Mantener la cabeza fr¨ªa

El Gobierno ha tenido que comprometerse a rectificar el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que en sus primeras versiones pretend¨ªa desequilibrar, a favor del poder gubernativo, la protecci¨®n de los derechos fundamentales inscritos en la Constituci¨®n. El Ministerio del Interior se hab¨ªa metido en un terreno resbaladizo para conferir amplios poderes a la polic¨ªa a la hora de identificar, cachear, inmovilizar a personas, disolver reuniones y manifestaciones, adem¨¢s de ensanchar desmesuradamente el cat¨¢logo de infracciones sancionables. Incluso hab¨ªa llegado hasta el extremo de considerar como ¡°colaboradores¡± a los vigilantes privados, pese a que la Constituci¨®n encomienda la seguridad ciudadana a las fuerzas de la seguridad p¨²blica.

Es verdad que Gobiernos de distinto signo pol¨ªtico han intentado ampliar el intervencionismo del Ejecutivo. Lo delicado de la materia en juego obliga a estudiar y elaborar con especial cuidado las reformas legales que afectan a derechos fundamentales. As¨ª lo ha sugerido el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno ha recogido el guante, aunque sin precisar la direcci¨®n que tomar¨¢n los cambios.

Es imposible desligar por completo esta pol¨¦mica de los episodios de violencia registrados en la v¨ªa p¨²blica. La ciudadan¨ªa entiende y exige que no se permitan actos vand¨¢licos como los protagonizados por minor¨ªas de exaltados tras manifestaciones pac¨ªficas. Las fuerzas de la Seguridad del Estado deben contar con informaci¨®n e instrumentos para evitarlos y reprimirlos sin mermar el derecho de los ciudadanos a expresar pac¨ªficamente su discrepancia y su cr¨ªtica, porque lo excepcional no puede convertirse en pretexto para generalizar una limitaci¨®n de las libertades por la v¨ªa de hecho.

En la estela de esas pol¨¦micas, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, ha tenido la ocurrencia de proponer el cierre del centro de Madrid a las manifestaciones. Y el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, ha valorado como ¡°muy atinado¡± circunscribir el derecho de manifestarse a un lugar espec¨ªfico. Afortunadamente hay personas que conservan la cabeza fr¨ªa dentro del Ejecutivo y la propia vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha salido r¨¢pidamente al paso de tales ideas: ni se ha reclamado informe jur¨ªdico alguno ni se est¨¢ trabajando en la direcci¨®n de limitar el derecho de manifestaci¨®n. Con toda l¨®gica. Apunta tambi¨¦n el razonable criterio de examinar con cuidado las autorizaciones en funci¨®n de los itinerarios y de las condiciones en que est¨¢ previsto reunirse, de forma que se reduzcan las molestias para otros ciudadanos.

La mayor¨ªa de las manifestaciones que se celebran en Espa?a son pac¨ªficas. Es importante que sus organizadores y participantes ejerzan sus derechos con la cabeza fr¨ªa. As¨ª debe ser para consolidar una l¨ªnea roja entre los que quieren protestar pac¨ªficamente y los que solo pretenden reventar salvajemente esos prop¨®sitos, atentando contra la libertad de todos.