento jur¨ªdico con diferentes normas en cuyo enunciado figure la palabra ¡°transparencia¡± y digan garantizar la publicaci¨®n en Internet de un oc¨¦ano de datos, de tan difusa fiabilidad como inter¨¦s, para que as¨ª Espa?a asome en alguno de esos rankings internacionales a los que hace tiempo se incorporaron Estados de dudosa reputaci¨®n, podr¨ªamos darnos por satisfechos con la plena entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci¨®n p¨²blica y buen gobierno. Por supuesto, el acceso a una ruidosa marea de datos no asegurar¨¢ a la ciudadan¨ªa una mayor ni mejor informaci¨®n sobre los asuntos p¨²blicos. Pero si lo que interesa es que, como en su d¨ªa se?al¨® Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa, la Administraci¨®n act¨²e ¡°en despachos de cristal, a la vista de todos los ciudadanos¡±, ser¨¢ mejor centrar el debate en el derecho de acceso a los archivos, a los documentos fiables y aut¨¦nticos ¡ªen soporte electr¨®nico o en papel¡ª que produce la Administraci¨®n.

La falta de atenci¨®n a los archivos p¨²blicos ha llevado, en ocasiones, a entregar sus fondos documentales a la onerosa gesti¨®n de empresas privadas

Los archivos p¨²blicos no son herm¨¦ticas instituciones decimon¨®nicas que interesen en exclusiva a los historiadores. La trascendencia de los documentos en ellos custodiados desborda la dimensi¨®n cultural que tradicionalmente se les ha atribuido, para afectar a intereses vitales para los ciudadanos. As¨ª, los archivos son, por encima de cualquier otro aspecto, garant¨ªa de los derechos de los ciudadanos e instrumentos determinantes de la eficacia y eficiencia del Estado. Su correcto funcionamiento, a cargo de funcionarios independientes, es la condici¨®n necesaria para cualquier proyecto de modernizaci¨®n de la Administraci¨®n que persiga no s¨®lo m¨¢s transparencia, sino tambi¨¦n la racionalizaci¨®n de los procedimientos administrativos, as¨ª como un mejor aprovechamiento de los recursos p¨²blicos.

A pesar de las indudables mejoras de las ¨²ltimas d¨¦cadas, es mucho el camino por recorrer. La falta de atenci¨®n a los archivos p¨²blicos ha llevado, en ocasiones, a entregar sus fondos documentales a la onerosa gesti¨®n de empresas privadas, que est¨¢n pasando a controlar informaci¨®n tan delicada para la ciudadan¨ªa como la generada por los hospitales p¨²blicos. La situaci¨®n no es mejor en lo referido a la gesti¨®n y custodia de documentos en soporte electr¨®nico. Las administraciones que mejor han trabajado en esta materia han impulsado comisiones calificadoras que contribuyen a ordenar el denominado ciclo vital de la documentaci¨®n p¨²blica, desde que es producida hasta que, en funci¨®n de sus distintos valores, es destruida o pasa a ser custodiada definitivamente en un archivo hist¨®rico.

Si Espa?a contase con un marco jur¨ªdico menos confuso y contradictorio en materia de acceso, se podr¨ªa trabajar igualmente para calificar los distintos niveles de acceso a la documentaci¨®n. Ello evitar¨ªa la arbitrariedad con que, en ocasiones, se permite o deniega la informaci¨®n. De este modo, se podr¨ªan combatir m¨¢s eficazmente los casos de corrupci¨®n, porque, adem¨¢s de facilitar el acceso de los ciudadanos a la documentaci¨®n p¨²blica, se fortalecer¨ªa la labor de la Justicia en la persecuci¨®n de esos delitos y se favorecer¨ªa el ejercicio del buen periodismo, sustentado en datos fiables y no en especulaciones interesadas. De paso, los espa?oles evitar¨ªamos el bochorno de conocer aspectos relevantes de nuestro pasado gracias a la desclasificaci¨®n de documentos custodiados, por ejemplo, en los Archivos Nacionales Brit¨¢nicos.

Si se desea avanzar sinceramente en pol¨ªticas de modernizaci¨®n de la Administraci¨®n, que respondan a principios razonables de austeridad y contribuyan a una aut¨¦ntica transparencia, habr¨¢ que desvelar el mayor secreto que guarda el Estado, el de la propia existencia de esos seguros arsenales de la democracia y el buen gobierno que son los archivos p¨²blicos.

Patricio Fern¨¢ndez Garc¨ªa es archivero de la Administraci¨®n de Castilla y Le¨®n.