Alaya fuerza el proceso

Si la juez Mercedes Alaya tiene indicios fundados de que tres cargos de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa de la Junta de Andaluc¨ªa cometieron delitos de los que han podido derivarse da?os al erario, puede tener sentido fijarles fianzas en concepto de responsabilidad civil. Sin embargo, la juez fuerza los l¨ªmites de su funci¨®n instructora al justificar las medidas cautelares en la ¡°probabilidad cierta¡± de que los tres sean condenados, entre ellos Magdalena ?lvarez, exconsejera de Econom¨ªa. Alaya toma decisiones en funci¨®n de una visi¨®n prospectiva que roza seriamente el principio de la presunci¨®n de inocencia, para sustituirlo por el de una hipot¨¦tica futura condena.

La funci¨®n del juez de instrucci¨®n no es juzgar ni adelantar juicios, sino investigar activamente el delito, con el debido cuidado hacia las garant¨ªas de los afectados. Sorprende, adem¨¢s, que haya esperado nueve meses para hacerlo, pese a que tiene imputada a ?lvarez desde el verano pasado; y lo hace ahora, cuando est¨¢ pendiente un recurso contra la imputaci¨®n. Es decir, toma severas medidas cautelares en funci¨®n de una decisi¨®n que no es firme.

M¨¢s all¨¢ de los problemas formales, llama la atenci¨®n el fondo del asunto. El tipo de indicios criminales aducidos por la instructora no se refiere a apropiaciones de dinero, sino a que Magdalena ?lvarez y su equipo son los dise?adores del mecanismo empleado para crear el fondo de los ERE, que la juez considera la clave de que se haya podido repartir dinero p¨²blico sin la debida fiscalizaci¨®n. De ser cierto, ser¨ªa un asunto en verdad grave. Sin ninguna duda. Pero si el m¨¦todo cuestionado se aplic¨® entre 2000 y 2011, como sostiene la instructora, no se entiende que reserve su dureza al equipo que estuvo en la Consejer¨ªa de Econom¨ªa solo hasta 2004. No ha dictado medidas contra los sucesores de ?lvarez, entre ellos Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, ni contra personas que desempe?aron otros cargos muy relacionados con la administraci¨®n del fondo de los ERE, y que ahora tienen fuero del Supremo. Si les considera implicados, Alaya est¨¢ obligada legalmente a inhibirse a favor del alto tribunal, en vez de dar la impresi¨®n de haber seleccionado a Magdalena ?lvarez como objetivo concreto.

La juez encamina sus pasos hacia la consideraci¨®n como delito de todo el procedimiento presupuestario de la Junta de Andaluc¨ªa, que los diputados del Parlamento andaluz habr¨ªan aprobado simplemente porque son ignorantes en la materia ¡ªcomo ella misma sugiere en su auto del 11 de marzo, cuando afirma que la complejidad del lenguaje presupuestario ¡°solo es accesible a expertos¡±¡ª. Hora es de que la justicia determine con fundamento lo que es delictivo y lo que no lo es; y que fije las responsabilidades pertinentes en un asunto objetivamente tan grave como es la desviaci¨®n de fondos p¨²blicos para fines distintos de los previstos.