?Tribunales s¨®lo para negros y que tratan a las mujeres como menores?
Las organizaciones de defensa de derechos humanos y de la mujer sudafricanas respiraron tranquilas al trascender que el Gobierno hab¨ªa recapacitado y enterrado el borrador de la Ley de los tribunales tradicionales. Pero fue un malentendido, una falsa alarma porque poco despu¨¦s un portavoz del Ministerio de Justicia aclar¨® que no se ha dado un paso atr¨¢s sino que la inmediatez de las elecciones generales del 7 de mayo hace casi imposible que el proyecto salga adelante en esta legislatura pero que en la pr¨®xima espera de recuperarlo en la siguiente.
La seguridad del Ejecutivo de tener la capacidad de poner en juego esta iniciativa es casi un hecho porque nadie cree que el Congreso Nacional Africano (ANC, en ingl¨¦s) contin¨²e con mayor¨ªa suficiente para gobernar. La buena noticia es que la ministra de la Mujer, Ni?os y Discapacitados, Lulu Xingwana, ya ha advertido de que habr¨¢ que volver a elaborar un nuevo borrador y consultar a las bases y no ¨²nicamente ¡°a los l¨ªderes tribales como hasta ahora¡±.
La pol¨¦mica viene de largo. El primer borrador se remonta al 2008 y ya entonces la fuerte oposici¨®n, no s¨®lo de organizaciones civiles sino tambi¨¦n de dentro del mismo ANC y Ejecutivo, consigui¨® paralizarlo.
Pero el presidente, el zul¨² Jacob Zuma, retom¨® de nuevo el texto, que estaba en fase de debate en los territorios con visos de recibir un varapalo ya que s¨®lo dos de los nueve Parlamentos provinciales dieron el visto bueno. Hasta en KwaZulu-Natal, tierra de los tradicionalistas zul¨²s, votaron en contra.
El proyecto supone reconocer en la Constituci¨®n unos ya existentes tribunales, vigentes en las ¨¢reas rurales y que se rigen por costumbres y tradiciones y que imparten los l¨ªderes tribales, conocidos por sus posturas hom¨®fobas y que presionan al Gobierno, por ejemplo, para que elimine los derechos a los homosexuales.
Durante a?os, el Gobierno ha deso¨ªdo las protestas de buena parte de la sociedad civil y para su defensa alega que el objetivo era, precisamente, asegurar que esos juzgados impartieran una justicia igualitaria. Pero desde la oposici¨®n se denuncia que es una iniciativa para satisfacer ¨²nicamente a los a¨²n influyentes jefes y reyes tribales, que quieren mantener su autoridad como contrapunto a las ¡°costumbres occidentales¡±.
Protesta contra el proyecto de ley de tribunales populares por inconsitucionaly antidemocr¨¢tica. Fuente: customcontested.co.za
"Esto no tiene nada que ver con la tradici¨®n sino con un poder autoritario y patriarcal que se le da a los l¨ªderes tradicionales", responde Marthe Muller, responsable del f¨®rum de Mujeres Sudafricanas en Di¨¢logo (SAWID, en sus siglas en ingl¨¦s). Forma parte de una coalici¨®n de organizaciones en favor de la igualdad de g¨¦nero y denuncia que la aprobaci¨®n ser¨ªa un "paso atr¨¢s" en los logros de igualdad racial y de g¨¦nero tras dos d¨¦cadas de democracia en Sud¨¢frica. Muller tambi¨¦n cuestiona qui¨¦n controlar¨ªa a esos jueces o a qu¨¦ se destinar¨ªa el dinero que se recaude con las multas que impongan.
De hecho, tal y como estaba la iniciativa, se relega a las mujeres en un simple papel de espectadora y fortalece un sistema judicial s¨®lo para negros, lo que para muchos supone revivir la pesadilla no tan lejana del apartheid (separaci¨®n, en afrik¨¢ans) que ya se daba felizmente por superada.
Estos juzgados tribales dan cobertura a entre 15 y 18 millones de sudafricanos, la mayor¨ªa negros y pobres, que viven en peque?as aldeas rurales y que, en muchas ocasiones, por ignorancia del sistema convencional o por la comodidad de la proximidad geogr¨¢fica y cultural recurren a las autoridades locales para resolver conflictos vecinales, peque?os robos o casos de violencia dom¨¦stica.
Zuma (izquierda) y el rey zul¨², Goodwill Zwelithini, se r¨ªen a carcajadas
En muchas de estas audiencias p¨²blicas, las mujeres tienen prohibido presentarse como acusadoras o defenderse por s¨ª solas y se les obliga a estar representadas por un var¨®n de la familia. Peor lo tienen las solteras o las menores, a las que no se les permite asistir a una sesi¨®n.
ONG y algunas afectadas han denunciado p¨²blicamente presiones para que ni siquiera denuncien porque los hombres de sus comunidades o familias les advierten de que lo tendr¨¢n dif¨ªcil para ganar.
Ante este panorama, muchas mujeres optan por no denunciar casos de violencia machista. Este silencio es especialmente dram¨¢tico en Sud¨¢frica, que tiene una de las tasas de violencia m¨¢s altas del mundo y se calcula que cada d¨ªa 3.600 mujeres son violadas y otras tres mueren asesinadas.
Jefes ndebeles, en un acto en Johannesburgo, en 2009. Foto: Themba Hadebebe / AP
Las entidades en contra del proyecto alertan de que de aprobarse tal y como est¨¢ redactado ahora el borrador congelado, la Ley dar¨ªa cobertura legal a una justicia antidemocr¨¢tica que discrimina a las mujeres y perpet¨²a un sistema patriarcal que choca con los principios de la Constituci¨®n de 1994.Hay tambi¨¦n la lectura en clave racial. Un estudio de la Universidad de Ciudad del Cabo que firma la abogada Aninka Claassens destaca que, como suced¨ªa en el apartheid, se crear¨ªa un "doble sistema judicial" para negros. "Ser¨ªan ciudadanos de segunda", concluye. De hecho, la justicia tribal est¨¢ actualmente regulada por la Ley de Administraci¨®n Negra de 1927, en la Sud¨¢frica colonial y racista.
Manifestaci¨®n de homosexuales en contra de los l¨ªderes tribales por susdeclaraciones hom¨®fobas, en 2013. Fuente: Mamba
Claassens advierte de que se est¨¢n dando poderes "autocr¨¢ticos" a los l¨ªderes de las peque?as comunidades y se obliga a los vecinos a someterse a esa jurisdicci¨®n. Con el proyecto de ley, los tribunales tradicionales se equiparan a los ordinarios en algunos casos. Podr¨¢n juzgar robos, injurias, ataques contra la propiedad y conflictos civiles, aunque reserva para los jueces profesionales divorcios y custodias de menores. En cuanto a las condenas, se les proh¨ªbe expresamente castigos corporales, tratos "inhumanos" o detenciones pero se aceptan trabajos forzosos "para la comunidad". En este punto, la investigadora subraya el peligro de que el jefe tribal aplique la "costumbre" de obligar a la mujer a trabajar en sus campos. Adem¨¢s, se sobrepasa la Constituci¨®n cuando se limita al m¨¢ximo el derecho a apelaci¨®n, por lo que la pr¨¢ctica son tribunales de primera y ¨²ltima instancia y se excluye la asistencia de abogados en las causas.
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