Justicia, nada m¨¢s

La declaraci¨®n de do?a Cristina de Borb¨®n ante el juez Jos¨¦ Castro muestra que el respeto a la justicia se ha impuesto sobre el esc¨¢ndalo que habr¨ªa acarreado cualquier otro desenlace. La familia del Rey est¨¢ sometida a la Constituci¨®n y no vive al margen de ella. La Infanta es una ciudadana m¨¢s, y el magistrado que le ha convocado es el juez natural que corresponde al caso investigado. Se cumplen as¨ª las exigencias del Estado de derecho, a las que est¨¢n sometidos todos los ciudadanos, tambi¨¦n la hija del Rey.

Que desde la fiscal¨ªa se haya intentado presionar al magistrado para desimputar prematuramente a la Infanta forma parte de la cadena de errores registrados en la gesti¨®n de este asunto. Al margen de las razones del fiscal respecto al fondo de la causa ¡ªel ministerio p¨²blico sostiene que do?a Cristina no ha cometido delito¡ª, la firmeza del juez evita que las sospechas queden en el aire o se depositen en el lado oscuro de la democracia. Adem¨¢s, que la hija del Rey declare ante un juez contribuye a la tarea pendiente de restablecer el cr¨¦dito perdido por las instituciones.

Se ha sabido que I?aki Urdangarin desperdici¨® la oportunidad de declararse culpable de las irregularidades investigadas en la empresa Aizoon ¡ªcuya propiedad compart¨ªa con la Infanta¡ª, una sociedad alimentada con fondos p¨²blicos extra¨ªdos a trav¨¦s del Instituto N¨®os y usada presuntamente para evadir impuestos. La negativa de Urdangarin ha complicado su situaci¨®n y tambi¨¦n la de su esposa, que ha alegado ante el juez Castro ser ajena a la gesti¨®n de los negocios del marido y haber confiado plenamente en ¨¦l.

Estos son los aspectos relevantes y no las pol¨¦micas en torno al procedimiento de acceso f¨ªsico de la Infanta al juzgado. Invertir demasiado tiempo en buscar la complicidad de ¡°los de abajo¡± para enfrentarla a los ¡°instalados¡±, en este caso una persona de la familia real, es una actitud claramente populista. No admite discusi¨®n que la Infanta es una ciudadana m¨¢s ante la ley, pero huelga hablar de privilegios cuando se trata de mantener las medidas de seguridad necesarias para una persona situada en la l¨ªnea de sucesi¨®n de la Corona, aunque apartada de los actos p¨²blicos.

No forma parte de la normalidad democr¨¢tica que las sospechas de corrupci¨®n se extiendan por las instituciones del Estado. Pero como es as¨ª, la respuesta correcta no consiste en sustituir la justicia por el espect¨¢culo, ni establecer culpabilidades o inocencias en funci¨®n de la forma o del tiempo de exposici¨®n ante las c¨¢maras. La ¨²nica soluci¨®n responsable es confiar en la justicia y respetar sus determinaciones, y ante todo la del juez que decidir¨¢ si se debe continuar o no con el procedimiento contra la infanta Cristina. Sea cual sea esa decisi¨®n, la funci¨®n constitucional que desempe?a la jefatura del Estado no debe verse influida por los avatares de algunos miembros de la familia del Rey.